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A pesar
de haberse iniciado con muchas esperanzas, encarnadas en la figura prometedora
del actual Presidente de la República Licdo. Danilo Medina, el 2013 ha sido caracterizado
por muchas decepciones para la ciudadanía.
El
suministro de los servicios básicos como agua, energía
eléctrica y transporte se han deteriorado, al tiempo que el costo de la vida ha
alcanzado niveles estratosféricos. La represión a las protestas sociales estuvo
a la orden del día, y se han dado apresamientos
y asesinatos a mansalva de jóvenes que reclamaban en las calles mejoras para
sus comunidades. La delincuencia ha sobrepasado los límites imaginables, la corrupción ha
continuado galopando por sus fueros y
finalmente la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional ha coronado a la República Dominicana como país campeón en
la violación a los derechos humanos, con la consecuente enervación de un
nacionalismo exacerbado que ha llegado
al extremo de pedir la muerte contra quienes se oponen a dicha sentencia, como
es el caso de los periodistas Juan Bolívar Díaz y Huchi Lora.
LA
SENTENCIA DEL ODIO
La
sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional constituye una de las atrocidades
más grades que se hayan cometido en los últimos tiempos, no solo en el
continente americano, sino en el mundo, pues las consecuencias fatales que
causará a la integridad y a la dignidad personal y al desarrollo social y
humano de los afectados son incalculables.
La sentencia
del Tribunal Constitucional no solo viola la actual Constitución en su artículo
18, numeral 2, el cual indica que son
dominicanos y dominicanas “quienes gocen de la nacionalidad dominicana antes de
la entrada en vigencia de esta Constitución”, desconociendo la vigencia del jus soli (derecho de suelo)
vigente desde 1929 hasta las 10:00 de la mañana de 2010, sino que es aberrante
por aplicarse a tres generaciones de dominicanos de ascendencia haitiana.
Esto, sin
mencionar los acuerdos y tratados internacionales que, de acuerdo con la
Constitución de 2010, tienen rango constitucional
en materia de promoción y defensa de los derechos humanos.
A todo
esto se suma la defensa asumida por el gobierno del presidente Danilo Medina a
dicha sentencia, así como la que le han manifestado los principales sectores de poder del país, lejos de tratar de buscar una salida humana a la situación
creada.
Las
conclusiones de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos que estuvo
en el país verificando los efectos de la sentencia, en donde se afirma que “La
Comisión estima que la Sentencia del Tribunal Constitucional conlleva a una
privación arbitraria de la nacionalidad. La Sentencia tiene un efecto
discriminatorio, dado que impacta principalmente a personas dominicanas de
ascendencia haitiana, quienes son personas afrodescendientes; priva de la
nacionalidad retroactivamente; y genera apatridia respecto de aquellas personas
que no son consideradas como nacional suyo por ningún Estado, conforme a su
legislación”, dejan muy mal parada a la República Dominicana y la exponen a
sanciones y aislamiento internacional.
La
sentencia ha creado un ambiente turbio de falso nacionalismo, en que sectores
extremistas y de derecha han llegado a enarbolar consignas como la rotura de las
relaciones con Haití y la construcción de un muro que separe ambos países, así
como el pedido de muerte contra quienes se oponen a la sentencia, como en el
caso de los reconocidos periodistas Juan Bolívar Díaz y Huchi Lora.
CORRUPCIÓN
E IMPUNIDAD
La
justicia dominicana ha mostrado una
actitud de complicidad hacia ex funcionarios públicos, incluyendo al ex
presidente Leonel Fernández, señalados como responsables de graves actos de
corrupción.
Esa actitud
cómplice es el resultado de la conformación de un sistema judicial que ha sido
creado a imagen y semejanza del ex mandatario y cuyos jueces no muestran ningún
prurito moral a la hora de plegarse a sus dictámenes.
A la
fecha, el presidente Danilo Medina ha rehusado referirse al tema de la
corrupción, sonando con fuerza todavía su llamado a no tirar piedras hacia
atrás, lo que ha sido interpretado como la aplicación de una política de borrón
y cuenta nueva y que en práctica se traduce en complicidad con sus compañeros de partido señalados como
corruptos y con el ex presidente Fernández, responsable del mayor déficit
fiscal conocido en la historia del país.
