Lucha por Loma Miranda Parque Nacional

jueves, 23 de febrero de 2012


EE.UU. quita visas a Crispín, Medina y Medina, Guzmán Fermín y Florentino Florentino


SANTO DOMINGO, República Dominicana.-El Departamento de Estado de los Estados Unidos despojó de sus visas a cuatro influyentes funcionarios muy cercanos al presidente dominicano Leonel Fernández Reyna, entre los cuales están su guardaespaldas personal Víctor Manuel Crispín Zorrilla; su jefe de ayudantes militares, general Héctor Medina y Medina, y otros dos generales.
La información fue obtenida de manera exclusiva por la cadena de televisión hispana Univisión, que la difundió en la tarde este martes.
Los funcionarios que perdieron sus visas por la decisión del gobierno de Estados Unido son: VÍCTOR MANUEL CRISPÍN ZORRILLA, guardaespaldas personal del presidente Leonel Fernández, y subdirector del Departamento Nacional de Investigaciones (DNI), uno de los hombres más cercanos al gobernante dominicano.
El GENERAL HÉCTOR MEDINA Y MEDINA, jefe del cuerpo de ayudantes militares del presidente Fernández, fue uno de los altos oficiales que la Embajada de los Estados Unidos en Santo Domingo objetó y que exigió al presidente Leonel Fernández que los destituyera, según revela un cable que se encuentra entre los documentos divulgados por Wikileaks,  y que publicó Acento.com.do.
El GENERAL RAFAEL GUILLERMO GUZMÁN FERMÍN, asesor policial del presidente Leonel Fernández, ex jefe de la Policía Nacional, en cuya jefatura se ejecutaron más de 600 ciudadanos, por sospecha de participar en robos u otros delitos comunes, hecho que le valió críticas de parte de las organizaciones defensoras de los derechos humanos, tanto nacionales como internacionales.
El GENERAL MANUEL DE JESÚS FLORENTINO Y FLORENTINO, ex director del Departamento Nacional de Investigaciones (DNI) en el cuatrienio 2004-2008 del presidente Fernández, fue señalado también por la Embajada de los Estados Unidos como uno de los altos oficiales a los que no deseaban con puestos de mando en el Estado Dominicano. En la actualidad es el director general de Desarrollo Fronterizo.
Según un cable divulgado por Wikileaks, Estados Unidos lo vinculó con el caso del narcotraficante Quirino Ernesto Paulino Castillo.
“La embajada trajo a colación los problemas con el Departamento Nacional de Inteligencia (DNI) bajo el liderazgo del general retirado Manuel de Jesús Florentino y Florentino y llevó a cabo una franca conversación sobre la competencia e integridad de Florentino, así como informaciones que vinculan a Florentino con Paulino (Quirino Ernesto Paulino Castillo, el narcotraficante)”, reza un cable de los filtrados por Wikileaks.
Ese mismo cable explicaba que el Presidente (Leonel Fernández) señaló que durante su primer mandato, Florentino había sido Secretario de las Fuerzas Armadas y que había encabezado la guardia presidencial también. Fernández lo consideraba un oficial serio y correcto y dijo que no le conocía a Florentino asociación con el narcotráfico.
“El Presidente pareció aceptar los argumentos de la embajada, sin embargo, estuvo de acuerdo en sacar a Florentino pronto, en un momento menos volátil políticamente, y pidió consejo de la embajada sobre su reemplazo”, indica la citada información divulgada por Wikileaks.
En esta ocasión, según reveló Univisión, quien hace el anuncio del despojo de las visas para entrar al territorio norteamericano, es el Departamento de Estado, lo que indica que se trata de un caso grave. Estados Unidos pocas veces informa sobre el despojo de visas, y tampoco ofrece datos sobre las razones por las que impide a estas personas entrar al territorio norteamericano.
En República Dominicana hay un proceso electoral, y estas informaciones podrían generar daño a la presidencia de la República y al partido oficial, el de la Liberación Dominicana, que postula a Danilo Medina como candidato presidencial y a la primera dama, Margarita Cedeño, como aspirante a la vicepresidencia de la República.
Según el canal de televisión, será mañana jueves cuando el Departamento de Estado hará el anuncio formal del despojo de las visas a los funcionarios y militares.
Aunque regularmente EE.UU no revela en detalles las causas de las cancelaciones de visas, Acento.com.do pudo establecer con fuentes del gobierno dominicano que se trata de alegados vínculos con el narcotráfico y el crimen organizado, en unos casos, y en otros denuncias de violaciones a los derechos humanos y enriquecimiento ilícito.
Mayor información: http://www.acento.com.do

República Dominicana: Acabar con los abusos policiales para cumplir el tratado de la ONU

La policía de la República Dominicana debe romper con su vergonzosa práctica de abusos para cumplir las disposiciones de la Convención de la ONU contra la Tortura.

