NOTA DE PRENSA
La muerte de los 11 niños por asfixia este fin de semana representa solamente la punta del iceberg de una situación desastrosa en el ámbito de las sistemáticas violaciones del derecho a la salud del pueblo dominicano.
Solamente la hipocresía de la clase dirigente de este país puede ahora gritar al escándalo o mostrarse en estado de “shock” ante la evidencia de números que faltaban fueran impresos en las páginas de los periódicos, pero que sin embargo eran bien conocidos por los que administran (SIC) el sector de la salud pública de la República Dominicana.
No somos, y nunca lo seremos partidarios del “populismo penal” y en esa ocasión mas allá de pedir una exhaustiva “investigación penal” para asegurar a la justicia uno o varios chivos expiatorios y así calmar la opinión pública, denunciamos con toda la indignación y rabia necesaria en estos momentos, las falacias de un sistema, el neoliberal, que está erosionando a la raíz los derechos fundamentales del pueblo dominicano, y no solamente el derecho a la salud que es fundamental porque indispensable para el ejercicio de los demás derechos humanos, sino simple y llanamente está violando de la forma más brutal el derecho a la vida.
No encontramos por eso otras palabras que “crimen de Estado” para definir la muerte de ocho niños menores de un año que en un hospital público fallecen por falta de oxigeno.
Solo crimen de Estado pueden definirse las políticas perversas según las cuales en todo el país existen autopistas modernas y un sinnúmero de aeropuertos internacionales para que los turistas disfruten de las bellezas de este rincón del Caribe y luego no haya centros infantiles de atención primaria en las diferentes regiones.
Solamente crimen de Estado pueden definirse la entrega desconsiderada de recursos económicos a los centros médicos privados sin un efectivo control sobre su empleo y utilización y sabemos que la mayoría de los casos que llegan al Reid Cabral provienen de estos centros ya en condiciones extremadamente graves.
Solo un crimen de Estado puede definirse la permisividad hacia las ARS de salud que mas allá de representar un “seguro” para millones de ciudadanos dominicanos representan una fuente de enriquecimiento para unos cuantos corruptos.
En esta ocasión rechazamos por lo tanto sea las investigaciones simplicistas con el objetivo de buscar chivos expiatorios cuanto campañas con el intento de instrumentalizar estas muertes alegando desvío de fondos hacia la atención a la salud por los migrantes haitianos en el país, campañas que ya están apareciendo en las redes sociales.
Exigimos que las comisiones nombradas por la presidencia trabajan para individuar las causas estructurales de esta tragedia y busquen apoyo internacional para encontrar soluciones políticas y financieras en grado de cambiar radicalmente un sistema sanitario público podrido en su fundamento.
Exigimos además la renuncia inmediata del Ministerio de Salud Publica y anunciamos formal querella contra de él y del Estado dominicano.
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