Centro Robert F. Kennedy condena sentencia Tribunal Constitucional

Sentencia del Tribunal Constitucional de la República Dominicana amenaza el acceso a la justicia internacional para víctimas de violaciones de derechos humanos

(5 de noviembre de 2014 | Washington, D.C.) Kerry Kennedy y Santiago A. Canton, en representación del Centro Robert F. Kennedy para la Justicia y los Derechos Humanos (Centro RFK), condenan una sentencia del Tribunal Constitucional de la República Dominicana que invalida la aceptación por parte del Estado de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Particularmente, expresan su preocupación por el impacto de la sentencia en el acceso a la justicia internacional de todos los dominicanos, incluso los miles de dominicanos de ascendencia haitiana que han buscado protección de parte de la comunidad internacional y el sistema interamericano de derechos humanos.

"El diálogo internacional sobre la situación de los más vulnerables en laRepública Dominicana le dio al Estado una oportunidad para demostrar liderazgo a nivel mundial en el campo de los derechos humanos. En lugar de ello, el Tribunal Constitucional no solo ha fallado en proteger tales derechos sino que pretende negar a todos los dominicanos la posibilidad de tener acceso a la justicia internacional para la protección de sus derechos fundamentales", dijo Kerry Kennedy, Presidenta del Centro Robert F. Kennedy. "El Tribunal Constitucional está jugando a la política a costa de la misma gente que está encargada de proteger".

Amnistía International: La retirada del principal tribunal regional de DD. HH. pondría en peligro los derechos de cientos de miles de personas

Nota de prensa 

6 de noviembre de 2014



La terrible sentencia del Tribunal Constitucional de la República Dominicana que podría dar lugar a que el país se retire de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, privaría, si el gobierno la respalda, de toda esperanza de justicia a cientos de miles de sobrevivientes de abusos contra los derechos humanos. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional.

“Con esta última sentencia, el Tribunal Constitucional de la República Dominicana ha confirmado su falta de independencia e imparcialidad, y ha demostrado su sesgo político al defender intereses particulares”, ha manifestado Erika Guevara Rosas, directora del Programa para América de Amnistía Internacional.

“El privar a las personas de la oportunidad de hallar justicia en el extranjero cuando se les niega en su país no sólo resulta indignante, sino que supone además un inquietante paso atrás en el fortalecimiento del Estado de derecho en el país.”

La sentencia se ha producido tan sólo dos semanas después de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos fallara en contra de la decisión judicial de la República Dominicana que privaba discriminatoriamente de su nacionalidad a miles de personas dominicanas de ascendencia haitiana que viven en el país.

“En lugar de montar una pataleta por la sentencia de un tribunal internacional con la que no están de acuerdo, las autoridades dominicanas deberían centrar su energía en garantizar la protección de los derechos de todas las personas que viven en el país. El primer paso debe ser cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, ha manifestado Erika Guevara Rosas.

Si el presidente sanciona esta resolución, cientos de miles de víctimas de discriminación, homicidios policiales y otras violaciones de derechos humanos se quedarán sin vía jurídica alguna con la que reclamar justicia cuando no encuentren remedio en su país.

“Esta decisión muestra el total desinterés de la República Dominicana por sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, y sienta un precedente increíblemente peligroso para la protección de los derechos humanos de todas las personas en el país, especialmente las más vulnerables. El presidente Medina tiene ahora la oportunidad y la obligación de demostrar su liderazgo y garantizar que el Estado cumple sus obligaciones internacionales”, ha manifestado Erika Guevara Rosas.

El tribunal regional ordenó a la República Dominicana que revocara una sentencia dictada en septiembre de 2013 por el Tribunal Constitucional del país que privaba de manera retroactiva y arbitraria de su nacionalidad dominicana a miles de personas dominicanas de ascendencia haitiana, y las dejaba sin acceso a derechos fundamentales como el trabajo, la atención médica y la educación.

Amnistía Internacional insta a las autoridades de la República Dominicana a respetar sus obligaciones internacionales e implementar en su totalidad la reciente sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Información complementaria 

El 4 de noviembre, el Tribunal Constitucional dominicano alegó que, cuando el país se unió a la jurisdicción de la Corte Interamericana en 1999, lo había hecho sin respetar su propia Constitución. Ahora el gobierno debe indicar cuál es su postura respecto a esta decisión y qué consecuencias puede tener.

La promoción y protección de los derechos humanos de todas las personas, sin discriminación, es la piedra angular del Estado de derecho, y permite a los Estados garantizar que todas las personas pueden vivir con dignidad, independientemente de su género, raza, origen étnico o cualquier otra condición.

El sistema regional de derechos humanos –compuesto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos– es un complemento necesario a los mecanismos nacionales de protección en toda América. A lo largo de los años, miles de víctimas y sus familiares en todo el continente lo han visto como su única oportunidad de obtener justicia después de que los sistemas nacionales de justicia les fallaran.

Desde 1999, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dictado cuatro sentencias sobre la República Dominicana, relativas a la impunidad por las desapariciones forzadas, la discriminación y el derecho a la nacionalidad.

ONU expresa preocupación por fallo dominicano sobre la Corte Interamericana de Derechos Humanos

07 de noviembre, 2014 — La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos expresó hoy profunda preocupación por la reciente decisión de la Corte Constitucional de la República Dominicana que resolvió la inconstitucionalidad de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Esa decisión, dijo la Oficina, podría poner en peligro la protección de los derechos humanos de los dominicanos y negarles el sistema de resguardo internacional concebido para complementar al sistema nacional.