República Dominicana debe romper con su vergonzosa práctica de abusos policiales ahora que ha ratificado la Convención de la ONU contra la Tortura, ha dicho Amnistía Internacional. 
El tratado internacional, que prohíbe la tortura y otros malos tratos bajo custodia policial, entra en vigor en el país caribeño el jueves 23 de febrero. 
Amnistía Internacional ha documentado terribles niveles de abuso de la policía en el país, incluidas torturas y homicidios ilegítimos. 
“Hay que elogiar a la República Dominicana por haberse incorporado a este importante tratado para combatir la tortura”, ha dicho Javier Zúñiga, asesor especial de Amnistía Internacional. 
“Pero las autoridades del país, y en particular la Policía Nacional, deben terminar de una vez por todas con prácticas de abuso que existen desde hace decenios, y ponerse manos a la obra para cumplir las disposiciones del Tratado haciendo cumplir la ley de forma respetuosa con los derechos humanos.”
Una vergonzosa práctica de abusos
En un informe publicado en octubre de 2011, Amnistía Internacional documentó un panorama inaceptable y persistente de abusos policiales en República Dominicana.
Según la Procuradoría General, la policía mató a 289 personas en 2011, frente a las 260 del año anterior. Más de una décima parte de los homicidios registrados en el país en 2011 fueron cometidos por la policía.
La investigación de Amnistía Internacional ha documentado la frecuente práctica de detener a las personas y someterlas a tortura y otros malos tratos bajo custodia policial, a menudo sin que estén acusadas formalmente ni condenadas por ningún delito. La investigación mostró también que la mayoría de estos casos no son adecuadamente investigados y que las autoridades niegan que en el país haya tortura.
“12 días de tortura”
En julio de 2009, Denis Antonio González fue detenido por la policía en Monte Plata, a 50 km al norte de la capital, Santo Domingo, en relación con el presunto secuestro de Jacinto Reinaldo Gimbernard Pratt, profesor e hijo de un respetado intelectual dominicano. 
Unos 20 agentes de policía llegaron al domicilio de González a las 6 de la mañana de un jueves para detenerlo. 
Inicialmente lo colgaron de un árbol y lo golpearon hasta que el jefe de la investigación llegó al lugar y ordenó que lo bajaran. Al hacerlo, González se cayó del árbol y se rompió el hombro. 
Luego lo tuvieron bajo custodia 12 días, que González describe como “12 días de tortura”, durante los cuales no le dieron de comer y lo golpearon salvajemente. 
“Cada día me sacaban a las ocho de la mañana de la celda, y me llevaban para la finca para buscar [a Jacinto Reinaldo Gimbernard Pratt]”, dijo a Amnistía Internacional. 
“Me ponían mi cabeza en dos fundas negras, me echaban gas pimienta en los ojos y a veces corriente […] Bastantes veces llegué a escupir a la cara del mayor para que me matara, que yo no aguantaba. [...] Como nosotros no sabíamos dónde estaba este hombre no podíamos decir nada, y eso era tortura y tortura”.
Denis Antonio González quedó en libertad sin cargos después de que Jacinto Reinaldo Gimbernard Pratt fue encontrado con vida y negó haber sido secuestrado.
Investigaciones e indemnización
Para la plena aplicación del tratado recién ratificado, las autoridades de República Dominicana tendrán que garantizar que, siempre que haya motivos razonables para creer que se ha cometido un acto de tortura, se procederá a una investigación pronta e imparcial.
También deberán garantizar que las víctimas de abuso tienen acceso a reparación y a rehabilitación médica y psicológica.
“Las víctimas de tortura policial en República Dominicana deben tener acceso a la justicia y a obtener reparación adecuada por su sufrimiento”, ha dicho Javier Zúñiga. 
Un año después de que el tratado entre en vigor en la República Dominicana, se exigirá a las autoridades que presenten un informe sobre su cumplimiento al Comité contra la Tortura de la ONU.

Javier Zúñiga, asesor especial de Amnistía Internacional
Mié, 22/02/2012



Amnistía Internacional elogia esfuerzo de RD para combatir abusos policiales


SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La Organización Naciones Unidas (ONU) ratifica en una convención que se debe romper con su vergonzosa práctica de abusos policiales contra la Tortura, ha dicho Amnistía Internacional.
El tratado internacional, que prohíbe la tortura y otros malos tratos bajo custodia policial, entra en vigor en el país caribeño el jueves 23 de febrero.
Amnistía Internacional ha documentado terribles niveles de abuso de la policía en el país, incluidas torturas y homicidios ilegítimos.
“Hay que elogiar a la República Dominicana por haberse incorporado a este importante tratado para combatir la tortura”, ha dicho Javier Zúñiga, asesor especial de Amnistía Internacional.
“Pero las autoridades del país, y en particular la Policía Nacional, deben terminar de una vez por todas con prácticas de abuso que existen desde hace decenios, y ponerse manos a la obra para cumplir las disposiciones del Tratado haciendo cumplir la ley de forma respetuosa con los derechos humanos.”
Investigaciones e indemnización
Para la plena aplicación del tratado recién ratificado, las autoridades de República Dominicana tendrán que garantizar que, siempre que haya motivos razonables para creer que se ha cometido un acto de tortura, se procederá a una investigación pronta e imparcial.
También deberán garantizar que las víctimas de abuso tienen acceso a reparación y a rehabilitación médica y psicológica.
“Las víctimas de tortura policial en República Dominicana deben tener acceso a la justicia y a obtener reparación adecuada por su sufrimiento”, ha dicho Javier Zúñiga.
Un año después de que el tratado entre en vigor en la República Dominicana, se exigirá a las autoridades que presenten un informe sobre su cumplimiento al Comité contra la Tortura de la ONU.

martes, 21 de febrero de 2012

El pasado año registró 2 mil 513 homicidios, 41 más que en 2010

Santo Domingo.-El pasado año 2011 en el país se registraron 2 mil 513 homicidios, de los cuales 289 fueron a manos de agentes de la Policía Nacional, según estadísticas de la Procuraduría General de la República (PGR).

El informe, cuyos datos fueron suministrados por la propia institución del orden y el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), da cuenta que con relación al año 2010, donde se registraron 2 mil 472 homicidios (25.01 por cada 100 mil habitantes), en 2011 hubo un incremento de 41 muertes.

La tasa de homicidios en 2011 por cada 100 mil habitantes fue de 25.10 muertes, registra el informe de la Procuraduría General de la República al cual EL DÍA tuvo acceso.

De las muertes de 2010 el informe indica que 260 fueron a manos de policías.

En cuanto a las 289 muertes correspondientes al año 2011, en las cuales se vieron involucrados uniformados, la mayoría de sus ejecutores son policías, con 264 casos; 13 fueron miembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y 12 militares.

Asimismo, las estadísticas indican que en 2 mil 224 de los homicidios de 2011 no actuaron manos de uniformados, para una tasa de 22.22 por cada 100 mil habitantes.

Detalles del informe

En enero del pasado año se registraron 219 muertes, 208 en febrero, 194 en marzo, 212 en abril, en mayo aumentó a 230 y en junio se redujo a solo 183 homicidios.

Mientras que en julio de ese mismo año hubo 210 homicidios, en agosto 214, en septiembre 191, en octubre aumentó a 233, en noviembre 193 y en diciembre se registraron 226.

De las 2 mil 513 homicidios de 2011 un total de 129 eran menores de edad, mil 439 comprenden edades de 18 a 34 años.

En tanto que 597 su edad oscilaba entre 35 y 51; de 52 a 68 años hubo 192 homicidios, con más de 68 años hay 51 y 105 con edad indeterminada.

Día y hora

Los días que más casos se registran son los sábados, domingos y lunes, con 16; 23 y 16 % respectivamente.

Durante el años 2011, de los 2 mil 513 homicidios que se registraron 972 se produjeron en horas de 6:00 a. m a 5:59 p. m., para un 38.68 por ciento, mientras que la mayoría de los casos (mil 541) ocurrieron de 6 de la tarde a las 5:59 de la madrugada, para un 61.32 por ciento.

