Documento de posición
París, 6 de marzo de 2015 – El lunes 9 de marzo, dará inicio el proceso Beijing+20, que consiste en evaluar los avances alcanzados en materia de igualdad entre las mujeres y los hombres desde la adopción de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing hace 20 años. A pesar de la hoja de ruta establecida en 1995 por los Gobiernos para eliminar la discriminación de las mujeres, tanto de tipo legal como práctica, en 2015 es necesario admitir que no ha existido la voluntad política necesaria para transformar estos compromisos en acciones. Por otra parte, la FIDH expresa su indignación por los graves retrocesos en materia de derechos de las mujeres que han tenido lugar en determinados países en el transcurso de los últimos años.
Durante la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer que se celebró en Beijing en 1995, los Gobiernos del mundo entero afirmaron que "[L]os derechos de la mujer son derechos humanos". Constataron que "la situación de la mujer ha avanzado en algunos aspectos importantes en el último decenio, aunque los progresos no han sido homogéneos, persisten las desigualdades entre mujeres y hombres y sigue habiendo obstáculos importantes, que entrañan graves consecuencias para el bienestar de todos los pueblos." 20 años más tarde esta constatación permanece inalterada.
En Beijing los Estados se comprometieron a garantizar la igualdad y a eliminar la discriminación en un plazo de 10 años, es decir antes de 2005. En 2015, en numerosos países persisten leyes discriminatorias, especialmente en los ámbitos del matrimonio, de la nacionalidad y del acceso a la propiedad y a la herencia. Así, según los códigos de familia en vigor en diversos Estados, como Burkina Faso, Egipto, Gabón, Indonesia, Marruecos o Senegal, los hombres tienen derecho a casarse con varias mujeres. Esta lista se ha hecho más larga recientemente, tras las reformas legislativas que se han llevado a cabo en Mali, en 2011, y en Kenia en 2014. En Afganistán, Arabia Saudita, Burundi, Guinea Conakry, Nicaragua, Sudán y Yemen la ley impone a las mujeres un deber de obediencia hacia su marido. Numerosas legislaciones contienen elementos de discriminación con respecto de la edad legal de matrimonio, como las leyes vigentes en Camerún o en la República democrática del Congo (RDC). En muchos países, como en Bahrein o Líbano, la ley impide que las mujeres transmitan su nacionalidad a su cónyuge extranjero y a sus hijos. Las legislaciones relativas al acceso a la propiedad y a la herencia siguen siendo discriminatorias en todos los países de África del norte y de Oriente Medio, en los que las mujeres no heredan más que la mitad de la parte que corresponde a un hombre, como ocurre igualmente en Chile. En Irán, el testimonio ante la justicia de un hombre equivale al testimonio de dos mujeres.
Los estados firmantes de la Declaración de Beijing se comprometen a "prevenir y eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas." En 2015, el derecho nacional de muchos países sigue sin cumplir sus obligaciones en materia de prevención y represión de la violencia contra las mujeres. Diversos Estados, como Líbano, Armenia, RDC, Costa de Marfil, Gabón, Egipto, Haití y Níger siguen sin adoptar una legislación que sancione específicamente la violencia conyugal, y sus autores continúan disfrutando de una impunidad casi absoluta. La violación conyugal no está penalizada en la República Centroafricana (RCA), RDC, Egipto, Haití, Camerún, Costa de Marfil, Líbano, Mali, Marruecos y Senegal. En Túnez, la ley permite que el violador evite la sanción si se casa con su víctima menor de edad. En Egipto y en Siria, la ley prevé una reducción de pena para los hombres que maten a su mujer en nombre del "honor". En diversos Estados, la casi totalidad de las mujeres y las niñas son víctimas de mutilaciones genitales femeninas, sin que se adopten las medidas necesarias para lograr su eliminación. En Somalia son víctimas de estas prácticas el 98%, en Guinea el 96 %, en Yibuti el 93 %, en Egipto el 91% y en Mali el 89%.
En numerosas situaciones de conflicto, las mujeres de las niñas se convierten en objetivo. En la RDC, Darfur y Sudán del Sur, así como en Somalia, se siguen cometiendo violaciones y otros crímenes sexuales a gran escala. Las víctimas no tienen casi nunca acceso a la justicia, de modo que sus verdugos gozan de total impunidad. Grupos fundamentalistas, como Daesh en Iraq y en Siria, o Boko Haram en Nigeria, preconizan la exclusión de las mujeres y de las niñas de la vida pública y cometen violaciones, secuestros y matrimonios forzados, a la vez que practican la esclavitud sexual.
