Lucha por Loma Miranda Parque Nacional

miércoles, 13 de noviembre de 2013

AVANZAN LOS PREPARATIVOS DEL XVI SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE “VIOLENCIA DE GÉNERO, DESNACIONALIZACIÓN Y DERECHOS HUMANOS”

Avanzan a buen ritmo los trabajos del XVI Seminario Internacional a efectuarse del 5 al 10 de diciembre del año en curso, con motivo de conmemorarse otro Aniversario más de haberse proclamado en el año 1948 la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Ya han confirmado su participación Vilma Núñez de CENIDH de Nicaragua, María Monserrat de Ecuador, una hija de los cinco cubanos presos en Estados Unidos y una delegación de Haití.  

El Seminario se iniciará el jueves 5 con una conferencia magistral sobre la desnacionalización a cargo de un experto en la materia, continuará del 6 al 8 en Bávaro Punta Cana y culminará el día 10  de diciembre, día Internacional de los Derechos Humanos con una ofrenda floral más la entrega del informe sobre la situación de los derechos humanos en R.D. en el monumento de Fray Antón a la 10:00 a.m. y a la 4:00 p.m. en el Colegio de Periodistas  entregaremos  las conclusiones del seminario, galardones y reconocimientos a personalidades.


Esperamos contar con el apoyo que siempre nos brindan, lo que ha hecho posible el éxito de los seminarios anteriores.           

Juan Almonte Herrera, un caso emblemático de desaparición forzada en República Dominicana

JUAN ALMONTE HERRERA, UN CASO EMBLEMÁTICO DE DESAPARICIÓN FORZADA EN REPÚBLICA DOMINICANA

El 28 de septiembre de 2009, Juan Almonte Herrera, de 50 años, de profesión contable, miembro del Comité Dominicano para la Defensa de los Derechos Humanos, vicepresidente del partido izquierdista del Movimiento de Unidad Dominicana (MUNDO),  según testigos oculares fue detenido por la Unidad  Anti-Secuestro de la Policía Nacional dominicana, mientras regresaba a su trabajo  en Santo Domingo.

Desde entonces, para la familia del reconocido político y activista  empezó una pesadilla que sigue hasta la fecha. Su esposa, sus siete hijos, su mamá y su hermana no se han cansado de buscarlo, tocando todas las puertas, dentro y fuera del país. Sin embargo  la única respuesta que han recibido por las autoridades dominicanas ha sido silencio y solo silencio.

Esa pesadilla la conocen y la condenan internacionalmente todos los organismos de defensa de derechos humanos y lleva el nombre de  desaparición forzada, o sea el «arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de la libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley» (artículo 2 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas). Desde 1983 además es considerada como un crimen contra la humanidad por la Organización de los Estados Americanos (OEA). Es, por lo tanto un crimen  imprescriptible y continuado, sin posibilidad de indulto o de amnistía.

Dos horas después de la detención del señor  Juan Almonte, el mismo jefe de la Policía Nacional en ese entonces, el general Rafael Guillermo Guzmán Fermín,  declaró en rueda de prensa  que el activista  era buscado por la policía en relación al secuestro de Eduardo Baldera Gómez, un joven de 19 años de edad que después de haber sido secuestrado por 22 días había logrado fugarse de sus raptores en circunstancias tan extrañas que dejaron dudas respecto a toda la historia del secuestro. Dudas nunca aclaradas.

Días después la Policía Nacional declaró Juan Almonte prófugo, y hasta la fecha ha mantenido esta postura, negada rotundamente por la familia.

Cabe señalar que además de Almonte, relativamente al secuestro Baldera Gómez, habían sido apresadas otras dos personas, ambas militantes de izquierda, vinculadas políticamente a Juan Almonte, o sea William de Jesús Checo y Cecilio Díaz, quienes fueron ejecutados por miembros de la Policía Nacional después de haber  sido apresados y esposados. En aquellos días decenas fueron las detenciones, entre las cuales la de la joven hija de Cecilio Díaz quien fue torturada y maltratada por la policía y los allanamientos sin ninguna orden judicial del Ministerio Publico. El mismo presidente del Comité Dominicano para la Defensa de los Derechos Humanos fue involucrado en el secuestro.

Justo este  año han empezado los juicios contra los cinco policías y un miembro de la Marina de Guerra acusados de ejecución extrajudicial en la muerte de William de Jesús Checo y Cecilio Díaz. La prensa había captado imágenes de los detenidos, vivos y esposados, en una camioneta de la policía. Horas después el jefe de la Policía Nacional declarò que había muerto en un “intercambio de disparos”.

Al  mismo tiempo, algunos días después de la desaparición de Juan Almonte, en sede judicial se trató de vincular al abogado Manuel María Mercedes, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en el mismo caso del secuestro.