Armas utilizadas

Los homicidas utilizaron para cometer esos sucesos distintos tipos de armas, siendo las más común las de fuego, las que tuvieron participación en 1,573 casos (un 63 por ciento), seguidas de armas blanca, que fueron utilizadas para quitarles la vida a 627 personas (25%).

Mientras que 313 personas utilizaron otros medios, sigue diciendo el informe.

Las provincias donde se registraron más episodios de violencia son en primer lugar Santo Domingo (784 homicidios), seguida del Distrito Nacional (328), Santiago (205), San Cristóbal (128), La Lega (95), La Altagracia (90) , la provincia Duarte (76) y La Romana con 65.

Además Peravia y San Juan de la Maguana, ambas con 56 homicidios y Espaillat con 51 casos.

Menos casos
Donde se registraron menos son Santiago Rodríguez, con 2 casos; Pedernales, con 3; San José de Ocoa, 6; Independencia con 15 y Elías Piña con 17 homicidios, estas cuatro últimas en el sur del país.

Comparación con países de Centroamérica

En comparación con Centroamérica, el índice de homicidios en la República Dominicana está por debajo de algunos de esos países.

Según estadísticas del año 2010, en Honduras se registraron 6 mil 236 homicidios (77.5 por cada 100 mil habitantes), seguido de Guatemala con 5 mil 960 (64.8 por cada 100 mil habitantes), en El Salvador los homicidios alcanzaron a 4 mil 4 casos (41.5).

Mientras que Nicaragua, en 2010 tuvo 766 homicidios; Panamá 738, Costa Rica 486 y Belice 132.

En el país para ese año hubo 2 mil 472 homicidios. Esa situación revela que en países como Honduras, Guatemala y El Salvador la cantidad de muertes violentas duplican los que se registran en territorio nacional, no así con Pamaná, Costa Rica, Nicaragua y Belice, que no alcanzaron los mil homicidios.
 
Escrito por: Guillermina Santos   http://eldia.com.do/
 

miércoles, 14 de diciembre de 2011


COMISION NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

INFORME 2011
SITUACION DE LOS DERECHOS HUMANOS
EN REPUBLICA DOMINICANA
SANTO DOMINGO, D. N.
12 DE DICIEMBRE DEL 2011


PRESENTACION

A lo largo de 2011 se ha observado un progresivo deterioro de los Derechos Humanos en República Dominicana. Tal parece que somos un país inviable. Los informes de organismos internacionales nos colocan en los últimos lugares en temas como la educación y la competitividad, pero en los primeros lugares en corrupción, falta de transparencia, confiabilidad en el Estado y la violencia. La situación, en definitiva, es más que preocupante.

El “Informe 2011 Situación de los Derechos Humanos en República Dominicana” es una síntesis de aquellos aspectos que han definido el quehacer diario del país. Está dividido en Informe Social, Informe Político, Informe Económico y Seguridad Ciudadana.

Hemos trabajado y elaborado un Informe apegado lo más posible a la realdiad. La realdiad ni las visiones nunca son absolutas. Los datos presentados están debidamente documentados. Muchos consignados en los medios de comunicación, otros extraidos de fuentes oficiales, como los distintos Ministerios, o de instituciones académicas y ONGs que han trabajado en distintos aspectos de la matriz de este Informe.

En esta ocasión, el “Informe 2011 Situación de los Derechos Humanos en República Dominicana” se ha eleborado uniendo los esfuerzos de las dos principales instituciones defensoras de los Derechos Humanos en el país: la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Comité Dominicano de los Derechos Humanos.

Cada una ha hecho los aportes necesarios para enriquecer este Informe, el cual esperamos sirva para que la sociedad, los actores que gravitan en el diario vivir, vean, entiendan, cuál es el país que a lo largo de 2011 se ha construido: un país que avergüenza.

INFORME SOCIAL

En lo social República Dominicana transitó el 2011 en reversa. No hay un solo renglón en que pueda exhibirse un cierto avance. El último Informe de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) sitúa al país entre los primero cuatro en términos de desigualdad en Latinoamérica. La inequidad, según el informe, es rampante.

De acuerdo con el PNUD, en materia de desigualdad República Dominicana encabeza los países de América Latina y el Caribe. El país se ubica en la posición 29 entre los 33 naciones de América Latina y la posición 117 de 187 países a nivel mundial, lo que se debe, fundamentalmente, a las inequidades de ingreso y educación.

Sin embargo, en sentido general República Dominicana aumenta su índice de desarrollo humano de 0.686 a 0.689 en un ranking de 187 naciones, ocupando la posición 24 de 33 países de América Latina y el Caribe.

El año 2011 se caracterizó, por igual que el año pasado, por la baja inversión social. El Gobierno prefirió dar prioridad a las grandes obras, como los elevados y el metro, en contra de la construcción de escuelas y acueductos, por ejemplo.

Fue un año caracterizado por la indignación generalizada. De Febrero a la fecha, cientos de protestas comunitarias, paros de labores, pelegrinajes, viacrusis y huelgas, incluyendo paros generales, que sucedieron a lo largo y ancho del país.

El gobierno respondió en la mayoría de los casos con la fuerza. Marchas campesinas, marchas de profesores y estudiantes que intentaron llegar al Palacio Nacional, fueron reprimidas a palos y gases lacrimógenos.

Educación

Las garantías de una educación pública gratuita y de calidad disminuyeron en 2011. Los reclamos de la sociedad porque se aplique la Ley General de Educación y se otorgue el 4% del Producto Interno Bruto al sector fueron desoidos.

Aunque en la inaguración del año escolar 2011-2012 se anunció el inicio de la tanda única en 20 centros educativos, en realidad se trató de un fiasco, ya que en los centros que se anunciaron ya estaba funcionando dicha modalidad, por iniciativa y financiada por ONGs nacionales e inernacionales, así como por congregaciones religiosas.

Se calcula que más del 40% de los centros educativos del país necesitan reparaciones urgentes. En el país faltan más de 12 mil aulas, pero los planes oficiales son construir cerca de 3,000 el próxio año. El Ministerio de Educación reveló que hay 6,784 aulas sobrepobladas y que 1,744 que funcionan en espacios rentados y/o prestados.

Se ha observado en 2012 una tendencia progresiva hacia la privatización de la educación pública. La Universidad Autónoma de santo Domingo así lo ha denunciado.

