FIDH- Federación
Internacional de Derechos Humanos
CNDH- Comisión
Nacional de losDerechos Humanos
RNDDH
- Réseau national de défense des droits de l'Homme
 |
| Integrantes de la FIDH y directivos de la CNDH en rueda de prensa |
Estimados miembros de la
prensa,
La
Federación
Internacional de los Derechos Humanos (FIDH)
y sus organismos miembros, la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos
de la República Dominicana (CNDH-RD) y Réseau
National de Defense des Droits de l'Homme (RNDDH) de Haití desean
brindarles y compartir con ustedes hoy las opiniones obtenidas a
raíz de la misión de investigación que han realizado en la
República Dominicana entre el 28 y el 4 de julio del 2015 los
encargados de la misión Catherine Delanoë, (abogada, París),
Emmanuel Daoud (abogado,París), el Dr. Manuel María Mercedes
(CNDH-RD) y Viles Alizar (sociólogo de la RNDDH, Haiti).
Es
sabido que la República Dominicana está atravesando por uno
de sus más difíciles momentos respecto a las relaciones con la
comunidad internacional, a raíz de las dos
sentencias del Tribunal Constitucional,
la n.168/13
con la que Juliana Deguis y más de 200mil dominicanos de ascendencia
haitiana han sido despojados de su ciudadanía y por ende de sus
derechos civiles y políticos y la sentencia n. 256/14
que ha declarado inconstitucional el instrumento de aceptación de
la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero también por la
Ley de
Naturalización n. 169/14 del
21 de mayo del 2014 y por el Plan
Nacional de Regularización de Extranjeros (PNRE)
que ha terminado este 17 de junio de 2015.
Estos
acontecimientos han provocado la focalización de la opinión
pública nacional e internacional y han invisibilizado
situaciones gravísimas como la realidad terrible de las
condiciones laborales de los trabajadores en las plantaciones de caña
de azúcar y la violaciones de los derechos fundamentales de los
ciudadanos como
las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas y los
abusos policiales, incluso casos de tortura.
Lamentablemente,
son también innegables las violaciones a los derechos humanos de
nacionales haitianos y de dominicanos de ascendencia haitiana, que se
han dado en el marco de la implementación de la Ley de
Naturalización y del PNRE, que han llevado riesgos
posibles de apatridia y de deportaciones.
Por
otro lado no podemos olvidar las consecuencias nefastas de la
sentencia n. 256/14 que pone de espaldas el país al Sistema
Interamericano de Derechos Humanos dejando desprotegida la población
frente a las violaciones de derechos humanos cometidas por el Estado.
Sin
embargo deseamos aclarar que esta rueda de prensa no tiene por
objetivo presentar conclusiones ya que las investigaciones de la
misión no han terminado. En realidad se presentan solamente algunos
puntos clave que han sido el resultado de las múltiples entrevistas
y reuniones que se han desarrollado a lo largo de estos días. Estos
puntos clave se desarrollarán en un informe completo que será
presentado a la opinión pública nacional e internacional y
publicado por la FIDH.
1- República Dominicana y
Corte Interamericana de Derechos Humanos
El Tribunal Constitucional en
fecha 4 de noviembre de 2014 ha emitido la sentencia n. 256/14 con la
que se declaraba inconstitucional el instrumento de aceptación de la
Corte Interamericana de los Derechos Humanos.
Hay que decir que esta sentencia
está viciada por un sinnúmero de errores jurídicos en los cuales
no vamos a entrar. Lo que es incuestionable es que con esta
sentencia se:
- impide el acceso a los mecanismos de protección y de justicia internacionales a todos los dominicanos, incluso los miles de dominicanos de ascendencia haitiana que han buscado protección de parte de la comunidad internacional y del sistema interamericano de derechos humanos.
- violan tratados internacionales firmados y ratificados por la República Dominicana.
