Manifiesto 1ro. de Mayo 2014

COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS.

Los trabajadores/as y el Movimiento Sindical Dominicano representado por las confederaciones sindicales: 

CONFEDERACION NACIONAL DE TRABAJADORES DOMINICANOS (CNTD), CONFEDERACION AUTONOMA SINDICAL CLASISTA (CASC) Y CONFEDERACION NACIONAL DE UNIDAD SINDICAL (CNUS), 

junto al movimiento social y popular que conforman las organizaciones

Movimiento de Trabajadores Independientes (MTI)

Asociación Dominicana de Profesores (ADP)

Foro Social Alternativo (FSA)

Junta de Organizaciones Populares (Juntapo) Comité de los Derechos Humanos (CDH)

Movimiento de Mujeres Trabajadoras (MMT)

Unión de Trabajadores Cañeros (UTC)

Ligas Populares (LP)

Bloque popular (BP)

Corriente magisterial Juan Pablo Duarte-C.M.J.P.D.

Comision Nacional de los Derechos Humanos-C.N.D.H.-

Hemos construido una gran alianza política de poder social, para exaltar la gesta histórica y de honor de la clase trabajadora que nos legaron los héroes de Chicago en 1886, como lo es el 1ro. de mayo y enfrentar los desafueros patronales y de sectores gubernamentales frente a los derechos de los trabajadores/as y el pueblo.

Esta gran alianza de dignidad y de clase se da como respuesta a la amenaza que pende sobre nuestros hombros por parte de sectores de poder doctrinarios del neoliberalismo, de reformar el Código de Trabajo de 1992 para llevarnos a la esclavitud y empeorar las condiciones de explotación laboral actual, pudiendo regresar a situaciones laborales parecidas a las imperantes en la época de 1886. Por lo que los trabajadores/as UNIDOS juntos a las organizaciones sociales y populares, les decimos ¡No al Retroceso en los Derechos Laborales! en la reforma al Código de Trabajo.

Hoy, a 128 años de esa gesta, en la democracia formal y la Era de la Cibernética para la tecnología en la productividad y con la preeminencia que dan a los derechos humanos los organismos globales que rigen las políticas laborales como la OIT, nos encontramos vergonzosamente con que en la Repúblicas Dominicana el sector patronal, en lugar de cumplir con sus obligaciones de contraparte productiva del Estado en la generación de empleos decentes, busca profundizar el salvajismo capitalista que nos ha venido azotando en los últimos 30 años, con su política neoliberal inhumana, ¡Y eso no lo vamos tolerar ahora!.

Ese salvajismo capitalista, que privatizó los empresas del Estado y los servicios públicos dejando un ejército de nuestras gentes laboralmente desempleadas, pretende ahora con una sutil campaña en los medios de comunicación convencer a la población de que para generar empleos y erradicar la informalidad se requiere reformar el Código de Trabajo, recortando y eliminando derechos laborales adquiridos a través de la Constitución de la República, el Código de Trabajo y convenios ratificados y/o de los que es signatario el Estado Dominicano como los de OIT, en lugar de ampliar las conquistas logradas como lo manda la propia constitución en su art.8 que establece como función esencial del Estado, “la protección efectiva de los derechos de la persona, el respeto de su dignidad y la obtención de los medios que le permitan perfeccionarse de forma igualitaria, equitativa y progresiva, dentro de un marco de libertad individual y de justicia social compatibles con el orden Público, el bienestar general y los derechos de todos y todas”.

También el Código de Trabajo mismo dice que “los derechos que hemos logrado los/as trabajadores/as no pueden ser objeto de renuncia o limitación convencional y es nulo todo pacto o acuerdo en contrario”.

Diversos estudios realizados por instituciones nacionales e internacionales tales como el Fondo Monetario Internacional, la Organización Internacional del Trabajo, la CEPAL, entre otros, demuestran que República Dominicana no está entre los países del continente latinoamericano que tienen un alto costo laboral; que este tema, el costo laboral, no constituye un impedimento para la competitividad a las empresas.

Dice el estudio en cuestión que existen otros factores tales como el costo de la energía eléctrica, las elevadas tasas de los intereses y transacciones bancarias, el costo del transporte sobre todo marítimo y aéreo, el costo para hacer frente a la inseguridad y los trámites burocráticos, así como otros aspectos inherentes a la gestión empresarial, elementos que influyen de manera más categórica en la competitividad de las empresas, pero a las cuales no se les quiere hacer frente pues se tendría que enfrentar a los empresarios de estos sectores. 

Para que tengamos una idea clara de la magnitud de las diferencias económicas, de trato y de vida entre nuestros trabajadores/as y empresarios, les presentamos los siguientes datos: Los sectores económicos recibirán RD$92 mil 743 millones por concepto de exoneración de impuestos durante el 2014, siendo las grandes empresas las mayores beneficiarias. La Ganancia del Sector Empresarial declarada a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) ascendió a RD$153 mil 398 millones en el 2006 y subió drásticamente a RD$ 215 mil 364 millones en el 2010. El patrimonio de las empresas de manufacturas, comercios y agropecuarias en el 2006 ascendió RD$491 mil 397 millones y a RD$794 mil 601 millones en el 2010. Mientras, la remuneración de los/as trabajadores/as representó 9.1% de los costos operativos de las empresas en el 2006 y bajó a 8.35% en el 2010.

