AU: 293/14 Índice: AMR 27/016/2014 República Dominicana Fecha: 19 de noviembre de 2014
ACCIÓN URGENTE
UNA REFORMA PROPUESTA PONE EN PELIGRO A MUJERES Y NIÑAS
El 18 de noviembre, el Congreso dominicano aprobó una reforma integral del Código Penal que mantiene la penalización total del aborto. Corresponde ahora al presidente de la República promulgarla. Si se promulga, esta reforma violará los derechos de mujeres y niñas.
En junio de 2013, la Cámara de Diputados del Congreso dominicano aprobó un borrador de reforma del Código Penal que introducía una excepción a la prohibición total del aborto en el país en casos en los que pudiera invocarse un "estado de necesidad". Esto permitía despenalizar el aborto cuando la vida de la madre corriera peligro a causa del embarazo. Sin embargo, en julio de 2014, tras las presiones de la Iglesia Católica, el Senado eliminó esta disposición. El 18 de noviembre, la Cámara de Diputados aprobó la versión aprobada por el Senado en julio.
La versión final aprobada mantiene las penas de entre dos y tres años de prisión para todas las mujeres que se sometan a un aborto y para todas las personas que cooperen en la interrupción del embarazo. El personal médico y farmacéutico que facilite un aborto o ayude a practicarlo será castigado también con una pena de entre cuatro y diez años de prisión. Si una mujer muere a consecuencia de un aborto, la pena contra quienes lo hayan facilitado o hayan ayudado a practicarlo aumenta a entre 20 y 30 años.
La criminalización del aborto en todas las circunstancias, tal como se mantiene en la nueva legislación, viola el derecho de las mujeres a la vida y la salud y su derecho a no sufrir discriminación ni ser sometidas a tortura o malos tratos, y por tanto es contraria a las obligaciones internacionales contraídas por la República Dominicana en materia de derechos humanos.
Escriban inmediatamente, en español o en su propio idioma:
- instando al presidente de la República a no promulgar la reforma aprobada del Código Penal;
- expresando honda preocupación por el hecho de que las mujeres y niñas de la República Dominicana corren peligro de que esta ley viole su derecho a la vida y la salud y su derecho a no sufrir discriminación ni ser sometidas a tortura o malos tratos;
- pidiendo al presidente que garantice el acceso al aborto en la ley y en la práctica, como mínimo en los casos en los que el embarazo entrañe un riesgo para la salud física o mental de la mujer o niña, cuando el feto no pueda sobrevivir fuera del útero y cuando el embarazo sea consecuencia de violación o de incesto.
ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 A:
Presidente de la República
Danilo Medina
Palacio Nacional
Avenida México esquina Doctor Delgado
Gazcue, Santo Domingo
República Dominicana
Fax: +1809 682 0827
Correo-e: prensa2@presidencia.gob.do
Twitter: @PresidenciaRD
Tratamiento: Señor Presidente
Y copia a:
Colectiva Mujer y Salud
ciudadaniaactivadelasmujeres@gmail.com
Envíen también copias a la representación diplomática acreditada en su país. Inserten a continuación las direcciones de las sedes diplomáticas locales:
Nombre Dirección 1 Dirección 2 Dirección 3 Fax Número de fax Correo-e Dirección de correo-e Tratamiento Tratamiento
Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha indicada.
ACCIÓN URGENTE ACCIÓN URGENTE ACCIÓN URGENTE
Una reforma propuesta pone en peligro a mujeres y niñas
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
La reforma integral del Código Penal lleva ya varios años en marcha. En virtud del Código Penal actualmente vigente, las mujeres que tratan de obtener servicios de aborto y quienes prestan estos servicios se exponen a sanciones penales, sin que se tengan en cuenta las circunstancias en las que se trató de obtener o se practicó el aborto. En 2010 entró en vigor una nueva Constitución cuyo artículo 37 proclama la inviolabilidad del derecho a la vida "desde la concepción hasta la muerte".
La criminalización del aborto tiene un serio impacto en los derechos de las mujeres, incluidos su derecho a la vida y a la salud, su derecho a no sufrir tortura y otros malos tratos y su derecho a no sufrir discriminación. Por ejemplo, en agosto de 2012, Rosaura, de 16 años y con leucemia, murió a causa de las complicaciones derivadas de un aborto espontáneo. Se le había impedido someterse a un aborto terapéutico –tal como recomendaban diversos profesionales de la salud– porque era contrario a la ley. Además, su tratamiento de quimioterapia se había retrasado, ya que a los médicos les preocupaba que dañara al feto.
Los datos demuestran que la prohibición total del aborto no reduce el número de abortos, sino que incrementa el riesgo de que la mujer muera a causa de abortos ilegales e inseguros. La Organización Mundial de la Salud ha advertido de que las leyes de aborto restrictivas ponen a las mujeres y niñas que viven en la pobreza, y a las que viven en zonas rurales y más aisladas, en un riesgo especial de sufrir abortos inseguros. La penalización del aborto en todas las circunstancias disuade a las mujeres de buscar atención médica y crea un "efecto amedrentador" en el personal médico, que tiene miedo de proporcionar tratamiento que podría salvar la vida a mujeres cuya vida o salud corre peligro a causa del embarazo, o que sufren complicaciones derivadas de un aborto inseguro.
En el examen periódico universal que concluyó en junio de 2014, la República Dominicana adoptó recomendaciones dirigidas a garantizar la implementación efectiva del plan estratégico nacional para reducir la mortalidad materna, pero rechazó las que pedían que se despenalizara el aborto en los casos de incesto y violación y se garantizara el pleno reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos.
AU: 293/14 Índice: AMR 27/016/2014 Fecha de emisión: 19 de noviembre de 2014
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