Lucha por Loma Miranda Parque Nacional

martes, 10 de abril de 2012

NOTA DE PRENSA

La filial de La Romana de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos denuncia los graves hechos ocurridos en estos días  en la cárcel Santa Rosa de Lima de La Romana.

Informamos que el día 25 de marzo, domingo,  en una riña por motivos de prestaciones sexuales  de una prostituta que ejercía su profesión en la misma cárcel, resultó fallecido por varias estocadas el joven Ramón Narciso Valera Germán mientras otros tres  resultaron heridos. 

En la tarde de ayer, miércoles 28 de marzo, murió por una puñalada en el corazón Cesar Rocelito José de 23 años.  Una requisa en el mismo penal permitió incautar un gran número de armas blancas, droga y grandes cantidades de dinero. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos denuncia este tráfico de drogas, armas, dinero y hasta de mujeres por explotación sexual sin que sea tomada ninguna medida necesaria para enfrentarlo. 

Recordamos que apenas hace un año un  motín en la misma fortaleza Santa Rosa de Lima dejo un saldo de un muerto y cinco heridos, entre ellos dos miembros del cuerpo de bomberos.

El presidente de la filial  de La Romana de la  Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Sr. Rafael Ureña pudo en el día de hoy conversar con los  presos representantes de las  celdas del penal,  recibiendo sus quejas por lo que concierne las condiciones infrahumanas en las que se encuentran detenidos, las terribles condiciones higiénicas y hasta la escasez alimentaria que padecen. El Sr. Ureña pudo averiguar con sus propios ojos que las denuncias que hacen los presos corresponden a la realidad y que es la de una situación  que desde la Comisión Nacional de los Derechos Humanos  definimos como de una “bomba de tiempo”.

Los reclusos denunciaron además los traslados injustificados y sin preavisos de presos con destinos muy lejanos de la ciudad de La Romana con el intento y el objetivo de dificultar sus relaciones familiares.

Al respecto, desde la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, filial de La Romana responsabilizamos el Director General de Prisiones   Mario Acosta por cualquier hecho de mayor gravedad que pueda ocurrir en las próximas horas en consecuencia de traslados injustificados de presos.

Denunciamos además la  grave situación de hacinamiento del penal. Mientras su efectiva capacidad es por  180 presos en la realidad en la “fortaleza” de La Romana  se encuentran alrededor de 700 internos, la  mayoría detenidos por  delitos comunes y de menor gravedad cuyas medidas  cautelares pudieran ser  diferentes.

Instamos a las autoridades competentes que terminen lo más pronto posible la construcción de la nueva cárcel modelo de La  Romana en la sección  Cucama.

Instamos a la Fiscalía de La Romana,  en la persona del fiscal José Antonio Polanco Gómez mayor atención a la situación ya que  ha sido propio  la falta de una buena administración de justicia que ha llevado a que la población carcelaria aumente en forma desproporcionada en la cárcel de La Romana.
En los próximos días la Comisión Nacional de los Derechos  Humanos, filial de La Romana realizará una visita a la fortaleza con el objetivo de darle seguimiento a la situación.

Denuncias de cuanto ocurrido  respecto a la grave situación de  hacinamiento en que se encuentran  los presos de La Romana se están tramitando a las organizaciones internacionales de defensa de los  Derechos Humanos.

La Romana,
29 de marzo del año 2012

martes, 3 de abril de 2012

LA CIDH CONDENA AL ESTADO DOMINICANO POR DESAPARICIÓN NARCISAZO

SD. La Corte Interamericana de los Derechos Humanos condenó al Estado dominicano al pago de una indemnización de US$395,000, equivalentes a más de RD$15 millones, tras ser hallado culpable de la desaparición forzada y consiguientemente por la violación de los derechos a la libertad personal, a la integridad personal, a la vida y al reconocimiento de la personalidad jurídica, en perjuicio del profesor universitario Narciso González (Narcisazo), ocurrida el 26 de mayo de 1994.

La Corte fijó en la cantidad de US$50,000 por concepto de ingresos dejados de percibir por el señor González Medina. La mitad de dicha cantidad deberá ser entregada a Luz Altagracia Ramírez, y la otra mitad deberá ser repartida en partes iguales, entre los hijos de Narcisazo, Ernesto, Rhina Yokasta, Jennie Rosanna y Amaury González Ramírez. Dicho monto deberá ser pagado en el plazo de un año, contado a partir de la notificación de esta Sentencia.

Considera que las acciones y gestiones realizadas por los familiares del desaparecido para localizarlo generaron gastos que deben ser considerados como daño emergente.