A pesar de todos estos beneficios y protección del Estado a los empleadores dominicanos, su posición es contraria a lo que estamos observando a nivel internacional, pues el aumento de los ingresos laborales y el fortalecimiento de las organizaciones sindicales para negociar colectivamente en varios países de Latinoamérica como Brasil, Ecuador, Uruguay, entre otros demuestran que “los ingresos laborales han sido el factor más importante en la reducción de la pobreza desde 2003. Un estudio reciente realizado por el Banco Mundial sugiere que la mayor reducción de la pobreza (55%) se atribuye a un aumento en los ingresos laborales, mientras que un 20% pue de atribuirse al aumento de las transferencias públicas y privadas.1

Pretenden los empleadores confundir a las autoridades y a la población en general de hacernos creer que una reforma al Código de Trabajo reduciendo los derechos laborales y precarizando aun mas las condiciones de trabajo, va a contribuir con la disminución de los niveles de informalidad, lo que constituye una gran falacia.

Son los niveles de pobreza los que se profundizan cuando se reducen los ingresos laborales de la población y se frena la inversión en la gente para su desarrollo. También es la razón por la que alrededor de 100 de mil de nuestros niños/as están trabajando en las calles sin oportunidad de ir a las escuelas para formarse como buenos ciudadanos del presente y el futuro, que la violencia social e intrafamiliar, inseguridad ciudadana y el profundo desempleo que vive el país.

Ante tan devastadores precedentes y desproporcionada ambición patronal y de sectores gubernamentales, si nosotros permitimos que neoliberalicen la ley, eliminando y/o recortando derechos ya adquiridos, entonces lo que va a pasar es que empeorará la situación laboral y económica de este país, pero también que haya un deterioro democrático en la institucionalidad del país por la intranquilidad en la paz laboral y social.

Es por eso que las organizaciones sindicales, sociales y populares: CASC, CNTD, CNUS, MTI, ADP, FSA, JUNTAPO, CDH, MMT, UTC, LP y BP C.M.J.P.D., C.N.D.H. NO VAMOS A PERMITIR una modificación al Código de Trabajo que reduzca los derechos de los trabajadores/as de la República Dominicana. No vamos a aceptar:

Volver al contrato de aprendizaje de 1951

Que se establezca un periodo de prueba inexistente en la legislación dominicana

Que se pretenda desconocer el principio de la libertad de trabajo

Que se libere el régimen de contratación de trabajadores extranjeros

Que se aumente en una hora la jornada diaria de trabajo y cuatro a la jornada semanal como se propone llevarla a 48 horas a la semana

Que la jornada diaria pueda llegar a 12 horas y que si no sobrepasa las 48 horas a la semana no se deba pagar horas extras

Que se eleven desproporcionadamente las horas extras de trabajo

Que se supriman los vocales en el proceso laboral

Que el contrato de la trabajadora embarazada pueda terminarse por acuerdo entre las partes

Y LA CESANTIA LABORAL no se discute, se queda como está. No hay recorte, no habrá eliminación, no habrá transacción que ponga en riesgo el presente y futuro de los que trabajan y la juventud.

En ese orden, debemos prestar atención especial a los aspectos propuestos por los empresarios que tendrían un impacto negativo mayor en las mujeres, por los roles que desempeñan tanto por razones biológicas, sobre todo las ligadas a su función reproductiva, así como por los asignados social y culturalmente, como la exclusividad en la responsabilidad familiar.

Entre las propuestas perjudiciales señalamos a modo de ejemplo:

La de que la jornada semanal de trabajo sea de 48 horas y que la jornada diaria pueda ser de hasta 12 horas al día, que tendría un efecto más perjudicial en las/os trabajadoras/es con mayores responsabilidades familiares, que son las mujeres fundamentalmente. Lo mismo ocurre con la propuesta de que cuando se labore en un día feriado, sea simplemente cambiado por otro día.

Que la trabajadora embarazada pueda ser despedida disfrazando esta acción por una “terminación por mutuo consentimiento”, como ocurre en las zonas francas, sector hotelero y otras empresas, lo que es una propuesta que prácticamente eliminaría la protección de la maternidad en lo relativo a la terminación del contrato de trabajo de la mujer embarazada o recién parida.

Limitar las indemnizaciones que se pueden reclamar solo a la cesantía, preaviso omitido y asistencia económica, es impedir que se pueda demandar y reclamar indemnizaciones por daños y perjuicios en casos de discriminación por razones de: sexo, género, edad, raza, nacionalidad, origen económico, social, étnico, por razones de salud incluyendo ser VIH positivo, por actividades sindicales, o por otras razones.