Una  primera denuncia de Habeas Corpus fue  presentada por la familia el 30 de septiembre de 2009, algunos días después de  la desaparición,  logrando que  la Segunda Sala Penal del Distrito Nacional de Santo Domingo el 2 de octubre de ese mismo mes ordenara a las autoridades su inmediata liberación. Esa instancia además concluyo  que Almonte había sido detenido sin orden de juez competente. Fue entonces, dos días más tarde que la Policía Nacional lo declaró prófugo. 

La familia y los amigos denunciaron también hostigamientos de varias formas,  llamadas telefónicas amenazando que  dejaran de dar publicidad al caso, y vigilancia en las cercanías de sus habitaciones. La esposa de Juan Almonte, Ana Josefina Montilla  y sus hijos pidieron protección a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y  tuvieron que mudarse en Estados Unidos por seguridad personal.

A finales de  octubre de 2009, fueron encontrados dos cadáveres calcinados en un auto y la hermana de Juan Almonte pudo identificar en uno de ellos el cuerpo de su familiar. Sin embargo las pruebas del ADN realizadas, sobre las cuales hubo denuncia de irregularidades,  dieron resultado negativo.

¿Por qué desaparecer y ejecutar miembros de la izquierda dominicana y defensores de derechos  humanos?

Para poder entender el contexto político en que ocurren todos estos acontecimientos, el secuestro de Eduardo Baldera Gómez, la desaparición de Juan Almonte y la ejecución extrajudicial de los dos demás miembros del Movimiento de Unidad Dominicana (MUNDO) William de Jesús Checo y Cecilio Díaz, podemos hacer referencia en  las declaraciones entregadas por Genaro Rincón, abogado de Juan Almonte,  en la audiencia pública convocada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en San José de Costa Rica el 23 de febrero de 2012.

Los hechos ocurren, declara el abogado Genaro Rincón,  «en momentos en que el presidente de la República Dominicana (Leonel Fernández Reina, nda) es electo por tercera vez al mando del país  en mayo de 2008».

Explica Genaro Rincón que El Movimiento de Unidad Dominicana era  un partido de izquierda «que en aquellos días se había dedicado a trabajar en las comunidades en procura de organizar a grupos de personas para que exigieran reivindicaciones no cumplidas por el Estado dominicano».

Respecto a la figura de Juan Almonte aclara que el militante y político «desde enero del año 2009 hasta septiembre del año 2009, como responsable político de la región noroeste, hacía las acciones sociales en ese lugar y es ahí donde presuntamente secuestran al joven Eduardo Baldera Gómez que es la imputación que el estado  le realizó a él y otros miembros del Movimiento de Unidad Dominicana, el Comité Dominicano de Derechos Humanos y el movimiento Gregorio Luperón y otras organizaciones sociales».

Las manifestaciones habían tenido ya la acogencia de sectores sociales importantes como los  pequeños y medianos productores y medianos empresarios y comerciantes. «Es ahí que ya en septiembre de 2009 ocurre la situación del secuestro donde involucran varias personas y vinculan a todos con el movimiento social político alternativo de la Republica Dominicana» explica Genaro Rincón a los  miembros de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.

El abogado Genaro Rincón en esta ocasión,  pero también en reiteradas ocasiones en los medios dominicanos, ha denunciado públicamente las «responsabilidades» del entonces  presidente de la Republica Dominicana Leonel Fernández Reina, en «haber dado la orden en este asunto». La orden era precisamente la de «descabezar a todos los dirigentes del Movimiento de Unidad Dominicana». 

Amnesty International y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) han lanzado desde unos meses  una fuerte campaña de sensibilización a nivel nacional e internacional respecto al caso de Juan Almonte. El año pasado más de 40mil cartas de todo el mundo  han sido enviadas a las autoridades dominicanas pidiéndole: «¿Donde está Juan Almonte?».

En septiembre de este año una delegación de  Amnesty International, encabezada por el investigador Robin Guittard,  ha regresado al país para encontrarse con la esposa de Juan Almonte, Ana Montilla y las autoridades dominicanas para hacer el punto respecto a las investigaciones del caso. Lamentablemente «a pesar de los repetidos llamamientos realizados por organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos e incluso por al Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las autoridades dominicanas siguen negando su responsabilidad por la desaparición de Almonte».

El caso de Juan Almonte y la impunidad que lo rodea,  es emblemático de la gravísima situación que vive la Republica Dominicana respecto a las violaciones cometidas por la Policía Nacional - institución que necesita una importante y urgente reforma  - y que han sido recopiladas en el informe de Amnesty International del año 2011 «Cállate si no quieres que te matemos».