La
impunidad o la ausencia de consecuencias jurídicas sobre los actos de
corrupción, permean toda la sociedad, hasta el punto de que la República
Dominicana es considerada uno de los
tres países más corruptos del mundo.
SITUACIÓN
SOCIAL Y ECONÓMICA
En el año 2013 la República Dominicana ha mantenido de forma sostenida el endeudamiento externo, lo
que ha obligado a que un altísimo
porcentaje del presupuesto del año próximo deba ser destinado al pago de
intereses de la deuda. A esto se le suma un déficit fiscal en el orden del 3%
del Producto Interno Bruto, lo que a su vez contribuye con el aumento de la
deuda pública.
Durante
el año 2013 se ha observado un
incremento permanente de los precios de los productos de primera necesidad, así
como de los precios de los servicios
básicos, lo que se ha reflejado en la
disminución del poder adquisitivo de la
gente, es decir, en una disminución del
ingreso.
En este año que termina el país se ha llevado la
triste gloria de ser considerado como el tercero por iniquidad social en América, siendo notoria en ese sentido la
amplia brecha que separa a ricos y pobres.
En
República Dominicana cerca del 65% de quienes tienen vivienda no posee títulos
de propiedad del suelo, por lo que son frecuentes los desalojos forzosos, práctica
considerada violatoria de los derechos humanos por todos los tratados
internacionales firmados y ratificados por la República Dominicana.
Asimismo, se ha observado una paralización en la tasa de desempleo, que
se sitúa por encima del 12 %, indicador de que el año estuvo marcado por el
estancamiento laboral, mientras las centrales sindicales han denunciado en múltiples ocasiones violaciones
sistemáticas al derecho a la sindicalización, sobre todo por parte de empresas de
capitales nacionales vinculadas a transnacionales, como ocurrido por ejemplo con
la Frito Lay Dominicana (PepsiCO) que en menos de un año,
según denuncias
recibidas, ha desahuciado y despedido a
más de 100 trabajadores, todos afiliados al Sindicato, con el sólo propósito de
evitar que el SINTRALAYDO alcance el 50 por ciento más uno de trabajadores
afiliados, como previsto por la legislación laboral dominicana para obligar a
la empresa a sentarse a una mesa de negociación colectiva, con Bepensa dominicana,
empresa nacional embotelladora de la Coca Cola Company y la industria San Miguel del Caribe SA (Kola Real).
Con
referencia al tema del trabajo, cabe
señalar que sectores empresariales están abogando por una reforma del Código
Laboral que es considerada por las centrales sindicales como regresiva con
respecto a las condiciones laborales y a los derechos adquiridos por los
trabajadores en los últimos años. En forma específica pretende aumentar el
horario a 12 horas diarias de trabajo por cuatro días semanales y cancelar la
cesantía. No obstante el Ejecutivo haya nombrado la Comisión Especial para la
Revisión y Actualización del Código de Trabajo, los miembros que la componen
son prevalentemente representantes del sector empresarial y es prácticamente inexistente la representación obrera.
DEFENSOR DEL PUEBLO
Después
de una década de espera, (la ley que prevé esta figura había sido votada hace
12 años) por fin el Ejecutivo ha nombrado el defensor del pueblo en nuestro país,
quien deberá vigilar por las violaciones de los derechos humanos cometidas en
contra de los ciudadanos y ciudadanas de la República Dominicana. Sin embargo la elección de Zoila
Martínez, lejos de representar un avance hacia la realización de un efectivo
Estado de derecho, ha representado un momento de grave retroceso en ese
sentido, ya que ha sido viciada por irregularidades en el proceso de selección,
lo que ha motivado la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos a presentar un recurso de amparo ante el Tribunal
Constitucional. Hemos en reiteradas ocasiones denunciado que su elección ha
sido el resultado de una “acuerdo de aposento que se constituye en estocada
mortal a la democracia y a la credibilidad de sus instituciones”.
SALUD
Y EDUCACIÓN
Los
indicadores han revelado que la salud
dominicana va por mal camino. Oficialmente se han registrado 96 muertes por
causa del dengue y 38 por cólera, pero según ha denunciado el Colegio Médico
Dominicano hay un sub registro y las muertes por dengue sobrepasarían las 130 y
cerca de 50 las por cólera.