Vivienda y desalojos

República Dominicana sigue siendo uno de los países donde menos familias gozan del derecho de tener una vivienda propia. Los pocos proyectos habitacionales que sehan inaugurado han sido repartido entre militantes del partido oficial.

Mientras, se han incrementado los desalojos forzosos de familias que ocupan terrenos del Estado o terrenos en litis que reclamaban como suyos. En 2011 alrededor de 1,700 familias fueron desalojadas en distintos puntos del país.

Entre los desalojos forzosos más notorios pueden citarse los producidos en Los Farallones de Brisas del Este, donde más de 40 familias fueron echadas a la calle y sus viviendas y pertenencias destruidas. Igualmente en La Virgen, de Sabana Perdida, fueron desalojadas alrededor de 300 familias. En Los Morenos de Villa Mella, y en Verón, en Bávaro-Punta, igual se produjeron desalojos forzosos de famlias que reclaman como suyos dichos terrenos, en La Piña de Los Alcarrizos.

Salud

Este año República Dominicana fue impactada por el cólera. Aunque en principio se quiso negar el peligro que representa para el país la epidemia originada en el vecino Haití, la misma brotó en suelo dominicano.

Se estima que alrededor de 220 personas han muerto por cólera y ha habido denuncias de que en muchos caos el Ministerio de Salud Pública varió diagnósticos para ocultar la magnitud de la epidemia. Se ha informado que alrededor de 20,000 personas fueron afectadas por la epidemia, aunque Salud Pública los registra como “sospechosos”.

En términos de Seguridad Social se ha retrocedido, ya que las aseguradoras de risgos de salud oficializaron la cobertura hasta el 85%, estableciéndose un co-pago del 15 y dejando a las clínicas en libertad de aumentar sus servicios en un 14%, lo que en la práctica significa un aumento en los costos de salud de un 29%.

Todavía el Sistema de Seguridad Social sigue siendo excluyente. No se ha implementado el Sistema Contributivo Subsidiado, que incluye a los profesionales independentes, ni el el Sistema Subsidiado, que universaliza el servicio.

Migración y Justicia

Igual continuaron las redadas masivas y deportaciones de inmigrantes haitianos. Aunque la Dirección General de Migración no ha ofrecido cifras, al respecto, instituciones que trabajan con inmigrantes haitianos señalan que este año fueron deportado mensualmente cerca de 10,000 personas.

Por otro lado, la Junta Central Electoral ordenó mediante la Resolución 032, que sustituye y modifica el contenido de la Resolución 017, a que se entreguen las Cédulas de Identidad y Electoral, así como actas de nacimiento a hijos de dominicanos de desendencia haitianas nacidos en territorio dominicano hasta tanto sus casos se investiguen.

Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia el pasado mes de noviembre evacuó una sentencia en contra de un Recurso de Amparo que para que la JCE descontinúe definitivamente aplicando la Resolución 017 que avala dicha práctica, ya que deja como apátridas a más de 5,000 personas que, además de haber nacido en territorio dominicano, ya poseían dichos documentos.

Aún es Estado, y el Congeso de la República no han ratificado la convencion sobre los derechos de los trabajadores migrantes y sus familias aprobada por la Asamblea General de la Naciones Unidad a pesar de los reclamos que desde la Sociedad Civil se le ha formulado

Igualmente, miles de dominicanos buscan la forma de salir del país, casi siempre de forma ilegal. Las filiales de los Derechos Humanos informan que de las costas dominicanas salieron sobre los 1,700 viajes en yola hacia Puerto Rico, un promedio de 35 semanales.

En materia judicial hemos visto serios retrocesos. Las últimas modificaciones hechas en el Congreso al Código del Menor y al Código Procesal Penal son ejemplo de ello. Igualmente, los procesos han sufrido retrasos, provocando el cúmulo de expedientes y por ende unmayor número de presos preventivos, llegando cerca del 70% nuevamente.

INFORME ECONOMICO

Aunque el Banco Central ha informado que República Dominicana continuó registrando un significativo crecimiento del 4% en 2011, lo cierto es que dicho crecimiento no se reflejó en la economía doméstica.

A precio de mercado, la canasta familiar para un promedio de 5 personas se calcula sobre los RD$21,000.00, con un consumo de electricidad de cerca de RD$800,00.00; y alrededor de RD$5,000.00 en transporte si la familia posee un vehículo de 4 cilindros.

Según la Comisión Económica para América Latina, en 2010 la tasa de desempleo en República Dominicana se situaba en 14%, pero hoy se calcula en cerca del 18%.

El desempleo sigue siendo mayor entre las mujeres, y de la población infantil se calcula que el 15% trabaja.

El año 2011 también se caracterizó por la atomización del movimiento sindical, lo que fue promovido tanto por los patronos como por el Ministerio de Trabajo, poniendo en riesgo el derecho constitucional a la sindicalización.

INFORME POLITICO

Transparencia

República Dominicana inició 2010 con la transparencia y la corrupción pública preocupaciones fundamentales, y así lo termina.

Un ejemplo de la falta de transparencia a nivel gubernamental es la aprobación del Presupuesto 2012, en violación al artículo 35 de la Ley Orgánica de Presupuesto.

En el Presupuesto el Poder Ejecutivo aparece como una institución que abarca a todos los Ministerios, por lo que entra en contradicción con la Constitución dominicana en su artículo 234, que prohíbe la transferencia de los recursos presupuestarios de una institución a otra sino en virtud de una ley.

Dicha situación otorga al Presidente de la República el poder y la discrecionalidad de, por vía administrativa y sin control congresual, controlar las partidas que efectivamente corresponderán a los distintos órganos que dependen del Poder Ejecutivo.

No en vano el Latinobarómetro 2011 sitúa a la república Dominicana como el país menos transparente de la región y en el que sus ciudadanos cree menos en la transparencia del Estado.

Situación electoral

Aunque las elecciones son en 2012, la campaña electoral inició formalmente muy a destiempo con una marcha nacional en la ciudad de Santo Domingo por parte del candidato oficialista, Danilo Medina, quien además lleva como compañera de boleta a la esposa del presidente Leonel Fernández.

Para ese entonces, hace menos de tres meses, las encuestas situaban al candiato del Gobierno con 16 puntos de desventajas. En menos de dos meses diversas encuestas lo colocan o con el 53% de los votos o con menos de 5 puntos, lo que ha originado una guerra de sondeos entre los dos principales candidatos que tratan de persuadir a los electores.