Santo Domingo, octubre de 2013
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)




CNDH JURAMENTA FILIAL 145

CNDH JURAMENTA FILIAL 145 CORRESPONDIENTE AL SECTOR DE GAZCUE, DISTRITO NACIONAL

Con la participación de comunitarios del sector de Gazcue del D.N. quedo constituida la filial No. 145 de este sector capitalino.

La asamblea de constitución estuvo presidida por el Presidente y el Vice-presidente los compañeros Manuel María Mercedes Medina y Jesús Adón quienes señalaron los trabajos constitutivos de la filial.

La filial no.145 correspondiente al sector de Gazcue del D.N. quedo integrada por los señores: Sonario Lobrado (Presidente), Marizol Then (Vice-presidenta.), Milagro Perera (Sec.General.),  Jhoy Pérez (Sec. Organización),  Fredy Amador Félix (Sec. De prensa y comunicaciones), Casamiro Trinal (Finanzas), William Pérez (Acta y Correspondencia), y como 1er. y 2do. Vocales los compañeros Jolvis Martínez y Carlos Ramón Reyes.   

La juramentación fue realizada por el presidente nacional de la CNDH, Dr. Manuel María Mercedes Medina, que exhorto a los juramentados luchar por defender y promocionar los Derechos Humanos desde la perspectiva de los DESC, de igual  como que rescatar lo que queda del sector de Gazcue.

El presidente juramentado se comprometió ante los presentes a trabajar en defensa de los derechos humanos y muy especiales de los derechos de los Ciudadanos del sector de Gazcue.

martes, 29 de octubre de 2013

DOCUMENTO DE APOYO AL INCREMENTO DEL PRESUPUESTO PARA 
EL PODER JUDICIAL

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos de la República dominicana llama la atención del Congreso Nacional y del Presidente de la República para que tomen en sus manos el reclamo que están realizando los Jueces de la República y el mismo Presidente del Consejo del Poder Judicial Dr. Mariano Germán en procura de que se aumente para el año 2014 la asignación presupuestaria a ese Poder del Estado, dado a que resulta insostenible el impartir justicia con las precariedades y necesidades del sistema en sentido general.

Apoyamos todo tipo de acción o lucha que esté encaminada a hacer valer la Ley 194-04 sobre la asignación del 2.66% del Presupuesto Nacional para el Poder Judicial,  el no cumplimiento de esta Ley pone en evidencia una vez más la fragilidad del Estado de Derechos en nuestro país, lo cual empuja al deterioro en la administración de justicia y la necesaria credibilidad de la misma para garantizar la paz social. “Se observan signos preocupantes del deterioro del Sector Justicia  en cuanto al cumplimiento de su misión de que esta sea oportuna, accesible, creíble y con total independencia económica tanto interna como externa”.

Es evidente que la principal piedra angular en la administración de justicia, los Jueces, han visto mermar sus condiciones de vida al reducirse el salario real como resultado del incremento de la inflación o costo de la vida en los últimos 10 años sin que los sueldos hayan sido ajustados a esta realidad económica actual que se nos  ha impuesto a todos  para con ello reponer su capacidad de compra y la calidad  de vida, lo cual de no entenderlo puede atraer tentaciones de corrupción; además esa disminución de la calidad de vida no pone a un Juzgador en las mejores condiciones de administrar justicia con equidad y seriedad.

Mientras el Poder Ejecutivo y Legislativo aumentan años tras años sus asignaciones presupuestaria, en el caso del Poder Judicial esta asignación medida en términos porcentual (%) a disminuido en los últimos 10 años,  veamos 1997-2012:  1.33, 1.84, 1.84, 1.79, 1.90, 1.92, 1.88, 1.70, 1.53, 2.04, 1.73, 1.69, 1.67, 1.55, 1.28, 1.27. Esto confirma la ley del embudo y el cuestionamiento de ¿Para quién se legisla y con qué fines?

Dr. Manuel María Mercedes Medina
Presidente Nacional de la CNDH.

SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL.-
29 DE OCTUBRE DEL AÑO 2013.


miércoles, 16 de octubre de 2013

RESOLUCIONES GENERALES

1er Congreso Nacional de Derechos Humanos

RESOLUCIÓN ESPECIAL

En reconocimiento a sus Méritos académicos y científicos; políticos y humanistas; y de su condición de luchador incansable por las libertades públicas, los derechos democráticos, el bienestar general y la soberanía del pueblo dominicano, y los de otros países;

En atención a que  fuera uno de los más distinguidos Presidentes de la antigua Unión Dominicana de los Derechos Humanos, UDDHU;

 El Primer Congreso Nacional de los Derechos Humanos, adopta la Resolución Especial siguiente:

1ro.- Dedicar sus trabajos a la Memoria y en Homenaje al Dr. Guarocuya  Batista del Villar;

2do.- Inscribir todos los acuerdos adoptados como Resoluciones del Primer Congreso “Dr. Guarocuya Batista del Villar”  de  los Derechos Humanos;

3ro.- Instituir el Galardón Dr. Guarocuya Batista del Villar, para premiar cada año a un profesional de la medicina, que en su ejercicio muestre una vocación social de servicio al pueblo, de patriotismo y empeño en promover el desarrollo de la  ciencia.  Entregar este Galardón el 10 de diciembre de cada año, en ocasión de la conmemoración del Aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Primer Congreso Nacional  de los Derechos Humanos

Dado en Santo Domingo de Guzmán; República Dominicana, el día 13 de octubre del año 2013.