Según la declaración de Beijing de 1995, "la paz [...] está inextricablemente vinculada al adelanto de la mujer, que constituye una fuerza fundamental para la dirección de la comunidad, la solución de conflictos y la promoción de una paz duradera a todos los niveles." El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas hizo esta constatación al adoptar la resolución 1325, que reafirmó en las resoluciones siguientes sobre "Mujeres, paz y seguridad". Sin embargo, aún en 2015, las mujeres siguen experimentando grandes dificultades para lograr estar representadas en los procesos de transición política y de paz.
En Oriente Medio, a pesar de que los cambios provocados por la primavera árabe hayan abierto las posibilidades de promoción de la igualdad, también han contribuido a crear riesgos de regresión. En Egipto, la participación de las mujeres en el proceso de transición se ve amenazada por la continua violencia de la que son víctimas las que intentan ejercer su derecho a participar en la vida pública. En Siria, el actual conflicto tiene una repercusión especial en las mujeres en las jóvenes, al aumentar su vulnerabilidad y los actos violentos en razón de su sexo.
Se han producido retrocesos flagrantes en materia de derechos reproductivos y sexuales. En 1995, los Gobiernos manifestaron que "[E]l reconocimiento explícito y la reafirmación del derecho de todas las mujeres a controlar todos los aspectos de su salud, en particular su propia fecundidad, es básico para la potenciación de su papel." Sin embargo, en todos los continentes persisten legislaciones represivas que criminalizan el recurso al aborto, lo que da lugar a graves vulneraciones de los derechos de las mujeres. En 2004, España evitó una reforma cuyo objetivo era limitar de forma drástica el acceso al aborto, gracias, sobre todo, a una movilización masiva de los defensores y defensoras de los derechos de las mujeres. En Turquía, el aborto está autorizado desde 1963 y, sin embargo, el presidente ha expresado claramente su voluntad de limitar el acceso a esta práctica. En Nicaragua, El Salvador, Chile y República Dominicana, la interrupción voluntaria del embarazo está prohibida sin ningún tipo de excepción. En Irlanda, Senegal, Costa de Marfil y Bangladesh existen leyes extremadamente restrictivas que no permiten levantar la prohibición de abortar más que cuando la vida de la mujer corre peligro. En Polonia, el aborto está prohibido desde 1997, salvo en los supuestos de violación, incesto, malformación del feto o peligro para la vida de la mujer. Todas estas legislaciones comportan, además, obligaciones en materia de procedimiento que impiden a las mujeres recurrir al aborto en la práctica, incluso en los casos previstos por la ley. Las mujeres que recurren de manera clandestina al aborto corren riesgos, que a veces son mortales, para su salud, y pueden incurrir en penas de prisión de hasta varias decenas de años, en determinados países.
No se trata simplemente de "nuevos desafíos" que hayan surgido en la lucha contra la discriminación de las mujeres, sino de verdaderos peligros que amenazan diariamente la libertad y la vida de las mujeres y las niñas. Tal como nos ha demostrado el reciente rechazo por parte del Parlamento Europeo del informe Zuber, que instaba a los Estados a garantizar la igualdad entre las mujeres y los hombres en el contexto de la crisis económica, y del informe Estrela sobre los derechos reproductivos, incluso en el seno de las organizaciones multilaterales donde estos valores parecían adquiridos, hay actos no vinculantes de promoción de los derechos de las mujeres que no logran ser adoptados.
Los Gobiernos deben comprometerse firmemente a eliminar las leyes discriminatorias que aún están vigentes. En la mayoría de los casos, se trata simplemente de cumplir las obligaciones internacionales que ya han adquirido.
Los defensores y defensoras de los derechos de las mujeres que luchan por la igualdad a menudo deben pagar un alto precio como demuestran, por ejemplo, las amenazas de muerte que pesan sobre la defensora mauritana Aminetu Mint el Moctar o los asesinatos de las defensoras libias Salwa Bugaighis e Intisar al Hasiri y de la defensora congoleña Kasoki D’arcise. Resulta primordial que los Gobiernos se comprometan a adoptar medidas urgentes para garantizar su seguridad y les permitan ejercer sus actividades sin temor a represalias.
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