Del litoral oficial se observa un avasallamiento en cuanto a la candidatura oficialista en los espacios de publicidad y propaganda. Algunas agencias publicitarias calculan que en hay una inversión superior a los RD$1,000.00 millones almes solo en anuncios de radio y televisión tratando de posisionar a Medina y la esposa del presidente.

Dicho avasallamiento se observó en la marcha nacional del domingo 10 en la avenida Duarte de la capital hasta el malecón, en la cual el derroche de recursos fue evidente, hasta el punto que el mismo candidato oficialista dijo que parecía una marcha de fin de campaña.

A la marcha asitió el presidente Leonel Fernández, mismo jefe de Estado que, de acuerdo a una grabación no desmentida por el Palacio Nacional, calmaba a un grupo de seguidores en una reunión privada en Nueva York diciéndole que aunque ciertamente Medina estaba abajo en las encuestas, las cosas mejoraría con la inversión de RD$40,000 millones en asfaltado y comida barata de los comedores económicos.

A la guerra declarada entre el Partido Revolucionario Dominicano y su candidato Hipólito Mejía, y el Gobienro y sus candidato Danilo Medina, se le suma la Junta Central Electoral, centro de críticas de parte del PRD y y diversos sectores políticos y sociales, pero defendida por el oficialimo.

Sospechas en torno al centro de cómputos han colocado al tribunal electoral en una difícil situación, lo que pasa también por la observación electoral, pilar fundamental de garantía de la diafanidad del proceso de elecciones.

Por otro lado, no se observa en los partidos alternativos una opción real de poder, dejando el camino expedido para el bipartidismo conocido.

SEGURIDAD CIUDADANA

La violencia ha marcado la vida de los dominicanos en 2011. La creciente delincuancia ha puesto en jaque a una ciudadanía que ya teme hasta sentarse frente a sus viviendas. La vocación militarista de programas como Barrio Seguro decretó su fracaso en 2011.

En 2011 se incrementaron las redadas ilegales de la Policía. En los últimos meses han sido notorias las “inspecciones” a cualquier hora del día en plena calle. Igual se registró un incremento en apresamientos no autorizados por la orden de un juez y la presencia del Ministerio Público. Conjuntamente con esta práctica, se continuó violando el plazo de las 48 horas para que un detenido sea sometido a la justicia o puesto en libertad.

Este año se continuaron haciendo allanamientos ilegales, muchos en horas de la noche y sin la presencia del Ministerio Público, y con el consabido apresamiento de familiares de las personas buscadas, como forma de presionar a que éstas se entreguen.

La Policía continuó también la práctica de presentar ante los medios de comunicación a sospechosos, lo que viola la presunción de inosencia.

En lo que va de año más de 2,300 personas han muerto de forma violenta en el país. La CNDH y el CDH registran 216 casos de feminicidios.

Solamente la Policía Nacional ha matado un promedio de 29.5 personas por mes, registrándose 286 personas hasta la fecha, así como otros 68 casos de personas muertas a causas de heridas policiales, lo que suman 354 casos en lo que va de año. Esto representa una disminución de 111 personas menos que 2010. No obstante a esto, República Dominicana sigue encabezado la lista de los países del Caribe y Latinoamérica en que más civiles mueren a manos de las fuerzas policiales.

Unos 13 oficiales de la Policía han perdido la vida, algunos, en hecho no relacionados con su trabajo.

Los asesinatos policiales es tema de preocupación permanente. Amnistía Internacional reveló que la Policía es responsable del 15% de las muertes violentas en el país.

La participación de miembros de la Policía y las Fuerzas Armadas en asaltos, atracos, robos y tráfico de drogas ha hecho que la ciudadanía vea en los cuerpos armados a potenciales enemigos, más que protectores de su seguridad.

Igualmente se han reportado casos de torturas, aunque enmenor medida que el año anterior.

La Soga

Un caso emblemático del carácter de la Policía Nacional es el teniente Fernando de los Santos, mejor conocido con el alias de La Soga, un sicario al servicio del narcotráfico y el crimen organizado salido de las filas la la institución.

La misma Policía atribuye a La Soga encabezar un “equipo” dentro de la institución que se encargaba de “dar de baja” por su cuenta a delincuentes y presuntos delincuentes. La uniformada le atribuye al menos 35 asesinatos. Sin embargo, la ciudadanía, las instituciones de Derechos Humanos, las iglesias, los clubes culturas y deportivos, tienen más de 15 años denunciando la existencia de “equipos” dentro de la Policía Nacional, llamados “El Escuadrón”, “La Mano”, “Los Cirujanos”, Etc., y que de forma reiterada fueron negados.

Como el teniente Fernando de los Santos hay muchos otros dentro de la Policía. Esos asesinos son formados, básicamente, en la Unidad de Prófugos, Persecusión y Búsqueda de la institución, en la cual se inician con las llamadas “Cartas Blancas”, que es la autorización para que eliminen a determinados “delincuentes”.

Ejemplo como La Soga son los conocidos sicarios policiales Carlos Evertsz Fournier y Frederic Medina Abud, ambos asesinos confesos por instrucciones de la Policía.

De acuerdo a reportes, La Soga ha asesinado a más de 300 personas y ha trabajado bajo las órdenes de los últimos 5 jefes de la Policía Nacional, pero extrañamente ninguno sabía de su existencia ni sus operaciones. Con el último que trabajó, en Santiago, fue con el actual jefe, mayor general José Armando Polanco Gómez.

La Soga ha sido declarado prófugo por la Policía y dado de baja. Resulta extraño que a más de tres meses sus ex compañeros de armas, con los que departía y celebraba, no sepan su paradero.

Se hace imperioso que la Policía aprese a La Soga y lo ponga a la disposición de la justicia, a fin de aclarar los asesinatos que se le atribuyen. pero el temor de que esté muerto ya es real, pues su testimonio en un tribunal revelaría un estado de cosas a lo interno del cuerpo del orden que a sus incumbentes no conviene.