El
desmonte de la cuota de recuperación ha beneficiado en
lo económico a los usuarios de los servicios de salud de la red pública de
hospitales, pero según afirman los directores de los centros sanitarios, esa
medida está provocando la caída del sistema
en picada, pues el Ministerio de Salud no ha asumido totalmente la
responsabilidad de ese costo, al punto que algunos hospitales han sufrido
situaciones de carencias de materiales de primera necesidad.
Igualmente,
en el Sistema Dominicano de Seguridad Social se ha observado un deterioro
constante. Ejemplo es que el seguro del Estado, el Seguro Nacional de Salud se
encuentra enfrascado en una discusión con los centros especializados de la
Ciudad Sanitaria Dr. Luis Eduardo Aybar, cuyos directores acusan al Senasa de
pretender llevarlos a una situación de insostenibilidad económica, mientras le
niega servicios a los afiliados al Régimen Subsidiado.
A su vez
Senasa acusa a la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales de cuidar más
los intereses de las Aseguradoras de Riesgos de Salud y las clínicas privadas
que la de los afiliados. Como respuesta, la Sisalril acusa a la dirección de
Senasa de rehusarse a permitir que se fiscalice y se regule, lo que pone sobre
el tapete una evidente situación de corrupción que está haciendo colapsar el
sistema.
Eso en la
práctica significa una severa limitación al acceso a la medicina especializada
a millones de pacientes que de otra forma no pueden atender a los servicios
médicos privados con violación de su derecho a gozar de un servicio sanitario
público de calidad.
En el
aspecto educativo, es alentador el llamado y los trabajos que se están
realizando con miras a la firma del
Pacto Educativo, así como la ejecución del Plan Nacional de Alfabetización, que
ya lleva un año.
Sin
embargo asociaciones de la sociedad civil llaman la atención respecto a un
contexto de ilegalidad en que se estaría llevando a cabo el pacto Educativo,
que no cuenta todavía, como establecido por la Constitución y la Ley 1-12, que crea la Estrategia Nacional de Desarrollo y
que ordena que el referido pacto sea realizado en el seno del Consejo Económico
y Social que debió ser creado por ley y aún no se ha hecho.
A pesar
de que este año 2013 el Ministerio de Educación cuenta con el 4% del Producto
Interno Bruto establecido por el presupuesto, cerca de RD$100 mil millones, lo
cierto es que no se han visto avances tangibles en el sistema educativo
pre-universitario y sobre todo en las áreas rurales y aisladas del país la
situación respecto al acceso a la educación pública sigue siendo muy
preocupante, situándonos a los últimos niveles respecto a otros países se de la
región.
La mayor
parte del presupuesto ha sido destinada para la construcción de aulas, y aunque
el gobierno no alcanzará la meta de las 10 mil que se había propuesto para este
año, continúa con la misma política de los años pasados, carente de
planificación y estrategia hacia el objetivo
de garantizar una educación
pública, gratuita y de calidad a todos los dominicanos y dominicanas.
SEGURIDAD
CIUDADANA
En el año
2013 la ciudadanía ha vivido al filo de
la inseguridad. Ha sido un año marcado por la violencia, la inseguridad y la
desconfianza colectiva. Los asaltos y asesinatos han tocado a todos los sectores y capas sociales, desde
simples ciudadanos hasta militares de alto rango, lo que es ejemplo evidente
del fracaso del gobierno en materia de seguridad ciudadana.
Ante los
hechos criminales, el Gobierno responde, a través de la Policía Nacional y
las Fuerzas Armadas, con una política de mano dura, olvidándose de las raíces
del problema, como el desempleo y los
bajos salarios, entre ellos los de los militares y policías.
El Plan
Nacional de Seguridad implementado por el Ejecutivo para resolver el problema de
la seguridad ciudadana, se ha elaborado sin consultar las organizaciones de la
sociedad civil para la defensa de los derechos humanos y se enfoca solamente en
la represión del crimen sin tener en cuenta de las causas estructurales de la
delincuencia. Su medida más evidente en ese sentido es el patrullaje conjunto
de las calles efectuado por militares y policías y la masiva presencia de
chequeos militares en las autopistas, llamando la atención sobre una excesiva
militarización del territorio.