- viola la misma Constitución Dominicana en su artículo n. 74, numeral 3 que dice que “los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos suscritos y ratificados por el Estado dominicano tienen jerarquía constitucional y son de aplicación directa e inmediata por los tribunales y demás órganos del Estado".
La sentencia representa
un precedente cuya gravedad hay que subrayar de manera muy solemne ya
que el Estado Dominicano se pone al margen de la comunidad
internacional y crea un grave retroceso jurídico, porque su
responsabilidad es de hacerse garante de los tratados internacionales
en temas de derechos humanos.
2– Desnacionalización, apatridia y
riesgo de deportación de ciudadanos dominicanos de ascendencia
haitiana.
La « Ley
de Naturalización » n.169/14 del 21 de mayo 2014 ha
sido un tentativo para poner orden respecto a la situación creada
por la sentencia n. 168/13 del Tribunal Constitucional del 23 de
septiembre del 2013 y ha creado dos grupos poblacionales distintos
en la República Dominicana:
- el “Grupo A” formado por los hijos de padre y madre extranjeros no residentes, nacidos en la RD entre el 16 de junio de 1929 y el 18 de abril de 2007, inscritos en el Registro Civil Dominicano en base a documentos no reconocidos. Para ellos, la solución consiste en un proceso de “regularización” con la Junta Central Electoral (JCE), después del cual se verán “re-naturalizados” e inscritos en un Registro llamado “Libro de Nacimiento”;
- el “Grupo B” formado por los hijos de padre y madre extranjeros no residentes, nacidos en la RD, y que no figuran inscritos en el Registro Civil. Para ellos la solución consiste en registrarse, en un plazo de tiempo de 90 días, cómo extranjeros en otro Registro llamado “Libro de Extranjería”. Después de 2 años, tendrán derecho a pedir la Nacionalidad Dominicana, en un proceso que depende del poder discrecional del Gobierno y que tendrá un costo de por lo menos 45.000 pesos.
Según los
propios datos ofrecidos por el Gobierno dominicano:
- se otorgará la nacionalidad dominicana a 55.000 personas del Grupo A,
- se han registrado 8.755 personas en el Grupo B a la fecha máxima del 1 de Febrero 2015.
Todo
lo antes mencionado comporta los siguientes problemas jurídicos:
- discriminación entre ciudadanos del mismo país, quienes al finalizar el Plan de Naturalización figuraran inscritos en 3 registros distintos: el Registro Civil, el Libro de Nacimiento y el Registro de Extranjería.
- injusticia, ya que las errores o fallos de inscripción en el Registro Civil no se deben a responsabilidad de esos ciudadanos, sino en la mayoría de los casos, a las mismas autoridades dominicanas.
- muchos de los 55.000 del Grupo A todavía no han recibido sus cédulas y no se conoce cuando las recibirán, mientras tanto, se quedan temporalmente apátridas sin posibilidad de gozar de sus derechos fundamentales como salud, educación, trabajo, vivienda, y sin poder ejercer sus derechos civiles y políticos como el derecho de voto y de poder libremente viajar.
- incertidumbre que perjudica los hijos del Grupo A, quienes según los datos disponibles serían alrededor de 200.000 personas
- incertidumbre que perjudica las 8.755 personas del Grupo B quienes han tenido que registrarse cómo extranjeros en su propio país y tendrán que esperar cómo mínimo dos años más para tener una nacionalidad. Mientras tanto, ¿cuál serán su nacionalidad y su estatus?
según los
datos estadísticos, faltan
unas decenas de miles de personas en el Grupo B,
quienes tendrían que ser entre 60.000 y 200.000 personas, en vez de
sólo 8.755, lo que implica riesgo de apatridía y riesgo de
deportación para decenas de miles de dominicanos más de
ascendencia haitiana de los cuales tampoco las autoridades conocen
el número exacto. ¿Cómo hacer que esas personas sean
identificadas y recuperen su existencia jurídica?
