EL INFORME SE QUEDA CORTO EN CUANTO A LAS VIOLACIONES A LA CONSTITUCION, LA CORRUPCION Y LA INFILTRACION DEL NARCO EN ESTAMENTOS CIVILES Y MILITARES

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) valoró como justo el Informe 2010 sobre Derechos Humanos en República Dominicana dado a conocer por el Departamento de Estados de los Estados Unidos, señalando que en un gran medida se apega a la verdad.

Sin embargo, el doctor Manuel María Mercedes y el periodista Rafael Alonso, presidente y director ejecutivo de la CNDH, respectivamente, observaron que “por cuestiones relativas a la delicadeza diplomática hacia un gobierno aliado, el informe se queda corto en muchos aspectos, sobre todo en lo relativo a la descarada corrupción gubernamental y la evidente infiltración del narcotráfico en los más altos estamentos civiles, militares y policiales”.

Para la CNDH, “el Informe del Departamento de Estado dado a conocer por la Embajada de Estados Unidos, se ajusta en gran medida a la verdad, y retrata a la República Dominicana como un país donde la corrupción, los abusos, la discriminación y la impunidad son el plato del día, aupado por los estamentos y grupos de poder”.

“Las violaciones a la Constitución, las maniobras de blindaje legal promovidas desde el Poder Ejecutivo, con la complicidad del Poder Judicial y el Poder Legislativo, controlados directamente por el presidente de la República, no son señalados por el informe del Departamento de Estado, a pesar de la evidente corrupción que ello implica y el propósito de impedir que una justicia soberana les obligue a rendir cuentas”, subraya.

La CNDH dijo que, no obstante, el informe se ajusta a la realidad del país, teniendo una gran similitud con el propio presentado el 13 de diciembre de 2010, por lo que lo apoya sin reservas.

En ese orden, la institución defensora de los derechos fundamentales defendió las metodologías usadas para contabilizar violaciones como muertos en “intercambios de disparos”, muertes violentas y desapariciones.

Al respecto, reveló que está en proceso de instalar un observatorio nacional, a fin de documentar cada caso denunciado, ya que las autoridades siempre tienden a desinformar al respecto, precisamente para evitar informes como los presentados en diciembre de 2010 por la CNDH y el Departamento de Estado de los Estados Unidos.