Fuente: 7 dias
De ahí la petición formal por parte de la entidad al presidente Danilo Medina, para que devuelva al Congreso la ley que introduce las modificaciones.
Reconoce que la reforma pretende ser una respuesta al grave problema de inseguridad ciudadana que afecta a la sociedad dominicana, pero advierte que hacerlo a través de medidas violatorias de la Constitución y tratados internacionales, sólo vendría a tratar de desviar la atención de la opinión pública sobre las verdaderas causas sociales de la criminalidad, como sería la desigualdad económica.
La CNDH, presida por el abogado Manuel María Mercedes, alerta además, sobre el interés de los promotores de la reforma de procurar consenso político a costa de un retroceso del estado de derecho y de las garantías jurídicas civiles de los dominicanos.
Como ejemplo, resalta la medida que establece la prisión preventiva como regla, cuando debería ser la excepción, por lo que lamenta que una vez más, en materia de defensa de derechos humanos, la República Dominicana se sitúe al margen de la comunidad internacional.
La institución hace referencia a un reciente informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) en el que se declara que el uso excesivo de la prisión preventiva como medida de coerción es contrario a la esencia misma del estado democrático de derecho, porque eventualmente resulta ser una pena anticipada, que a la vez violaría la Convención, la Declaración y los principios de la Carta de la Organización de los Estados Americanos”.
“La prisión preventiva, de hecho, además de representar un enorme costo económico para todo el sector judicial y por ende para todo el pueblo dominicano, lo que hace es favorecer el hacinamiento carcelario y afectar los tiempos de la gestión de la justicia”, apunta la entidad en un comunicado.
Querella ciudadana contra los corruptos
Con relación a la modificación del artículo 85 del CPP, la CNDH considera que al prohibir a los ciudadanos la posibilidad de querellarse contra los funcionarios corruptos o violadores de derechos humanos, representa una “injuria y afrenta a la digna lucha que desde hace tiempo se está llevando en el seno de varios sectores de la sociedad dominicana contra la corrupción y la impunidad”.
A través del documento insta al presidente Medina a rechazar “contundentemente” dicha reforma, por ser inconstitucional y violatoria de los tratados internacionales firmados y ratificados por el país en tema de protección y defensa de los derechos humanos, como son la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, la Convención Interamericana contra la Corrupción de la OEA, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Declaración Americana y la Convención Americana.
Advierte que de no ser observada la ley, la CNDH llevará adelante la lucha para el restablecimiento del estado de derecho.
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