Todos esos
hechos constituyen violaciones de los derechos fundamentales de cada
ser humano respeto al reconocimiento de la personalidad jurídica,
nacionalidad, identidad, igualdad ante la ley, entre otros derechos
consagrados por la Constitución Dominicana en su Art. 55 y sig. y
por el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos.
Hoy
en día en la República Dominicana la situación paradójica que se
presenta en muchos hogares es que se encuentran familias con hijos de
los mismos padres de nacionalidad distinta, algunos haitianos y
otros dominicanos, mientras, como consecuencia de la Sentencia n.
168-13 del Tribunal Constitucional y de la Ley n. 169-14,
cientos de miles de dominicanos de ascendencia haitiana son privados
de sus derechos civiles y políticos fundamentales.
Además, y en
concreto, hay que subrayar que la gran mayoría de los que no han
podido registrarse son dominicanos de ascendencia haitiana, lo que
constituye una privación discriminatoria de la nacionalidad,
prohibida por la Constitución Dominicana y el derecho internacional.
3
–Regularización de inmigrantes indocumentados (PNRE)
El
PNRE es un programa de regularización muy ambicioso. Nos ha
permitido tener la idea de las personas alcanzadas y conocer la
identidad de casi 300 personas inmigrantes que presuntamente en un
futuro podrán esperar regularizar su posición migratoria y gozar de
sus derechos fundamentales.
Sin
embargo de los que entregaron su expediente completo, no se conoce
cuál será el estatus migratorio que el Gobierno les proporcionará.
Según
los últimos datos, a la fecha termine del 16 de junio 2015, un
total de 288.466
personas se han inscrito en el PNRE para solicitar su regularización,
es decir:
- 95.164 con un pasaporte extranjero: ellos podrían recibir una carta de “residente provisional” para 2 años o una estampilla especifica en su pasaporte (cuesta menos).
- 102.940 con un acta de nacimiento y 69.997 con una tarjeta de identidad: podrían recibir una carta de “residente provisional” para 1 año.
- 20.365 que no tenían ningún documento (a pesar de que presuntamente trabajan aquí desde décadas) y no se sabe todavía que va a ocurrir con ellos.
Pero
ese proceso de regularización está todavía lejos de su
cumplimiento: el pasaporte o acta de nacimiento sólo es el primer
requisito necesario para la entrega de la documentación. Cada
persona tiene que entregar por lo menos 7 documentos más, entre
ellos algunos como el certificado de la Junta de Vecinos que si bien
debería ser gratuito en la realidad durante este proceso ha costado
desde 200 hasta 2mil pesos, así como el certificado de la iglesia.
Sucesivamente cada uno de estos documentos tiene que ser
autentificado y legalizado por un abogado notario antes de ser
depositado en la Procuraduría. Según
informes el costo medio de un expediente completo es de 12mil a 15mil
pesos.
Un
picador de caña cobra por ejemplo 150 a 300 pesos por día: ¿cómo
puede pagar ese precio?
Los
requisitos además son diferentes de una Gobernación a otra,
mientras que para terminar el proceso hay que ir a la Gobernación
hasta cuatro veces perdiendo días de trabajo.
Otra
dificultad se ha dado en el caso de los trabajadores cuyos
empleadores no les entregaban recibos de salario que eran uno de los
requisitos necesarios.
En
cuanto al Programa
de Identificación y Documentación « PIDIH »,
con cual la Embajada de Haití se había comprometido a proporcionar
los documentos a sus ciudadanos para que estas personas pudieran
aplicar al PNRE, todos los observadores lo han descrito como un
fracaso.
Eso
sí se puede concluir que el verdadero problema
no es un problema de migración, de racismo o de apatridia: ¡el tema
es la explotación y la violación de derechos de gente
vulnerable y frágil, que no conoce sus derechos laborales ni
civiles!
¿Quien
se aprovecha de esta situación?
