Fuente: El Caribe
Desde el año 2002, el Código Procesal Penal habla sobre el deber del Estado de garantizar la protección a víctimas y testigos, sin embargo, más de una década después, la cobertura de este tipo de programas es escasa en la República Dominicana.
El mismo Procurador General de la República reconoce la necesidad de ampliar estas medidas con el fin de resguardar a los colaboradores de la Justicia. En 2009, mediante la resolución 42, la Procuraduría creó la Unidad de Protección a Víctimas y Testigos bajo el amparo de la Dirección Nacional de Persecución del Narcotráfico y Criminalidad Compleja.
Dicha unidad, según reveló Francisco Domínguez Brito, tiene más de 20 personas bajo protección.
En ese sentido, el vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) consideró que tiene que existir compromiso de Estado y políticas públicas en materia de protección a víctimas y testigos de procesos judiciales.
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