Sentencia del Tribunal Constitucional de la República Dominicana amenaza el acceso a la justicia internacional para víctimas de violaciones de derechos humanos
(5 de noviembre de 2014 | Washington, D.C.) Kerry Kennedy y Santiago A. Canton, en representación del Centro Robert F. Kennedy para la Justicia y los Derechos Humanos (Centro RFK), condenan una sentencia del Tribunal Constitucional de la República Dominicana que invalida la aceptación por parte del Estado de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Particularmente, expresan su preocupación por el impacto de la sentencia en el acceso a la justicia internacional de todos los dominicanos, incluso los miles de dominicanos de ascendencia haitiana que han buscado protección de parte de la comunidad internacional y el sistema interamericano de derechos humanos.
"El diálogo internacional sobre la situación de los más vulnerables en laRepública Dominicana le dio al Estado una oportunidad para demostrar liderazgo a nivel mundial en el campo de los derechos humanos. En lugar de ello, el Tribunal Constitucional no solo ha fallado en proteger tales derechos sino que pretende negar a todos los dominicanos la posibilidad de tener acceso a la justicia internacional para la protección de sus derechos fundamentales", dijo Kerry Kennedy, Presidenta del Centro Robert F. Kennedy. "El Tribunal Constitucional está jugando a la política a costa de la misma gente que está encargada de proteger".
En su sentencia TC-256-14, el Tribunal Constitucional consideró que la aceptación por la República Dominicana en 1999 de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) fue inconstitucional. Esta última sentencia fue emitida en el marco de la protesta internacional generada tras el fallo del Tribunal Constitucional del año pasado (TC-168-13), que discriminatoriamente despojó a cientos de miles de dominicanos de ascendencia haitiana de su nacionalidad, lo que los dejó en situación de apatridia. En la primavera de este año el gobierno dominicano aprobó una Ley de Naturalización (169-14), que ha sido promovida como si fuera una solución a la masiva crisis humanitaria creada por la sentencia 168-13. Sin embargo, la ley en realidad arraigó aún más la sentencia discriminatoria para la mayoría de los individuos afectados - obligando a que cientos de miles de ciudadanos dominicanos se auto-reporten como extranjeros o se enfrenten a expulsiones forzosas. La más reciente sentencia del Tribunal Constitucional (TC-256-14) se publicó menos de dos semanas después de que la Corte IDH resolviera que tanto la sentencia 168-13 como ciertas disposiciones de la ley 169-14 violan las obligaciones del gobierno dominicano bajo la Convención Americana sobre Derechos Humanos, incluso el derecho a la nacionalidad y el derecho a la identidad, en el Caso de Personas Dominicanas y Haitianas Expulsadas Vs. Republica Dominicana.
"El Tribunal Constitucional de la República Dominicana ha avergonzado nuevamente a su país al ignorar abiertamente sus obligaciones legales internacionales", dijo Santiago A. Canton, Director Ejecutivo del Programa de Derechos Humanos del Centro RFK. "Si bien el impacto de la sentencia aún está por verse, el gobierno dominicano permanece obligado en virtud de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de los múltiples otros tratados de derechos humanos de respetar, proteger y garantizar los derechos de todas las personas en su territorio, sin discriminación".
La República Dominicana ha sido un Estado parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos desde 1978, y en 1999, el gobierno dominicano proporcionó un nivel adicional de protección internacional para su pueblo mediante la aceptación de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el más alto tribunal de derechos humanos en el hemisferio.
Fundado en 1968, el Centro Robert F. Kennedy para la Justicia y los Derechos Humanos (Centro RFK) tiene como misión avanzar la visión de Robert F. Kennedy de un mundo más justo y pacífico. En asociación con defensores de derechos humanos del mundo entero, RFK Partners for Human Rights es la rama de litigio, promoción de derechos, y denuncia de violaciones del Centro RFK.
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