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jueves, 3 de abril de 2014
La reforma al Código Procesal Penal "busca consenso político a costo de un retroceso del Estado de derecho" según la CNDH
DECLARACIÓN DE PRENSA DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CNDH) RESPECTO A LA MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL
Desde la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) valoramos la ley de reforma del Código Procesal Penal como un retroceso que afecta en manera sumamente preocupante todas las conquistas logradas en estos últimos años respecto al Estado de derecho en nuestro país y pedimos al Presidente de la República Licdo. Danilo Medina que la devuelva al Congreso Nacional.
Consideramos que se trata de una reforma la cual, tratando de responder al grave problema de la inseguridad ciudadana que está afectando la sociedad a través de la implementación de medidas violatorias de la misma Constitución y de los tratados internacionales ratificados por la República Dominicana en materia de derechos civiles, lo que hace es desviar la atención pública de las verdaderas causas sociales de la criminalidad que residen en la desigualdad económica vigente mientras que por otro lado busca consenso político a costa de un retroceso del Estado de derecho y de las garantías jurídicas civiles de las dominicanas y dominicanos.
Por lo que concierne la medida que establece la prisión preventiva como regla cuando debería tratarse de la excepción, lamentamos que el país, una vez más, en materia de defensa de derechos humanos, se sitúe al margen de la comunidad internacional.
Es reciente de hecho la publicación de un informe de la OEA en el que se declara que “el uso excesivo de esta medida [prisión preventiva] es contrario a la esencia misma del Estado democrático de derecho y que la instrumentalización en los hechos del uso de esta medida como una forma de justicia expedita de la que eventualmente resulta una suerte de pena anticipada, es abiertamente contraria al régimen establecido por la Convención y la Declaración Americanas, y a los principios que inspiran a la Carta de la Organización de los Estados Americanos”. Además, se añade en el informe, “el uso de la detención preventiva es un factor importante de la calidad de la administración de justicia, y por lo tanto, directamente relacionado con la democracia.”
Si recordamos que apenas hace tres años la República Dominicana había sido escogida como sede por la reunión de Expertos de Alto Nivel sobre la revisión de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos proprio por el avance representado en nuestro país por la implementación del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, que en aquella ocasión fue asumido como ejemplo y modelo para toda la región, nos damos cuenta del retroceso que representa en lo específico la reforma del Código Procesal Penal.
La prisión preventiva, de hecho, además de representar un enorme costo económico para todo el sector judicial y por ende para todo el pueblo dominicano, lo que hace es favorecer el hacinamiento carcelario y afectar los tiempos de la gestión de la justicia.
La reforma del Código Procesal Penal además, al prohibir a los ciudadanos y ciudadanas querellarse contra “los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones o con ocasión de ellas, y en las violaciones de derechos humanos”, injuria y afrenta la digna lucha que desde tiempo se está llevando en el seno de varios sectores de la sociedad dominicana contra la corrupción y la impunidad.
Instamos al Presidente de la República, Licdo. Danilo Medina, a rechazar contundentemente dicha reforma por ser inconstitucional y violatoria de los tratados internacionales firmados y ratificados por el país en tema de protección y defensa de los derechos humanos como son la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, la Convención Interamericana contra la Corrupción de la OEA, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Declaración Americana y la Convención Americana entre otros.
De no ser así informamos que llevaremos adelante la lucha para el restablecimiento del Estado de derecho afectado por la Ley de Reforma del Código Procesal Penal hasta agotar con todas las instancias nacionales e internacionales.
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