Este año
ha sido motivo de preocupación, además, por el auge e incremento del
narcotráfico, como expresado también por un reciente informe de la Agencia
federal antidroga de Estados Unidos DEA, sobre todo por el hecho de que alto
personal y altos oficiales de la Dirección Nacional de Control de Drogas, el
Ejército, la Policía y la Armada se han visto involucrados en el tráfico de
estupefacientes.
En el
aspecto de la seguridad ciudadana, se ha observado un deterioro paulatino del sistema
penitenciario dominicano, llegando a verse, incluso, una evidente pérdida del
control en algunos centros del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, que ha
sido prácticamente abandonado por las autoridades y que en su momento inicial
había sido valorado como ejemplo a seguir por las organizaciones
internacionales de defensa de los derechos humanos y por la Unión Europea.
VIOLENCIA
Y EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES
Este año
la violencia ha arrancado la vida a más de 1,500 personas, entre ellas un
estimado, sin confirmar aún, de 270 a manos de la Policía Nacional, en los ya
famosos “intercambios de disparos”. En la próxima semana, luego de terminar de
cotejar informaciones al respecto, la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos revelará la cantidad exacta y
brindará detalles de cada una de estas muertes. También cuentan entre los caídos
a causa de la violencia, unos 55 policías y militares, algunos de ellos en
situaciones dudosas que la propia Policía no ha aclarado.
Aunque
valoramos positivamente el proyecto de
Ley Orgánica de la Policía en el marco de la Reforma Policial, incluida en el
Plan Nacional de Seguridad Social, que el Presidente de la República Dominicana
ha presentado ante el Congreso, cabe
destacar que este proyecto, sin embargo,
no establece la responsabilidad de los superiores jerárquicos, ni la
responsabilidad civil de la policía como institución, con respeto a las violaciones de derechos humanas cometidas
por agentes de policía durante el desempeño de sus funciones.
Respeto a
la violencia de género, destacamos que
la República Dominicana continúa siendo
uno de los principales países del continente con la tasa más alta de
feminicidios en la región por cada 100.000 habitantes, según la CEPAL, el
tercer de América. Hasta el mes de
noviembre se habían registrado unos 65 casos de asesinatos de mujeres por parte
de sus parejas o ex parejas, tanto que el coordinador de la ONU en el país,
Lorenzo Jiménez de Luis ha llamado la atención al gobierno sobre este tema,
instándolo a asumirse la responsabilidad
de eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas.
LIBERTAD DE EXPRESIÓN
El 2013
podemos considerarlo como uno de los años más nefastos para la libertad de
expresión en nuestro país, tanto que diferentes organizaciones de la sociedad
civil, entre las cuales la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se han
visto en la obligación de llevar a cabo una campaña bajo el lema “Viva la
Libertad de Expresión” que tiene el objetivo de “visibilizar, sensibilizar y
concienciar al pueblo dominicano sobre la necesidad de desarrollar mecanismos
de apoyo moral y físico a quienes se les violenten por expresarse libremente,
mediante procesos de acción social, política y ciudadana”.
En los
últimos meses se han efectivamente incrementado las acciones de amenazas,
hostigamiento, persecución y espionaje a los periodistas y camarógrafos en
ejercicio de su profesión por parte de políticos y funcionarios públicos
corruptos.
Son ya 12
los periodistas sometidos a la justicia y alrededor de 40 los camarógrafos agredidos
en lo que va de este año.
SITUACIÓN AMBIENTAL
Respecto
a la situación ambiental en nuestro país podemos decir que sigue siendo grave y
el futuro de nuestros recursos naturales está en grave riesgo.
Más de
300 concesiones mineras y 400 en espera de autorización nos dan en alguna
manera una idea del rumbo que se le ha
impuesto al país en términos de políticas mineras y del modelo de explotación
de los recursos naturales que
responden a los intereses de algunos grupos empresariales nacionales y
transnacionales.
Además la
mayoría de las concesiones mineras se sitúan en las áreas de reservas acuíferas
de mayor importancia para nuestro país con el riesgo de contaminación de las
mismas que eso conlleva.