RESOLUCIÓN

Rechazamos la Corrupción y la Impunidad y llamamos al Gobierno a Castigarla
El Primer Congreso Nacional de los Derechos Humanos considera que la Corrupción y la Impunidad constituyen una pareja inseparable,  que ha hecho daños al desarrollo dominicano y ha provocado afecciones al proceso democrático y a la moral colectiva.

Ha dañado el desarrollo, porque miles de millones de pesos han ido a parar a cuentas particulares de funcionarios públicos y privados o testaferros de estos, cuando debieron ser dedicados a combatir la pobreza, financiar la educación, la salud, la producción nacional, especialmente a las PYMES.

Ha afectado el proceso democrático, porque ha desacreditado las instituciones públicas, que al no administrar bien los recursos del pueblo y no castigar debidamente a los que se han apropiado de parte de los mismos, se han ganado la desconfianza de la ciudadanía; y no puede concebirse la democracia sin instituciones públicas creíbles, eficientes y eficaces.

Ha lacerado de manera sensible la moral colectiva, porque cuando no se castiga de manera ejemplar a los corruptos, se está enviando a la sociedad el mal mensaje de que se puede hacer riqueza mal habida, sin el temor de ser castigado, abriendo así las compuertas para las malas artes en el manejo de los recursos públicos y  privados.

En base a estas consideraciones, el Primer Congreso Nacional de los Derechos Humanos, aprueba las Resoluciones siguientes:

1.-Presentar ante el Presidente de la República un listado de hechos cometidos por funcionarios públicos de anteriores gestiones pasibles de ser sancionados de manera ejemplar por la Justicia, y que por tanto deben ser investigados por el Ministerio Público;
2.-Entregar esta documentación en el Foro sobre la Corrupción que organiza la Organización de las Naciones Unidas, ONU, y que se celebrará en la ciudad de Panamá, en Panamá; en el mes de noviembre del corriente año;
3.-Diligenciar la constitución de un Equipo Multidiciplinario de Alta Calificación Técnica y Moral, e independiente del Estado y los Partidos Políticos, para que audite obras públicas en varios municipios que han sido señaladas por el rumor público de haber sido sobrevaloradas, a fin de que se confirme o no la veracidad del mismo, y se pueda proceder en consecuencia;
4.-Apoyar los Tribunales Populares que por iniciativa de ciudadanos y ciudadanas se organizan en municipios y barrios para conocer y juzgar los actos de corrupción en los fondos públicos que sean detectados;
5.-Aportar ideas y pruebas para la presentación de un Proyecto de Ley ante el Congreso Nacional para la Recuperación de los Bienes Públicos en Manos de Particulares.

Dado en Santo Domingo de Guzmán, República Dominicana; el 13 de octubre del año 2013.


RESOLUCIÓN ESPECIAL

Correspondiendo al clamor creciente de hombres y mujeres defensores de las libertades públicas y promotores de la solidaridad humana;  que en todas partes del planeta reclaman la inmediata puesta en libertad de los Cinco Héroes Cubanos, presos en cárceles norteamericanas;


Reconociendo que estos Cinco Héroes dieron sobradas muestras de humanismo y de defensa incondicional al derecho a la vida de millones de personas al combatir de manera resuelta al terrorismo;

El Primer Congreso Nacional de los Derechos Humanos, adopta la Resolución Especial siguiente:

1ro.- Reconocer a  Antonio Guerrero Rodríguez, Fernando González LlortGerardo Hernández Nordelo, Ramón Labañino SalazarRené González Sehwerert,  como defensores ejemplares de los derechos humanos;
2do. Solicitar de manera formal mediante carta dirigida al presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, señor Barack Obama, que disponga de sus facultades constitucionales y otorgue una Amnistía que ponga en libertad a esos cinco héroes, antiterroristas;
3ro. Honrar a esos Cinco Héroes, con la entrega del Galardón de Defensores de los Derechos Humanos, en el grado “Fray Antón de Montesinos”; en un acto especial que deberá llevarse a cabo el próximo 10 de diciembre, para el cual se invitará a sus familiares o relacionados, si es que a la fecha todavía guardan prisión y no pudieran recibirlos personalmente.
  