Responsabilizar al trabajador o la trabajadora de probar los hechos en casos de demandas, aun cuando sean temas que estén vinculados a la obligación del empleador de llevar registros, lo que dificulta que las mujeres puedan demandar por discriminación, acoso u hostigamiento.

Establecer el periodo de prueba como tiempo previo para el inicio del contrato de trabajo, puede convertirse en otro elemento que dificulte al ejercicio de derechos fundamentales tales como la protección a la maternidad y la libertad sindical y la negociación colectiva.

LIBERTAD SINDICAL

En los últimos años se han incrementado las violaciones a la libertad sindical y la negociación colectiva, violaciones que además del daño en sí mismas a los lideres y organizaciones afectada, constituyen un freno a la acción colectiva y a la posibilidad de mejorar las condiciones de vida y de trabajo de los trabajadores y las trabajadoras. Entre los casos más graves se destacan:

La suspensión y posterior desvinculación de todos los miembros directivos de la Asociación Dominicana de Controladores Aéreos (ADCA) debido a su oposición manifiesta a la privatización de la Ley General de Aviación Civil y al reclamo por mejores condiciones de vida y de trabajo que incluye las denuncias realizadas por las irregularidades en el control de tránsito aéreo poniendo en peligro la seguridad de aviación civil en el país.

Desde el año 2013 el sindicato Autónomo de Choferes Transportistas de Combustible (SACTPA), ha desplegado todos sus esfuerzos para por la vía institucional del dialogo y el consenso, extender la negociación colectiva a todos sus afiliados. Tras el fracaso de la mediación por la posición radical del sector empleador el SACPA se vio precisado a recurrir a la huelga, que pese a ser realizada llenando todos y cada uno de los exagerados requisitos establecidos en el Código de Trabajo, fue declarada como ilegal por la Corte de Trabajo de San Cristóbal, contrariando las disposiciones de los convenios internacionales ratificados por la República Dominicana, en especial los convenios 87 y 98 sobre libertad sindical y negociación colectiva.

La negativa de CORAASAN de concluir la negociación del convenio colectivo de condiciones de trabajo, presionando la eliminación de clausulas conquistadas y establecidas por más de 20 años.

Las violaciones constantes y sistemáticas a la libertad sindical en las empresas de call center, que han impedido que sindicato alguno hasta la fecha haya logrado negociar un convenio colectivo en este tipo de empresa, pese a tener años de actividad sindical.

El reclamo de los inspectores laborales trajo como consecuencia que contra ellos/as se tomaran una serie de represalias entre las que se incluyen amonestaciones injustas, traslados arbitrarios a lugares distantes de sus residencias y establecimiento de sus familias.

La represión brutal contra los dirigentes y aliados del Sindicato de Trabajadores, de Técnicos y Electricistas de la Región Norte que laboran para las Empresas Coccia Dominicana y IGTEC, ambas contratistas de EDENORTE, la cual ha establecido como política que no acepta contratistas que tengan sindicatos organizados.

Quitpe Dominicana, conocida como K y Q, adeuda 5 quincenas a sus 265 trabajadores, parte del salario 13 del año pasado y parte de las vacaciones. Ante el llamado a diálogo de los trabajadores la empresa responde exigiendo disminuir derechos para supuestamente reducir costos operacionales como por ejemplo suspender contratos de trabajo ahora y pagar el 25 de julio en 4 pagos proporcionales, dejando a los trabajadores en incertidumbre y amenazados de perder sus empleos y sus dineros.

Frente a las graves violaciones a la libertad sindical, la negociación colectiva y los derechos económicos y sociales de los trabajadores, repudiamos estas violaciones patronales y exigimos el respeto a nuestros derechos humanos fundamentales y que en nuestro país tienen rango constitucional.

Por lo que demandamos la restitución de los derechos conculcados, el reintegro a sus labores y puestos habituales de los trabajadores y trabajadoras suspendidos, desvinculados, trasladados de manera arbitraria e ilegitima, la finalización de los procesos de negociación colectiva, el reconocimiento de las organizaciones como legitimas representantes de los trabajadores y trabajadoras de las empresas e instituciones.

Igualmente, el rechazo a las pretensiones de los empleadores y un sector gubernamental de cerrar el Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS); la necesidad de avanzar en la integralidad de la seguridad social como manda la ley; defender de la embestida patronal la vigencia de la ley 6/86 que crea el Fondo de los Trabajadores de la Construcción; e irnos preparando para que reclamemos el aumento salarial pendiente.

Son razones que unen y fortalecen esta alianza sindical y popular para continuar la lucha hasta alcanzar el poder que necesitamos los trabajadores/as para derrotar este criminal modelo neoliberal.

CASC, CNTD, CNUS

MTI, ADP, FSA, JUNTAPO, CDH, MMT, UTC, LP y,BP, C.M.J.P.D., C.N.D.H.



1 Nota de investigación sobre desarrollo humano para America Latina y El Caribe 1/2013, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo