JUAN ALMONTE HERRERA, UN CASO EMBLEMÁTICO DE DESAPARICIÓN FORZADA EN REPÚBLICA
DOMINICANA
El 28 de septiembre
de 2009, Juan Almonte Herrera, de 50
años, de profesión contable, miembro del Comité Dominicano para la Defensa de los
Derechos Humanos, vicepresidente del
partido izquierdista del Movimiento de Unidad Dominicana (MUNDO), según testigos oculares fue
detenido por la Unidad Anti-Secuestro de
la Policía Nacional dominicana, mientras regresaba a su trabajo en Santo Domingo.
Desde entonces,
para la familia del reconocido político y activista empezó una pesadilla que sigue hasta la fecha.
Su esposa, sus siete hijos, su mamá y su hermana no se han cansado de buscarlo,
tocando todas las puertas, dentro y fuera del país. Sin embargo la única respuesta
que han recibido por las autoridades dominicanas ha sido silencio y solo
silencio.
Esa pesadilla la
conocen y la condenan internacionalmente todos los organismos de defensa de
derechos humanos y lleva el nombre de desaparición forzada, o sea el «arresto, la detención, el secuestro o
cualquier otra forma de privación de la libertad que sean obra de agentes del
Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el
apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha
privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la
persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley» (artículo 2
de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra
las Desapariciones Forzadas). Desde 1983 además es considerada como un crimen contra la humanidad por la Organización de
los Estados Americanos (OEA). Es, por lo tanto un crimen imprescriptible y continuado, sin posibilidad
de indulto o de amnistía.
Dos horas después
de la detención del señor Juan Almonte,
el mismo jefe de la Policía Nacional en ese entonces, el general Rafael
Guillermo Guzmán Fermín, declaró en
rueda de prensa que el activista era buscado por la policía en relación al
secuestro de Eduardo Baldera Gómez, un joven de 19 años de edad que después de
haber sido secuestrado por 22 días había logrado fugarse de sus raptores en
circunstancias tan extrañas que dejaron dudas respecto a
toda la historia del secuestro. Dudas nunca aclaradas.
Días después la
Policía Nacional declaró Juan Almonte prófugo, y hasta la fecha ha mantenido
esta postura, negada rotundamente por la familia.
Cabe señalar que
además de Almonte, relativamente al secuestro Baldera Gómez, habían sido
apresadas otras dos personas, ambas militantes de izquierda, vinculadas
políticamente a Juan Almonte, o sea William de Jesús
Checo y Cecilio Díaz, quienes fueron ejecutados por miembros de la Policía
Nacional después de haber sido apresados
y esposados. En aquellos días decenas fueron las detenciones, entre las cuales
la de la joven hija de Cecilio Díaz quien fue torturada y maltratada por la
policía y los allanamientos sin ninguna orden judicial del Ministerio Publico.
El mismo presidente del Comité Dominicano para la Defensa de los Derechos
Humanos fue involucrado en el secuestro.
Justo este año han empezado los juicios contra los cinco
policías y un miembro de la Marina de Guerra acusados de ejecución extrajudicial en la muerte de William de Jesús Checo y
Cecilio Díaz. La prensa había captado imágenes de los detenidos, vivos y
esposados, en una camioneta de la policía. Horas después el jefe de la Policía
Nacional declarò que había muerto en un “intercambio de disparos”.
Al mismo tiempo, algunos días después de la
desaparición de Juan Almonte, en sede judicial se trató de vincular al abogado
Manuel María Mercedes, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos (CNDH), en el mismo caso del secuestro.
Una primera denuncia de Habeas Corpus fue presentada
por la familia el 30 de septiembre de 2009, algunos días después de la desaparición, logrando que
la Segunda Sala Penal del Distrito Nacional de Santo Domingo el 2 de
octubre de ese mismo mes ordenara a las autoridades su inmediata liberación.
Esa instancia además concluyo que
Almonte había sido detenido sin orden de juez competente. Fue entonces, dos
días más tarde que la Policía Nacional lo declaró prófugo.
