El 25 de marzo el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana ha realizado la primera consulta al Plan Nacional de Derechos Humanos. En dicha consulta un conglomerado de organizaciones de la sociedad civil presento la siguiente declaración en la asamblea final del encuentro:
POR
UN PLAN NACIONAL DE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS QUE SEA
REALMENTE DEMOCRÁTICO
El Plan
Nacional de Derechos Humanos representa la oportunidad que tenemos en nuestro
país como pueblo y como instituciones,
de realizar un verdadero ejercicio democrático,
incluyente, serio, plural, participativo y honesto. Por lo tanto debe
desarrollar un concepto de derechos humanos amplio, que comprende derechos
individuales y sociales fundados en la dignidad humana.
Deseamos
aquí evidenciar que esta consulta es el
resultado de la exigencia histórica de la sociedad civil dominicana por la
construcción de una herramienta que garantice la promoción y la protección de
los Derechos Humanos en el país, y se convierta en un verdadero y real
patrimonio común al que accedan todos los dominicanos.
Como
conglomerado de organizaciones asumimos por lo tanto la participación
en este Plan Nacional de Derechos Humanos como el inicio de un proceso de
diálogo franco y directo cuyo punto de
partida debe ser la realización de un diagnostico ajustado a la
realidad de la situación real de los derechos humanos en el
país.
Teniendo
en cuenta la gran importancia de esta coyuntura y con el fin de garantizar la
representatividad de todas las organizaciones de la sociedad civil involucradas
en este proceso, exigimos que en la consulta y en el análisis y redacción de
los resultados del Plan Nacional de Derechos Humanos se cumplan los siguientes
puntos:
·
Vinculación
y compromiso de todas las instituciones públicas y privadas, todos los
ministerios y poderes del Estado con el respeto y la promoción de los Derechos
Humanos y por ende, con las conclusiones que se asumirán del Plan, con el
objetivo de que este no sea solamente un proceso de diálogo más entre el Estado
y la sociedad civil, sino un momento político y social que se traduzca en
resultados concretos dentro del accionar gubernamental. Este compromiso se
traducirá también en la suministración de los “recursos suficientes para cubrir
sus necesidades presupuestarias” así como establecido por las directrices de
las Naciones Unidas para los Planes Nacionales de Derechos Humanos.
·
El proceso de consulta y seguimiento a los
trabajos del Plan Nacional de Derechos Humanos debe de ser INCLUSIVO, debe representar un verdadero momento de
PARTICIPACIÓN CIUDADANA y se debe llevar adelante involucrando y
garantizando mecanismos de participación tanto de las organizaciones de la
sociedad civil como de personas individuales, tomando como ejemplo las experiencias
de las consultas para el Pacto Eléctrico y el Pacto Educativo. Es decir, se
debe de contemplar la participación de los partidos políticos, de los
sindicatos, de los sectores productivos, de las instituciones educativas, de
las Organizaciones no Gubernamentales y de las Juntas de Vecinos, sin ningún
tipo de exclusión.
·
Humanos somos tod@s. El PNDH debe asumir una
visión integral, transversal e interdependiente de los todos los Derechos en su
conjunto y debe ser aplicables a todas las personas independientemente de su estatus migratorio, color de piel, creencia
religiosa, género, orientación o identidad sexual, afiliación política u
cualquier otra condición.
·
Todos los criterios establecidos en el PNDH
deben estar en sinergia con todos los
compromisos internacionales en derechos humanos, incluyendo las recomendaciones
derivadas del Examen Periódico Universal, y armonizadas con la
Constitución, la Estrategia Nacional de Desarrollo, el Sistema Interamericano
de Derechos Humanos, la Agenda Post 2015, entre otros.
·
El plan debe de manera obligatoria contemplar indicadores y metodologías que sirvan
para medir los resultados de manera periódica, para
el seguimiento, monitoreo y la rendición de cuentas.
·
La consulta sobre el Plan Nacional de
Derechos Humanos nunca será improvisada ni apresurada
ya que todo compromiso serio conlleva un debido tiempo para la realización de un proceso
de reflexión y discusión que garantice la calidad y
aplicabilidad de los resultados que se quieren obtener.
·
El Plan Nacional de Derechos Humanos debe
vincular la promoción y el respeto de los Derechos Humanos a la planificación para el desarrollo
de la sociedad dominicana y del país como lo indican las directrices de las
Naciones Unidas para los Planes Nacionales de Derechos Humanos.
·
El Plan Nacional
de Derechos Humanos conlleva un compromiso político y por lo
tanto no tendrá que detenerse independiente de cambios de
gobierno que puedan ocurrir o por intereses particulares.
El
Gobierno debe solicitar la cooperación de organizaciones y organismos
internacionales y multilaterales.
Como
conglomerado de organizaciones representantes de diferentes sectores de la
sociedad civil, nos comprometemos con velar para que el Plan Nacional de
Derechos Humanos se elabore y se cumpla con el objetivo de promover el alcance
de un verdadero Estado Social y Democrático de Derecho como establece el Art. 7
de la Constitución Dominicana.
Organizaciones que avalan esta declaración:
Centro Bono,
Colectiva Mujer y Salud, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Fundación
Probono, CLADEM, CIPAF, FUNCEJI, DIVERDOM, ASA, RevASA, COLEHT,
Observatorio de Derechos Humanos para Grupos Vulnerabilizados, COIN, Fundación Red de Jóvenes Unidos de Guachupita,
OBMICA, Lazos de Dignidad, Museo Memorial de la Resistencia Dominicana, Amigos
del Museo Memorial de la Resistencia, Federación de Fundaciones Patrióticas,
Fundación Manolo Tavarez, Fundación Héroes del 30 de Mayo, Fundación Héroes de
Constanza, Maimón y Estero Hondo, Fundación Hermanas Mirabal, Fundación Héroes
de Luperón, MOSCTHA, MUDHA, Participación Ciudadana, CIMUDIS, Reconocido y
Visión Mundial.
Santo
Domingo,
25
de marzo de 2015