RESOLUCIÓN ESPECIAL

Exigimos un aumento general de salarios para el sector público que incluya a todos sus servidores, técnicos, profesionales, personal de apoyo, militares y policías.

El Primer Congreso Nacional de los Derechos Humanos considera que los salarios que devengan los trabajadores del sector público y privado no alcanza para dar respuestas a los requerimientos de una familia de cuatro personas, lo que devenga un trabajador no alcanza ni para comer adecuadamente una vez al día, a esto hay que agregarle los servicios de transporte, energía eléctrica, salud, educación, vestimenta, entre otros requerimientos.

A pesar de la carga impositiva que se ha depositado en los hombros de los sectores de menos ingresos, con la cual el gobierno ha recaudado miles de millones de pesos, los cuales han ido a parar al pago de la deuda externa que no se sabe en que se invirtió, al pago a los suplidores de energía eléctrica, que todos conocemos como una de las mafias más grandes existentes en el país y al subsidio de los combustibles a empresas multinacionales y de empresarios dominicanos.

Esta situación ha  agravado la vida de millones de dominicanos, que ven disminuir sus condiciones de vida, mientras un grupito se ceba de las riquezas nacionales a costa de las penurias y vicisitudes de las grandes mayorías, exhibiendo grandes ganancias, que van a parar a sus arcas personales.

En base a estas consideraciones, el Primer Congreso Nacional de los Derechos Humanos, aprueba las Resolución siguiente:

1.- Exigir del poder ejecutivo la declaratoria de un aumento general de salarios de un 50% que abarque a todos los trabajadores de la administración pública, incluyendo a militares y policías.
2.- Hacer causa común con los diferentes sectores organizados de la administración pública, hasta conseguir el anhelado aumento general de salarios para todos los empleados públicos.

RESOLUCIÓN ESPECIAL

Loma Miranda Parque Nacional

Correspondiendo al sentir creciente de hombres y mujeres defensores de los Recursos Naturales y el Medio Ambiente;  que en todo el país y muy puntualmente en las provincias de Monseñor Nouel y La Vega, reclaman protección de Loma Miranda, con la designación como área protegida.

Reconociendo la voluntad y decisión de los dominicanos de defender su patrimonio ambiental y las riquezas nacionales del saqueo de las multinacionales y los cómplices locales que por beneficios personales han enajenado el patrimonio público.

El Primer Congreso Nacional de los Derechos Humanos, adopta la Resolución Especial siguiente:

1ro.- Respaldar la declaratoria de Loma Miranda como área protegida, pasando a formar parte del Sistema Nacional de Areas Protegidas, que según la Constitución estas constituyen bienes patrimoniales de la Nación y son inalienables, inembargables e imprescriptibles.
2do. Solicitar de manera formal mediante carta dirigida al presidente del Senado de la República su aprobación como Parque Nacional.


RESOLUCIÓN ESPECIAL

Resolución sobre “El Derecho a la Vivienda Adecuada y Cero Desalojo en 
República Dominicana”

Vistas, la Declaración de Los Derechos Humanos de la ONU en su Artículo 25 establece el Derecho a la Vivienda Adecuada, el artículo 11.1 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, ambos ratificados por el Estado Dominicano.

Vitas las Observaciones IV y VII del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU que especifican lo que se considera por Vivienda Adecuada y tipifica los desalojos forzosos como una violación de derechos humanos.

Vita la Constitución de la República Dominicana en sus articulo No. 59 que establece el Derecho a la Vivienda Digna para todos los dominicanos y dominicanas y el compromiso del Estado a garantizar ese derecho; el artículo 51 que establece la función social de la propiedad, ampliando el concepto considerando como propiedad la comunal, cooperativa e incluso la de ocupación.

Vistos los artículos del 250-252 de la iniciativa del Congreso Nacional de modificación del Código Penal que de ser aprobado se estima entre un 50 a un 75% de familias, solo en la Provincia Santo Domingo y el Distrito Nacional quedarían en estado de criminalización al no poseer títulos del suelo.

Considerando, que en República Dominicana, existe una población estimada en algunos estudios en más de un 50% de sus habitantes las cuales han construido sus viviendas en terrenos reclamada su propiedad por sectores privados o el propio Estado.

Considerando que la constante práctica de los desalojos forzosos de comunidades establecidas por muchos años el país es el indicador más importante de Violación al Derecho Humano a la Vivienda Adecuada en la República Dominicana, el Primer Congreso de los Derechos Humanos,

Resolución No. 1. Llamar al Estado Dominicano a respetar y hacer respetar el Derecho Humano a la Vivienda Adecuada, declarando de alta prioridad la creación de un Fondo Nacional para la titulación de las familias de bajos ingresos que han construido sus viviendas en terrenos reclamados por sectores privados o por el Estado.
Resolución No. 2. Reclamar del Estado no promulgar la reforma del Código Penal y sus artículos del 250-252, y suspender los desalojos forzosos de las familias establecidas en comunidades rurales y barrios urbanos mientras se toman las iniciativas que permitan la titulación.
Resolución No. 3. Demandar del Estado facilitar el financiamiento a las familias organizadas en cooperativas y organizaciones comunales para adquirir el suelo, mejorar o construir sus viviendas.
Resolución No. 4. El Primer Congreso de los Derechos Humanos solicita a la CNDH abrir una Oficina de asesoría permanente a las comunidades y organizaciones que reclaman “Derecho a la Vivienda Adecuada y Cero Desalojos.”

RESOLUCION

Por un San Pedro de Macorís Libre de Contaminación

El Primer Congreso Nacional de los Derechos Humanos hace suya la preocupación y las protestas que  organizaciones sociales, comunitarias, así como profesionales y personalidades de la provincia de San Pedro de Macorís, han venido externando por diversos medios, respecto a la carga de contaminantes que muchas empresas han venido creando durante muchos años, lo que ha afectado a la salud y al medioambiente.

Unas ocho (8) empresas, dedicadas a actividades productivas distintas, depositan sustancias que dañan a la salud humana y al medioambiente en el aire, en ríos y terrenos, haciendo de la provincia de San Pedro de Macorís un lugar cada vez más inhóspito.

Ya la carga de contaminantes es insoportable, y se prevé un aumento extraordinario de la misma cuando la empresa de Cemento Panam, localizada en la comunidad de Gautier en el Municipio de Los Llanos, comience a operar una segunda fase de su desarrollo previsto.

Esta Cementera Panam, es propiedad del grupo Acero Estrella, el mismo que quiso instalarse en Los Haitises y fue impedido por la lucha nacional que opuso resistencia al daño que haría a esa localidad y al país.

Hoy, con la benevolencia del Poder del Estado, se ha instalado en un área de donde se abastece de agua potable a una subregión que comprende desde San Pedro de Macorís hasta el Municipio Santo Domingo Este, y donde están localizadas empresas vinculadas al turismo, en las que cientos de familias se ganan la vida.

Informes confiables dan cuenta de que Cemento Panam se aboca a instalar un horno más potente para la producción, el cual por si solo contaminaría más que todas las empresas ya instaladas.

En atención a esta problemática sentida por el pueblo de la provincia de San Pedro de Macorís, el Primer Congreso Nacional de los Derechos Humanos, adopta las resoluciones siguientes:

1ro.- Respaldar a la Unión de Juntas de Vecino,  en su lucha por lograr un “San Pedro de Macorís libre de Contaminación”;
2do.- Encargar a la Junta Directiva de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a dirigirse de manera formal por ante los gobiernos municipales de la provincia, para reclamarle hacer uso de sus atribuciones legales y políticas, y pongan fin a la contaminación que provocan las señalas empresas, que afecta a la vida de las personas y al medioambiente;
3ro.- Encargar a la Junta Directiva a que siga acompañando a los activistas sociales de la comunidad de Gautier que se han opuesto a que la Cementera Panam siga dañando el medioambiente de su entorno; al tiempo que le encomienda desarrollar iniciativas que contribuyan a educar a la población sobre el daño y el peligro que constituye la actividad de esa empresa en el lugar en que se ha instalado.


RESOLUCION

 CONSIDERANDO: Que el Tribunal Superior Electoral es un órgano de carácter constitucional, creado por la Constitución de la República Dominicana proclamada el 26 de enero del año 2010, mediante sus artículos 214 y 215, cuya competencia fundamental es juzgar y decidir con carácter definitivo sobre los asuntos contenciosos  electorales y estatuir sobre los diferendos que surjan a lo interno de los partidos, agrupaciones,  movimientos políticos o entre estos;
CONSIDERANDO: Que si bien la creación de este instrumento contencioso electoral constituye un elemento progresista en el proceso de desarrollo democrático del país, su conformación y posterior comportamiento de sus jueces, lo han convertido, en los hechos, en un elemento negador de su esencia y de los propósitos que han debido guiarlo;
CONSIDERANDO: Que nadie, en la República Dominicana, ignora que la designación de los jueces del referido tribunal fue producto de una inicua negociación entre dos dirigentes políticos, uno del partido de gobierno, el Dr. Leonel Fernández, entonces presidente de la República  y el otro el Ing. Miguel Octavio Vargas M. presidente del “opositor” PRD; lo que dio lugar a que los cinco jueces titulares sean cinco representantes de ambos dirigentes, en la proporción formal y explicita de cuatro del gobierno y uno del mal llamado opositor PRD ;
CONSIDERANDO: Que el Tribunal Superior Electoral, cuando los conflictos que ha manejado competen al PRD, ha revelado una manifiesta inclinación hacia los fines que favorecen a Vargas Maldonado, evidenciando complicidad para disminuir este partido, lo que a la larga haría prevalecer un partido único en la R.D., en desmedro de la costosa y precaria democracia lograda por el pueblo dominicano a fuerza de sudor y sangre.
CONSIDERANDO: Que esta conducta a la vez que socialmente mancilla la democracia, en lo particular violenta la garantía a los derechos fundamentales de los individuos, algunas de ellas consagradas en el Art. 69 de la Constitución de la Rep. Dom. tal  como son la garantía a  una justicia accesible y oportuna y al respeto a las normas del debido proceso,  la oportunidad de los individuos de ser juzgados conforme a  leyes preexistentes, con observación de las formalidades propias de cada juicio, por jueces independientes e imparciales y la observación de plazos razonables y no discriminatorios; garantías que, conforme a la carta magna de la nación, deberán ser aplicables a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.

En consideración a todo lo antes expuesto, esta Comisión Nacional de Derechos Humanos, Resuelve:
PRIMERO: declarar, como en efecto declara que el Tribunal Superior Electoral de la Rep. Dom. Ha sido conformado, en cuanto a la designación de sus jueces, en violación a principios éticos de la convivencia política democrática y civilizada
SEGUNDO: Declarar, como en efecto declara, que el Tribunal Superior Electoral actúa de espalda al respeto de las garantías que deben servir de guía a toda jurisdicción independiente e imparcial así como con arbitrariedad manifiesta.
TERCERO: Condenar, la conducta seguida por ese tribunal, por ser violatoria en muchas de sus decisiones de los derechos humanos de los justiciables.

Dada en la ciudad de Santo Domingo a los diez y seis días del mes de octubre del año 2013.


RESOLUCIONES ESPECIALES

Numero de Sentencia 168-2013 de fecha 23  de Sept. de 2013

CONSIDERANDO:      Que con esta sentencia se dejan miles de dominicanos de ascendencia Haitiana sin Nacionalidad pasando hacer apátridas;

CONSIDERANDO: Que con esta sentencia se violan derechos fundamentales y Constitucionales a Dominicanos de ascendencia Haitiana y de otras Nacionalidades que han sido protegidos por todas las Constituciones del País, incluyendo la actual del 26 de Enero de 2010;

CONSIDERANDO: Que dicha sentencia rompe con la diversidad cultural del Pueblo Dominicano;

CONSIDERANDO: Que la sentencia del Tribunal Constitucional violenta aproximadamente diez articulados de la Constitución de 2010;

CONSIDERANDO: Que la sentencia indicada expresa todo el odio y la xenofobia que algunos sectores tienen contra el pueblo Haitiano;

CONSIDERANDO: Que con esta sentencia el Tribunal Constitucional hace un genocidio civil al dejar a miles y miles de Dominicanos de ascendencia Haitiana y de otras Nacionalidades;

CONSIDERANDO: Que la sentencia en cuestión esta viciada por la visión Balaguerista –Trujilllista respecto a los hermanos Haitianos;

CONSIDERANDO: Que con esta sentencia se afecta el Estado de Derecho y la eguridad Jurídica;

CONSIDERANDO: Que el Tribunal Constitucional con su injusta, inconveniente,  irracional e inadecuada interpretación toma a Nacionales como inmigrantes cambiándole por completo su status  de dominicanos;

CONSIDERANDO: Que el Tribunal Constitucional con su decisión eminentemente política trata de destruir el ideal de justicia social y choca con el sentimiento de hermandad que mayoritariamente sentimos los dominicanos hacia el Pueblo Haitiano.

En atención a estos considerandos el 1er Congreso Nacional por el disfrute pleno de los derechos resuelve lo siguiente:

PRIMERO: RECHAZAR como efecto rechaza la sentencia num. 168-2013 dictada en fecha 23 de Septiembre de 2013 dictada por el Tribunal Constitucional de la Republica Dominicana;

SEGUNDO: HACER UN LLAMADO al Estado Dominicano a fin de que se abstenga de ejecutar cualquier disposición que desfavorezca los derechos adquiridos  de los dominicanos de ascendencia Haitiana y cualquier otra Nacionalidad;

TERCERO: INVITAR al pueblo dominicano a expresar por cualquier medio posible su SOLIDARIDAD con las personas afectadas por esta sentencia y movilizarnos contra la misma.


Dada, en la Ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana a los 13 días del mes Octubre de 2013.  

CON IMPORTANTES RESOLUCIONES CULMINA EXITOSAMENTE 1ER CONGRESO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS


Con la participación de más de novecientos delegados/as de todo el país culmino exitosamente el 1er Congreso Nacional de Derechos Humanos efectuado el pasado domingo 13 de octubre del año 2013 en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, (UASD).