Santo Domingo, D. N.
12 de Diciembre de 2011

COMISIONNACIONALDELOSDERECHOSHUMANOS
-CNDH-
PLATAFORMA INTERAMERICANA DE DERECHOS
HUMANOS, DEMOCRACIA Y DESARROLLO -PIDHDD-
FUNDACION ETNICA INTERNACIONAL -FEI-
MOVIMIENTO SOCIO-CULTURAL PARA LOS TRABAJADORES HAITIANOS -MOSCTHA-
XIV  SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE DERECHOS HUMANOS
 LOS DESC A 500 AÑOS DEL SERMON DE ADVIENTO

Nuestras organizaciones, en ocasión del XIV Seminario Internacional sobre los Derechos económicos, sociales y culturales a 500 años del Sermón de Adviento, celebrada en Cabeza de Toro, Provincia La Altagracia, Republica Dominicana, con la asistencia de delegados internacionales y nacionales, los días 8, 9, 10 y 11 de diciembre del 2011, años 63 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y a 45 años del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales aprueba la siguiente:
D E C L A R A C I O N

1. América Latina vive un nuevo tiempo. El agotamiento del esquema neoliberal y la insatisfacción creciente con los impactos negativos en la vida de las mayorías están abriendo paso a regímenes políticos que expresan la necesidad de un nuevo curso en la región.

2. Nuestras sociedades no pueden escapar a la integración que imponen las realidades económicas, políticas, sociales y culturales de nuestros días. La integración es hoy un campo de contienda en el que disputan distintos proyectos sociales en procura de determinar su sentido. El actual proyecto hegemónico integra ante todo los mercados y se desarrolla en función de las grandes corporaciones y del capital financiero, desconoce lo social y se impone a espaldas de nuestras sociedades desde exclusivos círculos empresariales y tecnocráticos. La integración hegemónica sacrifica la dignidad de las personas y es parte de la acumulación de capital que incrementa la miseria, marginaliza regiones enteras y torna inviable la convivencia civilizada.

3. Propugnamos por una integración auténtica que exprese las aspiraciones de libertad y progreso, justicia e igualdad de las mayorías del continente. Un proceso abierto a la participación decisiva de todas y todos, incluyente que ponga la dignidad de las personas por encima de los intereses económicos y las consideraciones nacionales, que construya economías que hagan posible la soberanía de nuestras naciones y el bienestar general.

4. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) es un tratado multilateral general que reconoce Derechos económicos, sociales y culturales y establece mecanismos para su protección y garantía. Fue adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la Resolución 2200A (XXI), de 16 de diciembre de 1966 y entró en vigor el 3 de enero de 1976.

5. El PIDESC compromete a las partes a trabajar para la concesión de los derechos económicos, sociales y culturales de las personas, incluidos los derechos laborales y los derechos a la salud, la educación y un nivel de vida adecuado.

6. El PIDESC es parte de la Carta Internacional de Derechos Humanos, junto con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

7. 19 años después de haberse adoptado el Pacto, en 1985, se creó el Comité DESC. Éste órgano, consciente de la falta de cumplimiento de estos derechos inició un largo recorrido hacia la adopción del Protocolo, presentando en 1996 un borrador de texto. A partir de entonces, hubo que esperar cinco años para que se nombrase a un Experto independiente cuyo trabajo duró dos años y cinco años de negociaciones en el marco del Grupo de Trabajo creado para elaborar este texto. Grupo de trabajo en el la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos Democracia y Desarrollo participó activamente.

8. La Resolución A/RES/63/117 adoptada el 10 de diciembre de 2008, aprueba el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El PF-PIDESC fue adoptado unánimemente por la Asamblea General de Naciones Unidas el 10 de diciembre de 2008 y abierto a firmas y ratificaciones desde el 24 de septiembre de 2009.

9. El Protocolo Facultativo al PIDESC establece un mecanismo para que las personas, grupos o comunidades puedan presentar denuncias ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC) de la Organización de las Naciones Unidas ante violaciones a los derechos reconocidos en el PIDESC. Estos derechos incluyen, entre otros, el derecho a la libre determinación, al trabajo, a la alimentación, a la vivienda, a la salud, a la seguridad social, a la educación, a la cultura, al agua, a un nivel de vida adecuado, entre otros

10. El PF PIDESC representa un avance sustantivo para el acceso a la justicia en materia de DESC, pero para la entrada en vigor se requieren 10 ratificaciones. Hasta la fecha, el PF-PIDESC ha sido firmado por 39 Estados y ratificado solamente por 5.

11. El Estado Dominicano firmó el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales PIDESC, pero no ha ratificado el PF PIDESC. Las organizaciones firmantes,

R E S U E L V E N:

1. Apostar por una integración de sociedades que hayan superado la exclusión que segrega y discrimina, sociedades en las que el desarrollo sea el despliegue de todas las potencialidades de los individuos, las comunidades y los pueblos, las regiones sin excepción y de nuestras naciones en su conjunto, sociedades que aseguren a todos sus miembros el cabal disfrute de sus derechos individuales y colectivos.

2. Propugnamos porque nuestras economías crezcan en función de satisfacer las necesidades de la gente, de garantizar la soberanía de nuestras naciones y de posibilitar la existencia de sociedades y Estados de verdad democráticos.

3. reconocer al gobierno y pueblo cubanos por ser el único país del Caribe que cumplirá con los Objetivos del Milenio en materia de salud y educación. Por otro lado, reclamar del gobierno de los Estados Unidos acatar y respetar las resoluciones de la Organización de Naciones Unidas, disponiendo el levantamiento del embargo contra Cuba.

4. Reclamar del Estado Dominicano, Poderes Ejecutivo y el Congreso Nacional, la ratificación del Protocolo Facultativo al PIDESC, para posibilitar su entrada en vigencia.

RESOLUCIONES GENERALES
1. Solicitar al presidente Barack Obama la libertad de 5 los cinco Cubana preso.

2. Condenar los continuos asesinatos, muertes, desapariciones forzosas, y otras violaciones a los derechos humanos en contra de activistas políticos, campesinos, trabajadores, estudiantes, trabajadores religiosos, mujeres, indígenas y a otros sectores en Filipinas.

3. Apoyar la campaña que llevan a cabo los dominicanos de descendencia haitiana, a quienes mediante resolución de junta central electoral se lo pretende despojar de su nacionalidad.

4. Iniciar una campaña para que el congreso de la republica ratifique la convención sobre los derechos de los trabajadores migrante y sus familias.

5. Declarar como en efecto declaramos este año, como el año por la lucha del disfrute de los derechos humanos y trabajar para que este sea una realidad en la sociedad dominicana para el cual las organizaciones y personas firmantes nos comprometemos a trabajar.

6. Exigimos la eliminación de la circular 012-2007 de la Junta Central Electoral de prohibir entregar extracto de actas de nacimientos de hijos de inmigrantes Haitianos, nacido de territorio dominicano.

