Celebramos hoy, 10 de octubre, el Día Internacional contra la Pena de Muerte. En este día queremos recordar una vez más que la Constitución dominicana vigente desde el año 2010, consagra el derecho a la vida en su artículo n. 37 en la sección 1 relativa a los derechos civiles y políticos en estos términos: “El derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte. No podrá establecerse, pronunciarse, ni aplicarse en ningún caso, la pena de muerte”.
Sin embargo, recuerda el Dr. Manuel María Mercedes, presidente de la institución defensora y promotora de los derechos humanos, “que es el mismo Estado dominicano que viola sus propia leyes al aplicar a mansalva contra nuestros jóvenes una pena de muerte encubierta representada por la centenas de ejecuciones extrajudiciales que ocurren cada año en este país, donde a presuntos delincuentes se les niega el derecho a la defensa, al debido proceso, y a la vida”.
Peor aún, en los que se parecen más a operativos de limpieza social que a operativos policiales, se aplica desconsideradamente la pena de muerte encubierta contra jóvenes de escasos recursos, pertenecientes a los sectores más vulnerables del país, de condiciones sociales y económicas muy bajas y muchas veces adictos a drogas.
Hasta en los países donde la pena de muerte es prevista por las leyes nacionales, esta nunca puede aplicarse a los menores de edad, mientras en el nuestro, donde la pena de muerte es prohibida por la misma Constitución, los órganos de seguridad del Estado ejecutan menores de edad en las calles.
Recordamos por todos el caso del joven Wandy Sánchez, menor de edad, justiciado por miembros de la Policía Nacional el pasado mes de mayo por ser presuntamente el asesino de la agente de la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMET), Mercedes del Carmen Torres Báez.
Hacemos un llamado y aprovechamos de la ocasión, reitera el Dr. Mercedes, “ante la gravedad de la situación, a las organizaciones internacionales de las que somos parte, como la Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH), a tomar seriamente en cuenta la posibilidad de visitar el país para abrir una investigación seria y exhaustiva a nivel internacional sobre las ejecuciones extrajudiciales que se llevan a cabo en la República Dominicana, ya que el número espantoso de casos está sobrepasando nuestra capacidad de lograr tener un registro concreto de los mismos y muchas familias se están quedando sin protección ni asesoría legal y además amenazados por efectivos de la policía cuando interponen demandas, lo mismo que está ocurriendo con nuestros abogados”.
En lo que va del año, según el récord de nuestra oficina, tenemos ya alrededor de 160 casos de ejecuciones extrajudiciales, por lo menos un 20% más respecto al mismo periodo del año precedente.
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