San Pedro de Macorís, 01 de mayo del 2014. Los integrantes del Movimiento Reconocido de esta provincia al este del País, afectados por la sentencia del Tribunal Constitucional 168-13, en ocasión de celebrarse hoy el Día Internacional del Trabajador y Trabajadora, se manifestaron frente al Ministerio de Trabajo, para demandar y visibilizar que en su condición de apátrida no tienen acceso a un trabajo digno, fondos de pensiones entre otras reivindicaciones.
Los manifestante expresan que su derecho al trabajo se ve vulnerado por la sentencia del tribunal constitucional limita su derecho a tener un seguro médico o garantías de riesgo laboral. En este sentido, recuerdan que el derecho al trabajo es un derecho fundamental que debe ser garantizado por el estado.
“Estamos en las peores situaciones de exclusión, sin las mínimas posibilidades de acceder a empleos formales a pesar de tener nuestros registros de nacimiento conforme a lo que establecen las leyes del país. Desde 2007, no podemos gozar de los derechos plenos que aun la Constitución actual en su art.18 numeral 2 nos reconoce”, dice Rosa Iris Diendomi, vocera del movimiento.
En este sentido manifiesta, que en el “Día Internacional del Trabajador y Trabajadora” hacen un llamado al presidente de la república y a la ministra de trabajo, a que velen por sus derechos, ya que la sentencia del Tribunal Constitucional constituye un elemento de mayor vulneración, permite el aumento y el número de personas desempleadas en el país por no tener acceso a su documentación. Entiende que urge que el presidente someta el proyecto de ley de restitución plena de derechos a los y las desnacionalizados y desnacionalizadas por el TC.
En este sentido, Diendomi destaca que esta situación es altamente preocupante porque esto propicia los niveles de pobreza en el país y mantiene políticas de vulneración de los derechos de una parte importe de la población por el origen de los padres.
Los convocantes además, advierten que se mantendrán en pie de lucha hasta que sean restituidos sus derechos, ya que constituye una violación a los derechos humanos dejar en condición de apátridia a miles de personas que nacieron y fueron registradas conforme lo establecían las leyes antes del 26 de enero del 2010.
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