Este congreso consto con delegaciones nacionales e internacionales tal como estaba previsto a desarrollarse, dentro de las delegaciones nacionales cabe destacar que estuvieron presente las treinta y dos (32) Provincias y más de cien (100) Municipios, lo que constituyo un hecho sin presentarse en la historia de los derechos Humanos en la Republica Dominicana.

Contamos con la presencia de Juliana Deguis,  efectuada  por la sentencia No. 168/13 del 26 Septiembre  del Tribunal Constitucional, la esposa viuda de Mauricio Báez, al igual que la Dra. Margarita Castro Dipre esposa de Dr. Guarocuya Batista, luchador hasta su muerte de los derechos humanos.

Otro elemento a destacar es la presencia de por primera vez de la Federación Internacional de los Derechos Humanos(FIDH) en el país a través de su Secretario General Pierre Esperance quien se pronuncio durante el desarrollo del 1er Congreso Nacional de Derechos Humanos.

Este evento consto con la presencia de 800 delegados/as de todo el país al igual que internacionales.

Las resoluciones del 1er congreso serán publicada al igual que el documento base que plantea como convertir a la CNDH  en una organización amplia y de masa que revindique la integridad de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales, Deportivos y medios Ambientales, a través de la prensa nacional, nuestro periódico Digital FrayAnton.com y se publicara un folleto sobre el proceso del congreso junto a las resoluciones del mismo.

Tarde o temprano, todo llega. Muy agradecidos y orgullosos a la vez, de haber contado con un equipo tan bueno y brillante, en el gran sentido de la palabra. Empieza un nuevo reto para el desarrollo y organización de la CNDH. Mientras tanto a seguir disfrutando de lo que hacemos por el disfrute pleno de los derechos. Muchas FELICIDADES a todo el equipo de STAFF y a la Comisión Organizadora del "1er Congreso Nacional de los Derechos Humanos".
  
DERECHOS HUMANOS DEMANDA PRIORIZAR
ALIMENTACIÓN SALUD, EDUCACIÓN, Y VIVIENDA

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) demandó del gobierno y del presidente Danilo Medina priorizar políticas públicas que den respuesta inmediata a los problemas básicos de la población, como son alimentación, salud, educación y vivienda.

El presidente de la CNDH, doctor Manuel María Mercedes, explicó que miles de dominicanos se acuestan todos los días sin comer, mientras el dinero se derrocha en francachelas de funcionarios del gobierno, en el pago a las mafias que manejan la energía eléctrica, la asignación de combustible subsidiado a empresarios y mafiosos, y en la promoción política de los personeros del gobierno.
Destacó el desastre que presenta el sistema de Salud Pública, con hospitales deteriorados, faltas de higiene, sin medicamentos para los pacientes, médicos y enfermeras con bajos salarios que no le permiten cubrir las necesidades básicas de sus familiares, lo que va en detrimento de los pacientes pobres que son quienes acuden a estos centros sanitarios.

Qué decir de los maestros y alumnos, que siguen padeciendo los mismos problemas que por años han sufrido, sobrepoblación en las aulas, condiciones paupérrimas en sus vidas, sin tener acceso a la tecnología, a pesar de haber designado el 4% del Producto Interno Bruto a la educación pre-universitaria, observó.
El presidente de la CNDH dijo que las comunidades no cuentan con centros deportivos y culturales para la recreación de los jóvenes y el disfrute del ocio de los diferentes sectores sociales, mientras el gobierno reduce los aportes a bibliotecas y centros culturales existentes condenando a los dominicanos al oscurantismo y la dedicación a actividades no productivas para la sociedad.
Señaló que mientras el déficit de viviendas se incrementa cada año, sin que el Gobierno implemente políticas de viviendas que facilite el acceso a ellas a los trabajadores públicos y los pobres de las diferentes provincias, miles de dominicanos viven en casas inadecuadas, amontonados a orillas de ríos, arroyos y cañadas, lugares considerados como vulnerables.

Declaró que la inexistencia de agua potable en el país, expone a los dominicanos a enfermedades infectocontagiosas y los problemas ambientales ocasionados por la deforestación, la degradación de las cuencas hidrográficas, producto de la extracción indiscriminada de agregados.

Condenó las redadas policiales, las cuales violentan el libre tránsito, el fichaje de los ciudadanos, sin ser condenados por la justicia, la actuación de la Dirección de Control de Drogas, con apresamientos ilegales y acusaciones sin fundamento a ciudadanos que no están vinculados a este crimen, en violación de los derechos fundamentes del ser humano, mientras la Procuraduría General de la República se hace cómplice de esas violaciones.

Mercedes explico que para la realización del Primer Congreso Nacional de Derechos Humanos la  CNDH realizaron 8 pre congresos que abarcaron todas las provincias del país donde se expusieron todas estas demandas.