INFORME ANUAL 2011 SOBRE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DE AMNISTÍA INTERNACIONAL

 

Jefe del Estado y del gobierno Leonel Fernández Reyna
Pena de muerte Abolicionista para todos los delitos
Población10,2 millones
Esperanza de vida 72,8 años
Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m) 37/29 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada 88,2 por ciento

• Información general

• Policía y fuerzas de seguridad

• Discriminación: personas migrantes haitianas y dominicanas de origen haitiano

• Derechos de las personas migrantes: expulsiones

• Tráfico y trata de personas

• Violencia contra mujeres y niñas

• Libertad de expresión: periodistas

• Informes y visitas de Amnistía Internacional

Según los informes, la policía cometió homicidios ilegítimos. La población de origen haitiano siguió sufriendo una discriminación y exclusión social arraigadas. La violencia contra mujeres y niñas continuaba siendo generalizada.

Información general

El 26 de enero entró en vigor una nueva Constitución. En abril, el historial de la República Dominicana en materia de derechos humanos fue sometido al examen periódico universal de la ONU y las autoridades del país se comprometieron a aplicar 74 de las 79 recomendaciones formuladas por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. La República Dominicana proporcionó un apoyo significativo a las operaciones humanitarias en Haití tras el terremoto que afectó a este país en enero.

Policía y fuerzas de seguridad

Según estadísticas policiales, entre enero y septiembre murieron 167 personas a manos de agentes de la policía. Las pruebas indicaban que muchos de estos homicidios podrían haber sido ilegítimos.

• El 27 de junio, la policía mató por disparos en Santo Domingo al estudiante Abraham Ramos Morel. Una patrulla motorizada de la policía había dado el alto a su automóvil y después había abierto fuego, a pesar de que Ramos había indicado que se iba a detener más adelante, en una zona más despejada. Al concluir el año dos policías estaban siendo procesados.

Hubo varios informes de torturas y otros malos tratos durante interrogatorios policiales.

• La policía detuvo a Juan Carlos Santiago en agosto y lo interrogó sobre el paradero de su hermano, buscado como sospechoso de asesinato. Juan Carlos Santiago denunció que le habían propinado una paliza mientras estaba esposado, durante el interrogatorio en la jefatura de policía de Santo Domingo.

Ni la policía ni los funcionarios judiciales determinaron el paradero de Juan Almonte Herrera, secuestrado en Santo Domingo el 28 de septiembre de 2009 por cuatro hombres a quienes los testigos identificaron como agentes de policía.

Discriminación: personas migrantes haitianas y dominicanas de origen haitiano

Un informe de la ONU sobre desarrollo humano concluyó que la situación económica de la mayoría de los haitianos que residían en la República Dominicana era peor que la de la quinta parte más pobre de la población dominicana. El hecho de que el gobierno no regulase adecuadamente la ley sobre migración contribuyó a que continuase la situación de exclusión y vulnerabilidad de las personas migrantes haitianas.

Acceso a la nacionalidad

Se negaron los documentos de identidad a millares de dominicanos de origen haitiano en virtud de una directiva emitida en marzo de 2007 por la Junta Central Electoral de la República Dominicana. La negativa a expedir documentos de identidad comportaba la negación de hecho de otros derechos, como el derecho a la educación y el derecho al empleo y a la ciudadanía.

• Las reiteradas peticiones de una cédula de identidad formuladas por Altagracia Polis desde 2007 fueron denegadas alegando que sus padres eran haitianos. Al no poder presentar unos documentos de identidad válidos, perdió su trabajo y no pudo proseguir sus estudios ni inscribir en el registro el nacimiento de su hija. Altagracia Polis nació en la República Dominicana; sus hermanos, que habían solicitado sus documentos antes de 2007, recibieron cédulas de identidad dominicanas.

Durante el examen periódico universal, la República Dominicana se comprometió a adoptar estrategias integrales para combatir el racismo –incluidas medidas específicas para proteger a las personas de origen haitiano–, así como a proteger los derechos de las personas migrantes. No obstante, el gobierno rechazó la recomendación de adoptar medidas para garantizar que no se negaba la ciudadanía a los dominicanos de origen haitiano ni se les sometía arbitrariamente a la cancelación retroactiva de sus documentos de nacimiento e identidad.

Derechos de las personas migrantes: expulsiones

Después del terremoto que asoló Haití, las autoridades dominicanas anunciaron la interrupción de las expulsiones de personas migrantes haitianas irregulares. Según organizaciones de derechos humanos, las expulsiones se reanudaron en julio a pesar de los llamamientos para que no se llevaran a cabo a menos que pudieran hacerse sin riesgos y con dignidad. En muchos casos, las expulsiones parecieron arbitrarias, y las personas afectadas no tuvieron la posibilidad de recurrir la medida.

Tráfico y trata de personas

Tras el terremoto de Haití, las organizaciones de derechos humanos informaron de un aumento del número de menores de edad haitianos objeto de trata introducidos en la República Dominicana.

Las autoridades anunciaron la creación de un centro especializado en la población de Haina para ofrecer asistencia inmediata a los menores de edad objeto de trata. Sin embargo, no se disponía de información sobre la eficacia de las medidas adoptadas por las autoridades para desmantelar las redes de trata.

Violencia contra mujeres y niñas

Según la Procuraduría General, entre enero y julio de 2010 el número de mujeres muertas a manos de su pareja o ex pareja aumentó un 20 por ciento respecto del mismo periodo de 2009.

La violencia sexual siguió siendo un fenómeno generalizado, y las niñas eran quienes corrían mayor peligro. Según organizaciones de mujeres, el sistema nacional de salud apenas podía proporcionar atención médica y psicológica adecuada a las víctimas de la violencia de género. Sin embargo, el Ministerio de Salud Pública adoptó protocolos para prestar atención integral a sobrevivientes de violencia intrafamiliar y otros tipos de violencia de género contra mujeres.

Libertad de expresión: periodistas

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa informó de que, durante la campaña electoral, por lo menos siete canales de televisión se vieron obligados a cerrar temporalmente o sufrieron el bloqueo de su señal de transmisión como consecuencia de las presiones políticas.

El Sindicato anunció también en noviembre que durante el año decenas de periodistas y otros trabajadores de los medios de comunicación habían sido hostigados o agredidos físicamente. En la mayoría de los casos, los autores no comparecieron ante la justicia.