4.
Condiciones laborales de los trabajadores de los bateyes-explotación
del trabajo
La
FIDH en el transcurso de la misión en el país ha podido visitar
algunos bateyes y comprobar las condiciones laborales y de vida de
los trabajadores haitianos, empezando por la forma de pago que en
muchos casos no es por hora sino por tarea sembrada o cultivada o por
peso de caña cortada. Sobre estos elementos el trabajador nunca
tiene un control directo. No se paga además en efectivo sino por
boletas o bonos.
Respecto
al sistema de protección social y de salud y de pensiones también
podemos decir que los trabajadores haitianos que trabajan en los
bateyes se encuentran desamparados.
En
las próximas semanas todos estos datos saldrán con más detalle en
el informe que será difundido por la FIDH.
5.
Inseguridad pública, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones
forzadas y torturas.
La ciudadanía dominicana vive en
un clima permanente de inseguridad dado los altos índices de
criminalidad y violencia en las calles.
Según nos han informado, la
República Dominicana ha registrado espantosos índices, cercanos al
70%, de muertes o heridas provocadas por armas de fuego; índice
alcanzado solo por países como El Salvador, Guatemala y Honduras,
aunque la tasa de los homicidios y de los crímenes haya bajado.
Las fuerzas de policía,
lejos de ser vistas y percibidas como aliadas del ciudadano para
luchar contra la criminalidad, muchas veces son consideradas como la
personificación del verdadero criminal y asesino.
Según las
misma fuentes policiales, desde principios de este año el número
de policías asesinados es de 27 y de heridos es de alrededor de
100 en los famosos "intercambio de disparos".
Nosotros no estamos convencidos
que todos sean verdaderos "intercambio de disparos " los
que han provocado desgraciadamente estas muertes y heridas.
En cambio, lo que está claro
es que más de 100 ciudadanos han muerto a manos de la
PolicíaNacional y que no todos eran criminales, a pesar de que en
este país la pena de muerte no sea contemplada en el Código Penal.
Reuniones con el Comité de
Familiares de Víctimas de Ejecuciones Extrajudiciales y
Desapariciones Forzadas, nos han permitido comprobar que hay varios
casos de abusos policiales y violaciones graves de derechos humanos
en los cuales están involucradas las fuerzas de seguridad pública.
Estos casos no están siendo procesados debidamente por las
autoridades dominicanas, ya que a los los familiares no se les ha
brindado respuestas claras y ciertas de parte de las autoridades. El
resultado es una gran impunidad para los responsables y falta
de reparación para las víctimas.
Recordamos que en los casos de
desaparición forzada, siendo un crimen de lesa humanidad, es el
Estado que responde directamente ante los organismos internacionales.
La objetividad sin embargo nos
deja pensar que frente a esta situación la Policía Nacional no se
quede de “brazos cruzados"
.
En efecto, varias reformas se
están iniciando o cumpliendo, cuyos efectos se percibirán,
esperamos, a medio y largo plazo y serán:
- reforma integral de la Policía Nacional.
- readecuación del sistema educativo de la Policía Nacional, que garantice la capacitación y formación integral de los efectivos.
- desarrollo de una Policía de Proximidad.
- creación de un Código de Ética de la Policía Nacional (Decreto n. 358/13).
- Reglamento sobre el uso de la fuerza en la Policía Nacional (Resolución 011/14).
La
FIDH es una ONG Internacional que defiende todos los derechos,
civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, tal como
están enunciados en la Declaración
Universal de Derechos Humanos.
Su acción se inscribe en el terreno jurídico y político, con el
objetivo de reforzar los instrumentos internacionales de protección
de los derechos humanos y velar por su aplicación. La
FIDH ha sido fundada en 1922 y tiene sede en Paris. Hoy en día es
integrada por 178 organizaciones de derechos humanos de más de 100
países en todo el mundo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Deje su comentario aqui