Lucha por Loma Miranda Parque Nacional

miércoles, 24 de abril de 2013


 CNDH-RD LOGRA CONDENA DE DIEZ (10) AÑOS EN CONTRA DEL TENIENTE JULIO MONTERO ENCARNACIÓN DE LA DNCD, QUIEN ASESINO AL HERMANO DE LA PRESIDENTA DE LA FILIAL DE JIMANI.

La CNDH-RD logro que el Tribunal Colegiado de Barahona condenara al Teniente Julio Montero Encarnación, por el hecho de este haber disparado por la espalda al señor Gabriel Arcángel Medina Santana, ocasionándole la muerte. El hoy occiso  es hermano de Nury Medina, quien es presidenta de la Filial de la CNDH Jimani, este hecho ocurrió el 27 de Junio 2011, y dos años después de mucho batallar para que el mismo no quedara impune como sucede con cientos de casos en los que agentes policiales y militares se ven involucrados en los famosos intercambios de disparos.

Además de los diez años de prisión en la cárcel pública de Barahona, el Tribunal Colegiado condenó a Montero Encarnación  al pago de una indemnización de un Millón y medio de pesos, y una multa de cien mil pesos; al igual que a pagar costas penales y civiles del procedimiento, ordenando su distracción  y aprovecho a fuerzas de los abogados postulantes.

Con la condena de diez años a Julio Montero Encarnación el Tribunal Colegiado de Barahona hizo justicia y le devolvió la paz y tranquilidad a la familia del hoy occiso, al igual que a nuestra compañera, quien confió que a través de la CNDH se lograría condena para el homicida de su hermano.

La lectura de la sentencia motivada será leída el próximo 9 de Mayo del año en curso.  

DERECHOS HUMANOS CONDENAN MUERTE DEL CORONEL SUÁREZ; 
PIDE INVESTIGACIÓN ESCLAREZCA EL HECHO Y PONE SUS SERVICIOS A LA DISPOSICIÓN DE LOS FAMILIARES


La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) condenó la muerte del coronel de la Policía Nacional Julián Suárez, y se solidarizó en el dolor con su esposa, hijos y demás familiares.
Manuel María Mercedes dijo que el hecho es totalmente deleznable y merece la condena moral y jurídica para sus autores.

Al respecto, reclamó del Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, y al jefe de la Policía Nacional, Mayor General Manuel Antonio Polanco Gómez, abrir una profunda investigación que determine el origen del o los disparos que cegaron la vida del agente policial, así como con exactitud el tipo de arma utilizada y su procedencia.

Sostuvo que el hecho de que la muerte del coronel Suárez se produjera en medio de las circunstancias ya conocidas, no necesariamente significa que los responsables sean estudiantes o personas ligadas a la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

Manuel María Mercedes recordó que tradicionalmente la Policía acude a las inmediaciones de la ciudad universitaria a sofocar desórdenes o reclamos justos de los estudiantes, convirtiendo el campus docente en un virtual campo de tiro.

“Han muerto estudiantes y la misma Policía ha afirmado que los disparos que han cegados esas vidas salieron de los mismos universitarios, y nada descarta que en este caso el o los disparos hayan salido desde fuera del campus de la Universidad, por eso se hace necesario una investigación detallada, y más cuando el jefe de la Policía prácticamente ha sentenciado a muerte a unos autores todavía no conocidos”, señaló.

“La Comisión Nacional de los Derechos Humanos condenan este asesinato, pues se trata de, un padre de familia, y en ese sentido nos ponemos a la disposición de sus familiares para asistirlos legalmente en lo que fuese necesario, pero también nos ponemos a la disposición para contribuir con una investigación que aclare, más allá de toda duda razonable, la muerte del coronel Julián Suárez, apuntó.
CNDH PIDE AL SENADO DE REPÚBLICA ACOGER DEFENSOR DEL PUEBLO CONFORME AL PERFIL QUE ESTABLECE LA LEY

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Inc., saluda la disposición del Congreso Nacional de abocarse a la escogencia de la Defensoría del Pueblo, 12 años después de haber sido aprobada la Ley 19-01 que instituye el Defensor del Pueblo.
El Defensor del Pueblo deberá vigilar que los funcionarios públicos y los agentes que presten servicios públicos cumplan con las disposiciones de la Constitución y las leyes, así como el respeto de convenios, tratados y pactos internacionales que han sido ratificados por el Congreso Nacional.
Además, tendrá la gran responsabilidad de vigilar que el Estado propicie las condiciones para que los ciudadanos dominicanos disfruten a plenitud los derechos civiles y políticos, así como los económicos, sociales, culturales y ambientales.
Para que pueda cumplirse con este cometido, el Senado de la República está en el deber de escoger a personas que hayan tenido una práctica en su vida pública de defensa a estos derechos y un comportamiento solidario ante las violaciones a los mismos.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, rechaza la violación a la ley y a los procedimientos establecidos para la escogencia de los que formarán parte de esta instancia, a la vez que le hacemos un llamado al Senado de la República, para que escoja a quienes vayan a cumplir con defender los intereses del pueblo dominicano al margen de los intereses económicos y políticos.
Esta instancia, no puede ser una más de la repartición del poder por sectores políticos y económicos que ya controlan todas las instancias del Estado dominicano, para que pueda cumplir con los objetivos para los que ha sido instituido, debe escoger a personas sin compromisos políticos y sin compromisos con sectores económicos.
El Defensor del Pueblo vigilará el cumplimiento de la Constitución y las leyes por parte del Estado frente a los ciudadanos y ciudadanas, de manera más específica a los funcionarios públicos que dependen del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial en cuanto a la prestación del servicio público de justicia y a todas las entidades y empresas de carácter privado o mixto que ofrecen servicios públicos a la población.
Para cumplir con esta noble función la defensoría del pueblo, esta instancia deberá estar integrada por hombres y mujeres ajenas a estos poderes, que de por sí, están muy cuestionados en la sociedad dominicana.