Fija la cantidad de US$20,000 por concepto de daño emergente, la cual deberá ser entregada a Luz Altagracia Ramírez para que la distribuya conforme corresponda de acuerdo a los gastos que hubieren sido asumidos por sus hijos.

La Corte estima pertinente fijar la cantidad de US$80,000 a favor de Narcisazo, como indemnización por concepto de daño inmaterial.

A su vez, por el mismo concepto, el tribunal fija la indemnización de US$50,000 a favor Ramírez, así como US$40,000, para cada uno de los hijos, "ya que se han comprobado las afectaciones a la integridad personal de éstos, sufridas a consecuencia de los hechos del presente caso, así como sus esfuerzos para dar con el paradero de su esposo y padre, respectivamente".

En cuanto a las costas y gastos, determina que el Estado debe entregar por ese concepto US$ 3,200 a favor de Ramírez US$15,000 a la organización civil "Comisión de la Verdad", y US$15,000 en beneficio del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).

"En la etapa de supervisión de cumplimiento de la presente Sentencia, la Corte podrá disponer el reembolso por parte del Estado a las víctimas o sus representantes de gastos posteriores razonables y debidamente comprobados".

En razón de las violaciones declaradas, ordena al Estado el reintegro al Fondo de Asistencia Legal del Sistema Interamericano de Derechos Humanos US$2,219,48 por concepto de gastos realizados para la presentación de las declaraciones de una presunta víctima y de un testigo en la audiencia pública del caso.

Dispone que el Estado debe continuar y realizar las investigaciones y procesos necesarios, en un plazo razonable, con el fin de establecer la verdad de los hechos, así como de determinar y, en su caso, sancionar a los responsables de la desaparición forzada de Narciso González Medina.

 LA REPÚBLICA DOMINICANA DEBE INVESTIGAR TODAS LAS DESAPARICIONES FORZADAS

La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra la República Dominicana por la desaparición forzada del periodista Narciso González Medina en 1994 debe incentivar a las autoridades a investigar todos los casos de desaparición forzada en el país, dijo hoy Amnistía Internacional.

La sentencia ordena al Estado dominicano a seguir investigando la desaparición de Narciso con el fin de establecer la verdad de lo hechos y sancionar a los responsables.

“Un buen primer paso hacia la justicia en la República Dominicana sería el cumplimiento eficaz de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Narciso Gonzáles Medina y el inicio de investigaciones en todos los otros casos de desapariciones,” dijo Chiara Liguori, investigadora sobre el Caribe de Amnistía Internacional.

Narciso González Medina, activista y crítico del régimen de Rafael Trujillo (1930-1961), desapareció el 26 de mayo 1994. Antes de su desaparición, Narciso había denunciado los fraudes electorales que supuestamente permitieron la reelección presidencial de Joaquín Balaguer.

Según las conclusiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Narcizo permaneció bajo custodia estatal durante varios días, sufriendo maltratos físicos y psicológicos.

La Corte además, ordenó el pago de indemnizaciones y el tratamiento médico y psicológico a las victimas que lo soliciten. Igualmente, la Corte impuso al Estado realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad por los hechos y a tomar medidas que ayuden a conmemorar la vida de Narciso y su contribución a la cultura dominicana.

Amnistía Internacional ha documentado dos casos recientes de posibles desapariciones forzadas en que las victimas fueron vistas por última vez bajo custodia policial.

Gabriel Sandi Alistar y Juan Almonte Herrera desaparecieron el 23 de julio 2009 y el 28 de septiembre 2009, respectivamente. Ambos estaban sospechados de haber participado en dos secuestros.
La Policía Nacional niega haber detenido a Juan Almonte Herrera, pese a que testigos declaran lo contrario. En el caso de Gabriel Sandi Alistar, la policía reconoció que fue detenido, pero afirma que se escapó cuando estaba bajo custodia.

En ambos casos, las autoridades no han tomado medidas eficaces para establecer el paradero de los desaparecidos ni las eventuales responsabilidades estatales.


lunes, 2 de abril de 2012

CNDH REPUDIA LA MUERTE DEL CAPITAN RAMON JIMENES MONTERO DE LA P.N.


Asesinan capitán para despojarlo de su arma de reglamento

Un capitán de la Policía Nacional fue asesinado ayer en un asalto cuando caminaba por la calle 38 esquina Moca, próximo a un local del ayuntamiento, en Villas Agrícolas. El oficial, identificado como Ramón Jiménez Montero, conocido también como “El Súper”, fue interceptado en el referido sector por dos hombres que se trasladaban a bordo de una motocicleta y luego de propinarle varios disparos lo despojaron del arma que portaba en su condición de oficial de la policía.

