Comunicado de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a la
atención de la opinión pública nacional e internacional a un año de la
aplicación de la sentencia:
Se celebra hoy el cumplimiento
de un año de la aplicación de la nefasta sentencia n. 168-13 con que Juliana Deguis y miles de compatriotas
dominicanos de ascendencia haitiana han sido vilmente despojados de su
ciudadanía y por ende de sus derechos civiles y políticos.
Desde ese día, la
sentencia 168-13 no solamente ha dejando
una mancha imborrable en la historia de las
violaciones de los derechos humanos en nuestro país, sino que lo ha cubierto de ridículo y de vergüenza ante la opinión
pública internacional.
Desde ese día un sinnúmero de
organizaciones internacionales han
visitado la República Dominicana llamando la atención a nuestro gobierno y a
nuestras instituciones sobre la aberración humana y jurídica que la sentencia representa: desde Amnistía
Internacional hasta las diferentes
agencias de las Naciones Unidas, desde la Unión Europea hasta la Corte
Interamericana de los Derechos Humanos, todas a la unanimidad han condenado la sentencia como violatoria
de todos los tratados internacionales en materia de derechos humanos
firmados y ratificados por la República Dominicana.
Nuestro gobierno y un sector
político minoritario pero muy influyente, perteneciente a la extrema derecha
xenófoba y racista, han reaccionado a estas críticas de forma arrogante y
altanera, no tomando debidamente en cuenta las graves repercusiones que tenía
sobre la imagen de nuestro país, pero más grave aún, no preocupándose de las consecuencias sobre la vida de miles de
ciudadanos que se han visto despojados de su nacionalidad, sin posibilidad
de terminar sus estudios, de abrir una cuenta bancaria, acceder a un préstamo,
alquilar una casa, ejercer el derecho al voto…
El Plan Nacional de
Regularización para extranjeros y la Ley n.
169-14 sobre “régimen especial y sobre naturalización” han representado
un tentativo para poner orden en una situación que se estaba escapando de las
manos al gobierno y a la clase dirigente del país. Sin embargo,
luego de haber denunciado junto a otras organizaciones defensoras de
derechos humanos, la absurdidad del hecho que personas nacidas en la República
Dominicanas y no declaradas tengan que
pasar por un proceso de naturalización migratoria para poder gozar de
su derecho constitucional a la nacionalidad, a la fecha no podemos
no denunciar que solamente una pequeña minoría ha podido acceder a la Ley
169-14 de hecho, apenas el 1% de todos
los que tienen derechos a recurrir a ella. Recordamos que el plazo era muy
breve, hoy en día faltan alrededor de 30 días para su vencimiento y a miles de ciudadanos la Junta Central
Electoral de forma muy arrogante y prepotente les sigue negando la expedición
de sus documentos.
A todo esto, por si fuera poco,
agregamos el acoso y la persecución a la
que es sometida la señora Juliana Deguis, a quien se le sigue violando su
derecho de denunciar un abuso que ha sufrido en su propia piel, antes negando
de haberlo cometido y luego presionándola respecto a su participación a un foro
internacional sobre apatridia. Condenamos también las amenazas y acusaciones
hacia la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados y hacia su
representante, el señor Gonzalo Vargas
Llosa a quien expresamos todo nuestro respaldo y solidaridad. Se trata de
una actitud, impulsada por nuestras autoridades, retrograda y peligrosa ya que calienta e
incita la opinión pública hacia sentimientos de odio racial e intolerancia que
no ayudan a la armonía social y civil de la que necesita el país.
Condenamos las declaraciones
hechas por funcionarios públicos por medio de la prensa,
según las cuales en el país “no hay apátridas”. Negar la violación de un derecho es como violarlo dos veces, además de que de esa forma se confunde y manipula de manera burda y
torpe la opinión pública dominicana.
Condenamos finalmente
además, el clima de violencia e
intolerancia que se está impulsando en el país, tanto desde las instituciones
públicas, cuanto desde el gobierno y cierta prensa nacional, clima que está llevando a una situación explosiva
en la que caben situaciones graves e inaceptables como la ocurrida el sábado
pasado en el sector 27 de Febrero donde un ciudadano haitiano ha sido ejecutado
en plena calle por dos efectivos de la Policía Nacional en el medio de un
operativo sin presuntamente ningún
motivo o causa aparente.
Desde la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos reiteramos nuestro firme e inquebrantable apoyo hacia
los miles de ciudadanos dominicanos de ascendencia haitiana, nuestros compatriotas, que se han visto negar sus derechos civiles y
políticos; hacia Juliana Deguis y
Gonzalo Vagas Llosa, frente a las
presiones recibidas; hacia todos los organismos internacionales de promoción y
defensa de los derechos humanos a quienes pedimos seguir acompañándonos en este difícil camino
de fortalecimiento del Estado de Derecho en nuestro país y en fin, hacia todos
los migrantes, legales e ilegales, con papeles o sin papeles, ya que nuestro
compromiso con la defensa de los derechos humanos nos obliga a tener como
último fin de nuestra labor la defensa del ser humano, independientemente de su condición social,
raza, religión y nacionalidad.
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