La familia y los
amigos denunciaron también hostigamientos de varias formas, llamadas telefónicas amenazando que dejaran de dar publicidad al caso, y
vigilancia en las cercanías de sus habitaciones. La esposa de Juan Almonte, Ana
Josefina Montilla y sus hijos pidieron
protección a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y tuvieron que mudarse en Estados Unidos por
seguridad personal.
A finales de octubre de 2009, fueron encontrados dos
cadáveres calcinados en un auto y la hermana de Juan Almonte pudo identificar
en uno de ellos el cuerpo de su familiar. Sin embargo las pruebas del ADN
realizadas, sobre las cuales hubo denuncia de irregularidades, dieron resultado negativo.
¿Por qué desaparecer y ejecutar miembros de la izquierda dominicana y
defensores de derechos humanos?
Para poder entender
el contexto político en que ocurren todos estos acontecimientos, el secuestro
de Eduardo Baldera Gómez, la desaparición de Juan Almonte y la ejecución
extrajudicial de los dos demás miembros del Movimiento de Unidad Dominicana (MUNDO) William de Jesús Checo y Cecilio Díaz, podemos hacer referencia en las declaraciones entregadas por Genaro
Rincón, abogado de Juan Almonte, en la
audiencia pública convocada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en
San José de Costa Rica el 23 de febrero de 2012.
Los hechos ocurren,
declara el abogado Genaro Rincón, «en momentos en que el presidente de la
República Dominicana (Leonel Fernández Reina, nda) es electo por tercera vez al
mando del país en mayo de 2008».
Explica Genaro Rincón
que El Movimiento de Unidad Dominicana era un partido de izquierda «que en aquellos días se había dedicado a trabajar en las comunidades en
procura de organizar a grupos de personas para que exigieran reivindicaciones
no cumplidas por el Estado dominicano».
Respecto a la
figura de Juan Almonte aclara que el militante y político «desde enero del año 2009 hasta septiembre del año 2009, como
responsable político de la región noroeste, hacía las acciones sociales en ese
lugar y es ahí donde presuntamente secuestran al joven Eduardo Baldera Gómez
que es la imputación que el estado le
realizó a él y otros miembros del Movimiento de Unidad Dominicana, el Comité
Dominicano de Derechos Humanos y el movimiento Gregorio Luperón y otras
organizaciones sociales».
Las manifestaciones
habían tenido ya la acogencia de sectores sociales importantes como los pequeños y medianos productores y medianos
empresarios y comerciantes. «Es ahí que
ya en septiembre de 2009 ocurre la situación del secuestro donde involucran
varias personas y vinculan a todos con el movimiento social político
alternativo de la Republica Dominicana» explica Genaro Rincón a los miembros de la Corte Interamericana de los
Derechos Humanos.
El abogado Genaro
Rincón en esta ocasión, pero también en
reiteradas ocasiones en los medios dominicanos, ha denunciado públicamente las
«responsabilidades» del entonces presidente de la Republica Dominicana Leonel
Fernández Reina, en «haber dado la orden
en este asunto». La orden era precisamente la de «descabezar a todos los dirigentes del Movimiento de Unidad Dominicana».
Amnesty
International y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) han lanzado
desde unos meses una fuerte campaña de
sensibilización a nivel nacional e internacional respecto al caso de Juan
Almonte. El año pasado más de 40mil cartas de todo el mundo han sido enviadas a las autoridades
dominicanas pidiéndole: «¿Donde está
Juan Almonte?».
En septiembre de
este año una delegación de Amnesty
International, encabezada por el investigador Robin Guittard, ha regresado al país para encontrarse con la
esposa de Juan Almonte, Ana Montilla
y las autoridades dominicanas para hacer el punto respecto a las
investigaciones del caso. Lamentablemente «a
pesar de los repetidos llamamientos realizados por organizaciones nacionales e
internacionales de derechos humanos e incluso por al Comisión y la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, las autoridades dominicanas siguen negando su responsabilidad por la
desaparición de Almonte».
El caso de Juan
Almonte y la impunidad que lo rodea, es
emblemático de la gravísima situación que vive la Republica Dominicana respecto
a las violaciones cometidas por la Policía Nacional - institución que necesita
una importante y urgente reforma - y que
han sido recopiladas en el informe
de Amnesty International del año 2011 «Cállate si no quieres que te matemos».
Santo Domingo, octubre de 2013
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)