Una
expresión de esa política minera irresponsable es lo que acontece con las
pretensiones sobre Loma Miranda de parte de la minera Xstrata Nickel Falcondo,
que representa un recurso natural para nuestro país insustituible. La academia
de Ciencias de la República Dominicana, miembro de la Inter-American Network of
Academies of Sciences (IANAS) en su informe Loma Miranda: la huella ecológica y
social de la minería (2012) expresa lo siguiente: “Hay cosas tan valiosas que nunca deben negociarse, que no se deben
vender ni mucho menos alquilar (concesionarse).Loma Miranda es uno de esos
ejemplos insuperables e insustituibles, que no solo representa el segundo asiento de la vida más
valioso de La Española, sino, una inmensa mina de agua y que por algunos de los
caprichos de nuestra madre naturaleza, sorprendentemente curiosos y
maravillosamente misteriosos, está encima de un gran depósito de níquel. Loma
Miranda es un bien de la nación que ni se compra ni se vende. Se trata de una
invaluable riqueza de la patria puesta bajo resguardo de sus hijos del presente”.
También
el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) tras una solicitud
del mismo Estado dominicano se ha
expresado en el mes de mayo 2013 respecto a la explotación de Loma Miranda en
la siguiente forma: “El Estudio de
Impacto Ambiental(EsIA) presentado por la minera Xstrata Nickel Falcondo
para la explotación de Loma Miranda presenta varias deficiencias que le impiden
cumplir con las exigencias ambientales y sociales y, por tanto, no
aportaría al desarrollo sostenible del país. En tal sentido, el documento del
PNUD coincide con el estudio realizado por la Academia de Ciencias y con las
posiciones de medioambientalistas y ecologistas.
La
sociedad civil organizada está pidiendo
desde tiempo la inmediata
declaración de Loma Miranda Parque Nacional y
la destitución del director de la Dirección General de Minería, señor
Alexander Medina, ya que hay un evidente conflicto de intereses en la
gestión de este funcionario, por su condición de jubilado de la empresa
Falcondo.
La Comisión
Nacional de los Derechos Humanos, que en
su primer Congreso Nacional realizado en el mes de octubre del año pasado en Santo Domingo, ha asumido la defensa integral de los Desca
(Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales) entre sus
resoluciones indica específicamente la defensa al derecho a gozar de una ambiente sano y saludable para
todos los dominicanos y las dominicanas y la Resolución Especial sobre Loma
Miranda pide al gobierno que esta sea declarada Parque Nacional.
La
deforestación sigue afectando grandes porciones de nuestro territorio, a medida
que aumentan los monocultivos de palma africana y otros cultivos. El 80% de los
cursos hidrográficos sufre graves daños por erosión de suelos y por la misma
deforestación, además por contaminación
química y orgánica debida a la emisión en los mismos de cualquier tipo de desechos
sin ningún control. Eso es muy grave considerando que alrededor de la mitad de la
población dominicana no tiene acceso al agua potable y está consumiendo agua
altamente contaminada con graves consecuencias para la salud.
La ciudad
de San Pedro de Macorís, ya perjudicada por
diferentes problemas ambientales y sociales provocados por la masiva presencia
de industrias de diferentes tipos, se ve
ahora afectada enormemente por la construcción de la cementera Panam, de propiedad del grupo
Estrella, justo en el centro de la ciudad,
que está empeorando visiblemente la calidad de vida de sus pobladores con contaminación
ambiental y acústica. La Comisión
Nacional de los Derechos Humanos ha ido apoyando el justo reclamo del pueblo
macorisano a gozar y disfrutar de un medioambiente sano y saludable y una de
las Resoluciones especiales de nuestro primer Congreso Nacional de los Derechos
Humanos es “Por un San Pedro de Macorís Libre de Contaminación”.
En fin
podemos concluir que el año 2013 se ha caracterizado pon un grave deterioro de
la situación de los derechos civiles y políticos (como ocurrido con la
sentencia del TC 168-13) y también de los derechos económicos, sociales,
culturales, y ambientales, creando una grave situación de inseguridad y de
desprotección de toda la ciudadanía, a la cual la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos ha tratado de responder en manera firme, honesta y consecuente con pesar de las
dificultades sobretodo por lo que concierne
en el aspecto económico.
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