7. Que el Estado dominicano reconozcan la deuda social con los trabajadores inmigrantes Haitianos, que habían llegado al país, mediante acuerdo colectivo para trabajar en el consejo estatal de la azúcar, en el corte de caña de azúcar durante más de 50 años en el país.

8. Demandar una Amnistía de regularización para todos los trabajadores inmigrantes Haitianos, con más de 7 años viviendo y trabajando en el país, en el marco del plan de regularización que se llevara acabo de conformidad con la ley 285-04.

9. Exigimos una investigación exhaustiva, el arresto y el enjuiciamiento de los culpables de cometer dichas violaciones a los derechos humanos. (Nunca se han arrestado a personas culpables.

10. Condenar y protestar ante el gobierno de la República Dominicana por cobijar a la ex presidenta de las Filipinas, Gloria Macapagal-Arroyo, al concederle permiso para que viaje a la República Dominicana para residencia temporera o permanente.

11. Condenamos el desplazamiento por empresas multinacionales de miles de campesinos de sus tierras ancestrales y el asesinato de líderes locales y sindicales por oponerse a estas empresas.

12. Continuar la demanda del cumplimiento del 4% para la educación.

martes, 8 de noviembre de 2011

LLAMADO DEL PRESIDENTE LEONEL FERNÁNDEZ
A LA POLICÍA NACIONAL

Apropósito del informe de Amnistía Internacional el presidente de la República Leonel Fernández Reyna y el jefe de la Policía Nacional José Armando Polanco Gómez, procedieron a reunirse con la plana mayor, donde se discutió la necesidad de que ese cuerpo policial actué en el marco del respeto a los derechos humanos.

Durante dicha comparecía el presidente Fernández se comprometió a gestionar el proyecto de reforma que cursa en el congreso, desde donde deben hacerse los reforma que demanda la sociedad, a ese cuerpo policial.

La CNDH ha aprobado como positivo el hecho que el Presidente responda a los llamamientos que hemos realizado e introducir verdaderos cambios alrededor de esa institución policial.

Esperamos que lo proclamado por el Presidente no se quede a nivel de prensa, sino que los mismos pueden ser llamados a la realidad, por el bien de la sociedad dominicana.

LA CNDH, RED DE ENCUENTRO DOMINICO-HAITIANO, Y JACQUES VIAU (REDH), FIJAN POSICIÓN SOBRE LA RESOLUCIÓN 032-2011 EXPEDIDA POR LA
COMISIÓN DE LA OFICIALÍA DE LA JUNTA CENTRAL ELECTORAL

Nosotros no entendemos el hecho de la decisión adoptada por la Comisión de la Oficialía de la Junta Central Electoral en fecha 5 de octubre de los corrientes, nos da la razón de que ciertamente la circular 017-07 está generando la desnacionalización de los dominicanos y dominicanas de ascendencia haitiana en violación a las normas constitucionales, legales, y universales de derechos humanos.

Esta medida que ha paralizado la vida y el desarrollo de miles de ciudadanos y ciudadanas dominicanos y dominicanas durante más de 4 años sin tener acceso a sus documentos personales, en franca violación a sus derechos fundamentales.

La circular No. 31\2011 mediante la cual se instruye a los oficiales del estado civil de la República Dominicana, a expedirle libremente las actas de nacimiento a hijos(as) de ciudadanos extranjeros que se encuentran en estado de investigación hasta tanto el pleno de la junta central electoral determine si por validad o no y proceder a suspenderla provisionalmente, a su nulidad por ante un tribunal, o a reconocer su regularidad.

La cultura de violaciones que la JCE promovió en las oficialías del estado civil, consideramos que esa decisión es limitada y por tanto no resuelve la cultura de violaciones y desacato que la JCE promovió mediante la circular 017-07 y la resolución 012-07. Además, muchos oficiales del estado civil se han negado hasta ahora, acatar la decisión de la comisión de oficiales de la junta central electoral.

Ese desacato se ha registrado en las oficialías del estado civil de Bayaguana, municipio de Monte Plata; Ramón Santana, municipio de San Pedro de Macorís y en La Romana. Estos oficiales se niegan a expedirles los duplicados de sus actas de nacimiento a dominicanos y dominicanas de ascendencia haitiana, para los fines que se requiere.

Nosotros ratificamos nuestra decisión de seguir luchando por la eliminación total de la resolución 012-07 por ser excluyente y violen los derechos esenciales de los dominicanos y dominicanas.

viernes, 28 de octubre de 2011

AMNISTÍA INTERNACIONAL INDAGA SOBRE VIOLACIÓN A DERECHOS  HUMANOS EN ALTOS DE BRISAS DEL ESTE

Con el objetivo de fortalecer su informe sobre la denuncia a la violación de los derechos humanos por parte de agentes de la Policía Nacional en el país , Amnistía Internacional realizó este jueves una investigación en el sector Alto Brisas del Este, para indagar la forma que decenas de familias fueron desalojas y destruidas sus viviendas en esa comunidad del municipio Santo Domingo Este.

Robín Guittard, asistente de investigación y campaña del equipo del Caribe de AI, se presentó en al sector Alto de Brisas del Este, pasada las 11 de la mañana, donde por más de tres horas efectuó un levantamiento de datos sobre la destrucción de los hogares y la actuación de los agente policiales durante el desarrollo del desalojo en la localidad el pasado sábado 15 del presente mes.

Guittard aunque no converso con la prensa sobre lo motivo de su trabajo, se observo realizando fotografías de los escombros de las diferentes casas demolidas el pasado sábado 15 del mes en curso, en sector Alto de Brisas del Este, por orden del alcalde Juan de los Santos, del Ayuntamiento del Santo Domingo Este (ASDE), del municipio de Santo Domingo Este.

Durante su exploración, Guittard recogió varios cartuchos de escopeta calibre 12, con el propósito de fortalecer la pesquisa con los testimonios de las personas que eligió a la azar, con el objetivo de obtener información precisas de la forma que se ejecuto la acción del desalojo a los moradores de la comunidad.

Guittard converso con el abogado David Ruiz, Robín, sobre los aspectos legales que las familias llevan a cabo en los tribunales y las acciones que se desarrollas para que sean beneficiadas a través de una sentencia en el Tribunal Contencioso Administrativo para que obligue al alcalde Juan de los Santos, amortizar todos los daños cometidos durante el desalojo sin la aprobación de la sala capitular de Ayuntamiento de Santo Domingo Este.

