República Dominicana: Acabar con los abusos policiales para cumplir el tratado de la ONU
La policía de la República Dominicana debe romper con su vergonzosa práctica de abusos para cumplir las disposiciones de la Convención de la ONU contra la Tortura.
República Dominicana debe romper con su vergonzosa práctica de abusos policiales ahora que ha ratificado la Convención de la ONU contra la Tortura, ha dicho Amnistía Internacional.
El tratado internacional, que prohíbe la tortura y otros malos tratos bajo custodia policial, entra en vigor en el país caribeño el jueves 23 de febrero.
Amnistía Internacional ha documentado terribles niveles de abuso de la policía en el país, incluidas torturas y homicidios ilegítimos.
“Hay que elogiar a la República Dominicana por haberse incorporado a este importante tratado para combatir la tortura”, ha dicho Javier Zúñiga, asesor especial de Amnistía Internacional.
“Pero las autoridades del país, y en particular la Policía Nacional, deben terminar de una vez por todas con prácticas de abuso que existen desde hace decenios, y ponerse manos a la obra para cumplir las disposiciones del Tratado haciendo cumplir la ley de forma respetuosa con los derechos humanos.”
Una vergonzosa práctica de abusos
En un informe publicado en octubre de 2011, Amnistía Internacional documentó un panorama inaceptable y persistente de abusos policiales en República Dominicana.
Según la Procuradoría General, la policía mató a 289 personas en 2011, frente a las 260 del año anterior. Más de una décima parte de los homicidios registrados en el país en 2011 fueron cometidos por la policía.
La investigación de Amnistía Internacional ha documentado la frecuente práctica de detener a las personas y someterlas a tortura y otros malos tratos bajo custodia policial, a menudo sin que estén acusadas formalmente ni condenadas por ningún delito. La investigación mostró también que la mayoría de estos casos no son adecuadamente investigados y que las autoridades niegan que en el país haya tortura.
“12 días de tortura”
En julio de 2009, Denis Antonio González fue detenido por la policía en Monte Plata, a 50 km al norte de la capital, Santo Domingo, en relación con el presunto secuestro de Jacinto Reinaldo Gimbernard Pratt, profesor e hijo de un respetado intelectual dominicano.
Unos 20 agentes de policía llegaron al domicilio de González a las 6 de la mañana de un jueves para detenerlo.
Inicialmente lo colgaron de un árbol y lo golpearon hasta que el jefe de la investigación llegó al lugar y ordenó que lo bajaran. Al hacerlo, González se cayó del árbol y se rompió el hombro.
Luego lo tuvieron bajo custodia 12 días, que González describe como “12 días de tortura”, durante los cuales no le dieron de comer y lo golpearon salvajemente.
“Cada día me sacaban a las ocho de la mañana de la celda, y me llevaban para la finca para buscar [a Jacinto Reinaldo Gimbernard Pratt]”, dijo a Amnistía Internacional.
“Me ponían mi cabeza en dos fundas negras, me echaban gas pimienta en los ojos y a veces corriente […] Bastantes veces llegué a escupir a la cara del mayor para que me matara, que yo no aguantaba. [...] Como nosotros no sabíamos dónde estaba este hombre no podíamos decir nada, y eso era tortura y tortura”.
Denis Antonio González quedó en libertad sin cargos después de que Jacinto Reinaldo Gimbernard Pratt fue encontrado con vida y negó haber sido secuestrado.
Investigaciones e indemnización
Para la plena aplicación del tratado recién ratificado, las autoridades de República Dominicana tendrán que garantizar que, siempre que haya motivos razonables para creer que se ha cometido un acto de tortura, se procederá a una investigación pronta e imparcial.
También deberán garantizar que las víctimas de abuso tienen acceso a reparación y a rehabilitación médica y psicológica.
“Las víctimas de tortura policial en República Dominicana deben tener acceso a la justicia y a obtener reparación adecuada por su sufrimiento”, ha dicho Javier Zúñiga.
Un año después de que el tratado entre en vigor en la República Dominicana, se exigirá a las autoridades que presenten un informe sobre su cumplimiento al Comité contra la Tortura de la ONU.
Javier Zúñiga, asesor especial de Amnistía Internacional
Mié, 22/02/2012
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