El jefe de la Policía, José Armando Polanco Gómez, dijo que esa institución dará una “respuesta fuerte” a los criminales que asesinaron al capitán Jiménez Montero, de aproximadamente 40 años.

Explicó que el oficial prestaba servicio en el cuartel del Mercado Nuevo y que el occiso tenía más de veinte años en la institución.

Asimismo, expresó que por varios años el capitán Jiménez Montero trabajó en la oficina de Crímenes y Delitos de la Policía.

Polanco Gómez dijo que se está investigando el crimen y advirtió que harán todo lo que esté a su alcance para ubicar y apresar a los autores del hecho y someterlos a la justicia.

La jefatura policial informó que varios equipos de oficiales adscritos a la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim), rastreaban ayer varios barrios de la parte alta de la capital en busca de los desconocidos que mataron al capitán.

http://www.elcaribe.com.do/2012/03/30/asesinan-capitan-para-despojarlo-arma-reglamento
COMITÉ DE ONU PIDE PONER FIN A BRUTALIDAD POLICIAL Y DISCRIMINACIÓN EN
REPÚBLICA DOMINICANA


EL OGANISMO PIDE INCREMENTAR "MECANISMOS DE CONTROL PERMANENTES QUE INCENTIVEN EL RESPETO ABSOLUTO DE LOS DERECHOS HUMANOS"

El Comité de Derechos Humanos de la ONU pidió hoy a las autoridades de la República Dominicana que acaben con la brutalidad policial que existe particularmente en las cárceles del país, así como con la discriminación que sufren los inmigrantes haitianos y sus descendientes.

"Es motivo de preocupación la brutalidad policial y recomendamos a las autoridades dominicanas que, como una prioridad, reformen su cuerpo policial en materia de entrenamiento y también de salarios, y que velen porque no se produzcan abusos", dijo el jurista sueco Krister Thelin al presentar el último informe de ese foro de la ONU.

El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas culminó hoy su informe sobre el país caribeño, en el que expone varias recomendaciones a sus autoridades, entre las que destaca la de continuar con los esfuerzos "para eliminar la brutalidad policial y el uso excesivo de la fuerza por los agentes del orden".

El texto solicita que las reformas de la institución policial aseguren "una formación profesional de calidad que integre el pleno respeto de los derechos humanos" y "condiciones de trabajo y salarios adecuados", así como "mecanismos de control permanentes que incentiven el respeto absoluto de los derechos humanos"•

Además, insta al Estado dominicano a crear "un mecanismo independiente e imparcial para investigar de forma inmediata todos los casos de brutalidad o de uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes del orden, particularmente en las cárceles".

También exhorta a las autoridades a que aseguren que se lleva cabo "sistemáticamente la investigación ex oficio" de todos los casos de brutalidad policial en los que la víctima no presente una denuncia.

El comité, formado por 18 expertos independientes y que cerró este jueves su 104 sesión, también animó a la República Dominicana a "esforzarse para erradicar los estereotipos y la discriminación contra los migrantes haitianos y sus descendientes, entre otras cosas llevando a cabo más campañas de sensibilización que promuevan la tolerancia y el respeto a la diversidad".

"El comité no considera que se estén respetando los derechos de las personas migrantes, en particular de haitianos, en la República Dominicana ", dijo el jurista argentino Fabián Salvioli, también miembro del comité en la presentación del informe.

Salvioli señaló que hay "problemas de documentación y de discriminación constatada no sólo por el comité, sino por otros órganos", y pidió al Estado dominicano que tome "todas las medidas para proteger los derechos de esa población (haitiana) en la República Dominicana".

"El Estado debe velar para que los casos de discriminación sean sistemáticamente investigados, que los autores sean enjuiciados y castigados y que se otorgue una indemnización adecuada a las víctimas", añadió.

Ese foro de la ONU subrayó la necesidad además de que las autoridades otorguen sistemáticamente "medios de identificación reconocidos a los solicitantes de asilo y a los refugiados, a fin de protegerles en contra de una deportación indebida y de garantizarles el acceso a las oportunidades sociales y económicas".

El comité está compuesto por 18 expertos independientes que vigilan el cumplimiento del tratado internacional de derechos humanos, y en su última sesión han estudiado, además del caso de la República Dominicana, las situaciones en Guatemala, Yemen, Cabo Verde y Turkmenistá