Asímismo, las señoras Narcisa Hubieres veras y Niulka Caraballo narraron Guittard, la experiencia vivida durante el desalojo y la forma de como ambas resultaron lesionadas de sus extremidades inferiores y superiores.

Finalmente, el presentante de Amnistía Internacional, Robín Guittard concluyó sus indagaciones en el sector Alto de Brisas del Este, pasada las dos de la tarde, luego de obtener los datos de los habitantes de la comunidad.

Se recuerda, que Amnistía Internacional advirtió que si el gobierno dominicano no controla las acciones de los agentes del orden en los supuestos intercambios de disparos, podría ser acusado a nivel internacional por violaciones a los derechos humanos.

AI afirmó que el uso de militares en labores de orden público no resuelve el problema de la violencia, tras destacar que en los países donde se ha hecho ese experimento ha resultado desastroso.

Para revertir esa situación, el organismo defensor de los derechos humanos exigió a las autoridades realizar cambios profundos en dicha institución que ponga fin a las ejecuciones extrajudiciales y torturas contra ciudadanos.

En un informe de IA dado a conocer en la mañana de este martes durante una rueda de prensa en el hotel Barceló, Javier Zúñiga, vocero de la entidad, reclamó a las autoridades dominicanas la implementación de reformas urgentes del cuerpo del orden. Testificó que ha podido documentar decenas casos de muertes, torturas y malos tratos por parte de la Policía.

Para sustentar sus aseveraciones puso como ejemplo que durante el período enero-julio 2011, murieron154 personas a manos de la Policía, según informaciones obtenidas en la Fiscalía del Distrito Nacional, en comparación con los 125 en el mismo período del año anterior.

miércoles, 26 de octubre de 2011

AMNISTÍA PIDE FRENAR ABUSO POLICIAL EN RD

CHIARA LIGUORI, INVESTIGADORA DE AI, DECLARÓ QUE EN LA POLICÍA SE DAN CASOS COMO TORTURA Y MALTRATO, HOMICIDIOS ILEGALES Y DESAPARICIONES FORZADAS


Representantes de Amnistía Internacional presentaron ayer un informe en el que consideran “alarmante” el número de personas abatidas por la Policía dominicana y planteó sean frenados alegados abusos contra ciudadanos.

Según sus datos, que dicen estar basados en estadísticas de la Procuraduría General de la República, ha habido un aumento en los muertos este año, con 154 personas caídas entre los meses de enero y julio, con relación a unas 125 que fueron registradas para esa misma fecha en el 2010.

Según los investigadores, los salarios de los agentes es uno de los factores que más contribuye a que la corrupción sea generalizada en la Policía Nacional, así como la impunidad en los casos donde se ven envueltos los oficiales del cuerpo del orden.

Amnistía Internacional es un movimiento mundial formado por más de tres millones de simpatizantes, miembros y activistas de más de 150 países y territorios, que hacen campaña para acabar con los abusos graves contra los derechos humanos.

Una de las investigadoras de la organización, Chiara Liguori, dijo a LISTÍN DIARIO que en la Policía se están dando casos de abusos grandes, como homicidios ilegales, tortura y maltrato, detenciones arbitrarias (redadas) y hasta dos casos de desapariciones forzadas.

En nombre de la institución, Liguori solicitó que se haga una reforma urgente en el cuerpo del orden, basada en los derechos humanos, pero insistió que para realizarse, primero la Policía tendrá que reconocer la existencia de ese problema.

El informe presentado por Amnistía Internacional señala que el enfoque policial de “mano dura” tolera los homicidios ilegítimos, la tortura y otros malos tratos en nombre de una mayor efectividad en la lucha contra la delincuencia, lo que contribuye a embrutecer más a la sociedad.

También plantea que los agentes de menor rango –alrededor de 45 por ciento de los miembros de la institución– ganan unos RD$5,300 al mes, una cifra que considera baja en comparación con el salario mínimo establecido por la ley para los trabajadores de empresas de seguridad privada, que es de RD$8,356. “Lo que provoca que tengan que tener más trabajos adicionales y en la motivación cuando realizan su labor policial”, agrega el informe.

Acción judicial

Los integrantes de la comisión, quienes vinieron tres veces para realizar las investigaciones, dijeron que la mayoría de los casos donde hay abusos policiales no son llevados a la justicia y muchos de ellos son considerados como “intercambios de disparos”, “muertos por la policía en desempeño de sus funciones” o “acción policial”.

Javier Zúñiga, representante de la comisión de Amnistía Internacional en el país, dijo que el sistema de investigación de abusos policiales es desorganizado y carece de los procedimientos adecuados para tramitar denuncias de violaciones de derechos humanos cometidos por la Policía.

“Que un agente de la Policía comparezca ante la justicia depende en gran medida de si la víctima o su familia presenta una denuncia oficial, del grado de publicidad que atraiga el caso y de la presión política que se ejerza sobre los oficiales”, afirmó.

Reacción de la Policía

El vocero de la Policía Nacional, coronel Máximo Báez Aybar, dijo que el miércoles de la semana pasada representantes de Amnistía Internacional se reunieron con una comisión designada por el jefe de la Policía, mayor general José Armando Polanco Gómez, y notaron que en ninguno de los casos que denuncian sobre abusos no se aportaba la versión policial.

Son intenciones del jefe de la Policía “ejecutar la labor de los agentes con el menor impacto negativo posible, incluyendo a aquellos que transgreden la ley”.

“Tenemos una delincuencia agresiva. En lo que va del año tenemos 97 miembros muertos a mano de delincuentes y 177 heridos”.

Esto es realmente una evidencia de que se están dando los enfrentamientos, “donde también estamos siendo afectados”, indicó.

El coronel señaló que los códigos internacionales establecen que los agentes policiales harán el uso de la fuerza proporcional a la amenaza a la que enfrentan.

“Cuando tú tienes a un delincuente que te emprende a tiros, ¿qué respuesta puedes darle? Lo que se tiene que hacer es invitarlo a evitar esa actitud y que no les hagan entrar en los intercambios de disparos que generan todas esas muertes, tanto del bando de los delincuentes como de la policía”, explicó.

Reacción a versión policial

Chiara Liguori dijo que en la reunión con la comisión de la Policía, los oficiales, en la mayoría de los casos que les presentaron, no agregaron nada nuevo a las informaciones que tenían.

Y Javier Zúñiga aclaró que Amnistía está consciente de que el contexto de la seguridad pública en el país está “difícil”