Nota de Prensa

Examen Periódico Universal a República Dominicana: Oportunidad para los Derechos Humanos

(Santo Domingo, 29.1.2014) El Examen Periódico Universal (EPU) al que será sometido el Estado dominicano el 5 de febrero en Ginebra, Suiza, es una evaluación periódica sobre sus compromisos y obligaciones convencionales en materia de derechos humanos. Este momento representa una oportunidad para que el Estado cumpla con sus responsabilidades constitucionales y de derecho internacional, y sirva a la vez para impulsar políticas públicas consistentes con una perspectiva de Derechos Humanos. 

Las organizaciones de la sociedad civil, conscientes de la importancia del Examen Periódico Universal, exhortan a las autoridades a aceptar las recomendaciones que reciba y a establecer un Plan Nacional de Derechos Humanos.

“El Estado Dominicano debe comprometerse a elaborar y ejecutar un Plan de Derechos Humanos, junto a la Sociedad Civil, que trace el camino hacia una sociedad más justa y equitativa para los dominicanos y dominicanas”, expresó Manuel María Mercedes, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Por su parte, Sergia Galván, Directora de la Colectiva Mujer y Salud, manifestó que el EPU “es una oportunidad para que en la República Dominicana exista un abordaje de políticas públicas con perspectiva de derechos humanos”. Además, añadió que “el Estado Dominicano y la sociedad tienen que ver la evaluación como una oportunidad para efectivamente mejorar la situación de los derechos humanos en el país”. 

El EPU es una oportunidad para construir políticas públicas acordes a las necesidades reales del país, que respondan a las expectativas sobre la vigencia efectiva de los derechos humanos, durante y después de la evaluación del Consejo de Derechos Humanos. 

Con este objetivo, un conjunto de 8 coaliciones de la Sociedad Civil, elaboraron 8 informes sobre Migración, LGBTII, Derechos de las Mujeres y Niñez, Derechos de las Personas con Discapacidad, Seguridad Ciudadana, Nacionalidad y Democracia, exponiendo las fortalezas y áreas de mejora para una efectiva protección de los derechos humanos en el país. Los informes fueron enviados a todos los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Esta es la segunda revisión que se le hace al Estado por lo que debe responder a las 74 recomendaciones que prometió implementar de 2009 a 2013. Entre ellas está mejorar la situación de los niños y niñas, implementar políticas públicas según la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, implementar una estrategia de derechos humanos, garantizar la equidad de género y combate contra la violencia a la mujer, promover acciones contra la discriminación racial, por orientación sexual y a migrantes, entre otras.

En cuanto a la garantía de los derechos de las Personas con Discapacidad continuaremos exigiendo la elaboración del reglamento de la Ley Orgánica sobre la Igualdad de Derechos de las Personas con Discapacidad (5-13) para una verdadera inclusión y respeto de todas las personas se cumpla en el país”, señaló Miguel Ángel García, Coordinador Nacional de la Asociación de Personas con Discapacidad Físico-Motora (ASODIFIMO).

Rosalía Sosa, de Participación Ciudadana, indicó que 50 organizaciones hicieron un esfuerzo para visibilizar la situación de los derechos humanos en nuestro país y presentar propuestas para superar los desafíos que de allí derivan. Es así como el papel de la sociedad civil se torna importante al hacer contraloría social al Estado dominicano, vigilando el cumplimiento de las recomendaciones reconocidas y el compromiso por mejorar su situación. 

La evaluación de la situación de los derechos humanos en el país es un proceso que continúa después de la sesión del 5 de febrero. Posteriormente, el día 7 de febrero, el Estado señalará cuáles recomendaciones realizadas por otros Estados reconoce y se compromete a trabajar en su mejoramiento, así como cuáles recomendaciones no acogerá. 

Las organizaciones participantes en este proceso consideran que el EPU puede ser el puente de diálogo necesario entre la sociedad civil y el gobierno, en la construcción conjunta de soluciones acorde a las necesidades del país, apoyándose en el trabajo legítimo que las organizaciones llevan a cabo en las distintas áreas de acción.